Votemos "Sí" rosado para anular la Ley de Caducidad

Los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad son nulos e inconstitucionales:

 

Por violar normas y principios de «jus-cogens» que obligan al Estado a abstenerse de adoptar legislaciones que impidan el juzgamiento de los «crímenes de lesa humanidad».

Por violar el derecho de las personas y de los pueblos a que el legislador no limite el derecho a exigir el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

Por ser incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Por vicio del consentimiento; al haberse aprobado la Ley de Caducidad bajo coacción militar, no existió consentimiento válido del Poder Legislativo.

Por reconocer como fuente de derecho de la «caducidad de la pretensión punitiva» a la presión militar, una fuente de derecho no prevista por la Constitución.

Por violar, notoriamente, el principio constitucional de la separación de poderes.

El Estado, concebido y estructurado para garantizar que las personas bajo su jurisdicción gocen de los derechos humanos, es quien durante la dictadura los violó bajo un patrón regular de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ejerciendo «terrorismo de Estado». Estas violaciones a los derechos humanos constituyen crímenes contra la humanidad que son de juzgamiento necesario e irrenunciable por mandato del derecho internacional.

 

Ningún Estado puede dictar válidamente leyes que impidan juzgar crímenes de lesa humanidad y, si lo hacen, dichas normas son contrarias a derecho y carecen de eficacia y validez jurídica al contradecir principios de «jus cogens» que están por encima de la soberanía de los Estados.

 

Uruguay debió abstenerse del dictado de normas de impunidad en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. ¿Cómo revertir esa situación? Readecuando el orden jurídico interno al derecho internacional de los derechos humanos y a la Constitución de la República.

 

La declaración de nulidad o inexistencia de la Ley de Caducidad se impone por mandato del Derecho, extinguiendo sus efectos como si nunca hubiera existido, lo que terminará íntegramente con el contexto de impunidad.

 

La notoria inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y su incompatibilidad con el Derecho internacional de los derechos humanos obliga a encausar jurídicamente el problema, lo que supone aplicar correctamente el Derecho y, para el caso, declarar nulas e inexistentes las normas de impunidad de forma que se pueda perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad.

 

Es un imperativo jurídico que debe estar por encima de coyunturas políticas, pero también es un imperativo político y moral.

 

Debemos tener presente que los procesos de restablecimiento democrático en América Latina, finalizadas las dictaduras militares del pasado, enfrentaron al desafío de dar respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el Estado. En dicha instancia, fue una constante advertir que los militares no solamente no mostraron su arrepentimiento, sino que tampoco reconocieron su participación y responsabilidad. Por el contrario, negaron los hechos y les restaron importancia o bien los calificaron como actos aislados, confiados en que el poder real y efectivo que en la realidad mantenían, fuese visto por los políticos de la época como un elemento de disuasión, presión y amenaza.

 

Lamentablemente, así sucedió en Uruguay cuando en 1985 la ecuación o balance de poder entre la dictadura que se iba y la democracia que venía, favoreció al aparato de la dictadura. Los militares se retiraron del gobierno pero conservaron poder. Un poder oculto que se manifestó en desacato cuando los primeros militares fueron citados a declarar ante la Justicia. Gran error histórico de quienes se arrodillaron frente a la amenaza y aprobaron la Ley de Caducidad para renunciar a juzgar. Y el poder oculto continuó operando y condicionando. Y se siguió «agachando el pescuezo» frente a los militares; así lo hizo Lacalle en el caso Berríos. Y continuamos atados con los nudos del pasado. Y se instaló la cultura «del aquí no ha pasado nada». Y transitamos desde entonces, con hipocresía, una etapa de impunidad posdictadura a la debemos ponerle fin.

 

No podemos seguir corriendo el riesgo de que el ocultamiento, la mentira, el secreto y la impunidad nos impidan distinguir y jerarquizar los principios y valores de la convivencia social. La falta de justicia para crímenes de lesa humanidad confunde y desacredita la convicción sobre cuáles son las bases en las que debe asentarse nuestra sociedad.

 

Es así que la nulidad de la Ley de Caducidad se impone por profundas razones éticas y políticas, más allá de lo jurídico.

 

El actuar de la Justicia en todos los casos de crímenes de lesa humanidad constituye un elemento indispensable para comenzar a terminar la etapa posdictadura que seguimos transitando. La consolidación sustancial del Estado de Derecho implica que la sociedad, en su conjunto, asuma que la Justicia es un elemento innegociable del modelo cultural inherente a la democracia cuando se trata de darle respuesta a situaciones que califican como «crímenes de lesa humanidad».

 

La nulidad de la Ley de Caducidad nos permitirá recuperar nuestra dignidad colectiva, fortalecer definitivamente la democracia y desterrar la hipocresía.

 

Estamos viviendo un momento histórico.

 

Hoy depende de nosotros terminar el tránsito de la dictadura a la democracia.

 

Hemos ejercido ciudadanía y movilizado un proceso de reforma constitucional por iniciativa popular para anular la Ley de Caducidad. Hemos retomado soberanía y la ejerceremos con nuestro voto el 25 de octubre, cuando una gran ola por el SI rosado ahogue la impunidad y anule la Ley de Caducidad.

 

Llegará entonces el tiempo de terminar la etapa posdictadura y generar una verdadera política de Estado como respuesta sin fisuras frente al pasado, desarrollando el compromiso de todos los uruguayos con verdad, memoria, justicia y nunca más.