¿Una "mejicaneada"?

El tema «decreto Cardales» parece haber entrado en un impasse, impuesto por la cordura, firmeza y patriotismo de algunos de los actores. En efecto, después de haber salido entre gallos y medianoche, tipo «alumbramiento en un patrullero», la mañana siguiente al día «V», cuando aún no se habían acallado los sonidos del festejo democrático de la jornada vivida, tomó estado público el susodicho. Que contaba, desde mucho tiempo atrás, con la resistencia de una serie de estamentos de extrema importancia. Militancia del FA, por lo menos y una vez más, por razones de «forma», al no haber sido mínimamente consultada. Más todos los pesos pesados del FA que integran el Secretariado. Más el sindicato del ramo, Sutel. Al que se sumó el cuestionamiento del PIT-CNT como tal y de otros actores sociales de trascendencia.

Además, surgió a la palestra, como para demostrar definitivamente que la cosa iba en serio, un recurso de anulación interpuesto por Sutel ante el Directorio de Antel, cuyos argumentos jurídicos nos aparecen como ilevantables.

Pero seguía sin aparecer la verdadera punta de la madeja.

Y que nos llevara a preguntar en una nota recientemente elaborada y no publicada en prensa:

 

¿ DE QUIEN/ES SON LOS INTERESES A PRIVILEGIAR? (1)

Parecía un trabajo de investigación detectivesco. Requería una acción y un ejecutor serios. Felizmente, se hizo (2).

Por ello, hemos tomado conocimiento de una serie de contactos al máximo nivel político entre el presidente electo Mujica y representantes del actual, de los que surge una punta posible de la madeja.

Según dicho material, «el viernes 11 (del cte.) el presidente electo José Mujica» se reunió con «el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el presidente del LATU, Miguel Brechner, y el economista Luis Porto». En la ocasión Mujica «formuló una sola pregunta que no tuvo respuesta». A partir de esa reunión «Mujica tomó la decisión de integrar una comisión para que elabore un proyecto de ley sobre telecomunicaciones, que sería ingresado al (nuevo) Parlamento no bien se instalen las cámaras, el 1º de marzo próximo», lo cual «es interpretado como una definición de rechazo del presidente electo al decreto». Cuasi oblicuamente, apareció en dicha conversación «el nombre de Carlos Slim, el empresario mexicano de las comunicaciones cuyas empresas en Uruguay, Telmex y Claro, aspiran a un rol protagónico en el desarrollo privado del `triple play´. Y de la relación del poderoso («trasnacionalista») con (nada menos que) el presidente de México, Felipe Calderón, habría surgido la posibilidad de ‘distorsiones’ en la corriente comercial con México, que podrían llegar a trancar la entrada de productos uruguayos».

De ser tal cual se expresa, esto es lo que en cualquier lenguaje del planeta, y cualquiera sea el nivel cultural, económico y político de los actores se denomina extorsión y chantaje.

No es la primera vez que el país se ve expuesto a estas circunstancias.

El tema es cómo se reacciona frente al mismo.

¿Se firmó el TIFA ante una situación parecida?

Desde su fundación, el Padre, ante similares circunstancias, en situación económica ostensiblemente mucho más apremiante y en otro contexto más marginal, contestó con claridad y firmeza:

«No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad».

Sería edificante para nuestros jóvenes que todos nuestros presidentes siguieran su ejemplo.

 

(1) ¿DE QUIÉN/ES SON LOS INTERESES A PRIVILEGIAR? Nota del suscrito, enviada y aún no publicada.

(2) Samuel Blixen, Brecha, 18/12/09, pag. 9 La saga del Cardales. El fantasma de la transnacionalización,

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