EDITORIAL

Otro conflicto laboral bien resuelto

El viernes al mediodía se logró, por fin, una solución al conflicto que mantenían los trabajadores de la planta de envasado de supergás. Dicho conflicto había generado la explicable alarma de la población en momentos en que el invierno exhibe su cara más cruda, con temperaturas extremadamente bajas. La zozobra está plenamente justificada desde que el gas se ha convertido en el combustible por excelencia para la calefacción de los hogares medios e incluso bajos, reemplazando otras energías clásicas como el carbón, la leña y el queroseno. He ahí la razón por la cual el gobierno anunció su disposición a declarar la esencialidad del servicio de suministro de gas.

Felizmente, la sabia intervención del Ministerio de Trabajo ­una vez más­ destrabó el conflicto, tal como sucediera anteriormente con la huelga en Conaprole y con la amenaza de huelga policial.

Desde estas páginas hemos destacado en más de una oportunidad el saludable cambio en las relaciones laborales impulsado por la administración de Tabaré Vázquez y continuado por la actual de José Mujica.

A pesar de las innumerables protestas y predicciones agoreras de las clases dominantes y sus voceros políticos, la política laboral de la izquierda en el gobierno no fue un factor de desestabilización ni ahuyentó a los inversores. Con inteligencia y firmeza, con audacia y ponderación, el Frente Amplio rescató a los asalariados de la situación crítica en que estaban inmersos: reinstauró los Consejos de Salarios, promovió la sindicalización y la regulación de los aportes a la Previsión Social, con todo lo cual disminuyó el desempleo, aumentaron las inversiones, se reabrieron fábricas, y mejoró sustancialmente el salario real, al tiempo que se reactivaba como nunca antes el mercado interno.

Pero más allá de las medidas adoptadas que fomentaron esa reactivación de la actividad económica y del nivel de vida de los trabajadores, la izquierda en el gobierno inauguró un nuevo relacionamiento entre el capital y el trabajo; puso reglas de juego claras, disminuyó el desamparo en que se hallaban los asalariados y, al mismo tiempo, brindó seguridades a los empresarios. En suma, buscó ­y logró­ un equilibrio sustantivo en las complejas relaciones sociales dentro de un sistema capitalista.

No nos corresponde pronunciarnos acerca de la legitimidad de las medidas gremiales dispuestas por los sindicatos, en este caso, de los trabajadores del gas, aunque siempre hemos defendido el derecho de los asalariados de recurrir a las armas que el derecho les otorga.

No obstante, hemos de señalar una cierta preocupación por la temprana adopción de medidas extremas. Sobre todo en ramas de actividad que constituyen lo que se conoce como servicios esenciales, entre los cuales cabe destacar el que brinda la Policía. Pero no es el único. El suministro de energía eléctrica, de agua potable, de combustibles, son servicios que no pueden paralizarse salvo en situaciones límite de grave conmoción o cuando están en juego valores que trascienden el mero reclamo sindical.

Entendemos, por tanto, que el gobierno ­cualquiera sea su signo ideológico­ tiene no sólo el derecho sino el deber de declarar la esencialidad de un servicio cuando su interrupción puede perjudicar de manera ostensible a la población. La atención sanitaria e incluso el transporte colectivo también pueden considerarse servicios esenciales, por algo, siempre que estalla un conflicto en alguno de esos ámbitos, los respectivos sindicatos disponen guardias gremiales que aseguren, aunque sea mínimamente, el mantenimiento del servicio de modo que no haya riesgos para la población.

Para concluir, saludemos, una vez más, la acertada acción del gobierno en su papel mediador en busca de acuerdos que destraben los conflictos.

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