Un blindaje nuevo para una crisis diferente

El gobierno debe ser ayudado a pensar y gestionar una crisis que ni él ni nosotros podemos subestimar. En principio, porque en su mismo epicentro, ni ha disminuido su dinámica ni aparecen con claridad las rutas hacia una nueva estabilidad. El blindaje uruguayo previsto para circunstancias de calidad diferente ya no alcanza; ni nosotros ni el resto de la periferia han logrado desengancharse del terrible paso de la crisis. Todas las áreas principales de la actividad están siendo invadidas por la amenaza, aquí y en el resto del orbe.

La política cuenta, tanto como cuentan las relaciones que el Estado sea capaz de construir y mejorar con la sociedad civil en esta emergencia. Si la confrontación es la perspectiva diaria, inevitablemente se destruirá riqueza e involucionaran los índices de inclusión social. En realidad, el nuevo y urgente blindaje que el gobierno debe diseñar y proponer no puede estar constituido exclusivamente por operaciones de estabilización de precios o en el frente del endeudamiento, o en la gestión comercial. El blindaje para la nueva etapa será o no efectivo en la medida que el gobierno y la oposición, más los dirigentes de la sociedad civil, logren alcanzar algunos acuerdos básicos que, dicho sea de paso, no están hoy en la agenda del sistema político ni del social. Es cierto que los dirigentes están conversando y que el presidente Vázquez tiene en su agenda este tipo de prioridades. Pero es notorio también que esa preservación de la estabilidad, la riqueza y la confianza acumuladas, más lo que se ha realizado en el plano social, requieren otro tipo de acciones explícitas de las elites dirigentes.

La oposición sabe que, de no garantizarse un piso mínimo de estabilidad, el 2010 será un año en el cual será imposible gobernar este país, ya no para mantener lo bueno y corregir lo malo, sino para utilizar las oportunidades que la propia crisis ha creado para países dignos de su cohesión social y fortaleza institucional.

¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, del acuerdo más difícil e imprescindible: el que tienda a neutralizar el riesgo de un desequilibrio de los precios relativos, garantizándonos a todos que ni esta ni la nueva administración utilizarán el impuesto inflacionario o la nueva deuda que es necesario contratar con las multilaterales de crédito, para otra cosa que el bien común. El bien común en estas circunstancias tiene varias acepciones pero escasos indicadores de seguimiento inmediato. Uno de ellos es la tasa de interés, otro es la productividad del trabajo, otro es la eficiencia de ejecución de un gasto muy difícil de bajar, más allá de las simplificaciones constantes del discurso opositor. Otro de los acuerdos puntuales que deberían intentarse tiene que ver con el logro de una identidad mayor en materia de política exterior y comercial específicamente. La crisis cierra accesos a mercados abiertos en épocas de bonhomía. Uruguay aún puede realizar acciones arriesgadas tanto en su relación con los socios comerciales en la región como con aquellos que, más lejanos, son destinatarios de rubros de exportación significativos para el valor agregado nacional. El éxito de esas mayores audacias en frentes decisivos requiere más consenso y una fuerza de representación nacional capaz de ser visualizada, afuera y adentro como un activo de garantía fuerte.

Reestructurar un blindaje de garantías mayores requiere contratos más que buenos deseos; algunas leyes, reglamentos y, eventualmente también, gestión conjunta. Es difícil avanzar en este tipo de proposiciones. Tan difícil como inevitable.