La desocupación más alta de la historia

El gobierno presidido por el presidente Batlle se ve «galardonado» con la más que dudosa distinción de ser la administración que, desde 1968 hasta marzo de este año, alcanzó el porcentaje de desocupación más alto conocido.

La constatación formulada por el Instituto Nacional de Estadística viene a coincidir con la percepción vulgar que muestra una tendencia muy fuerte a la declinación de la actividad económica y al crecimiento del número de desocupados. Cabe señalar además, como referente significativo, el hecho de que las cifras manejadas corresponden al primer trimestre de año que terminó el 31 de marzo.

Las cifras, que están lejos de haber provocado en el gobierno la preocupación pertinente, son realmente alarmantes: 14.9% de la población económicamente activa, unas 190 mil personas, están sin trabajo; es decir, alrededor de 13 mil desocupados más que en el trimestre anterior.

Con relación al primer trimestre de año 2000, el número de nuevos desocupados trepa a los 37 mil desocupados, es decir, casi un 3% más que el año pasado.

El cómputo nacional de los índices de desocupación con esta metodología se inició en 1968 y el punto histórico más alto fue durante la dictadura, después de la crisis provocada por la ruptura de «la tablita», en 1983, con un 14.3 % en todo el país.

Como elemento complementario se podría agregar que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en lo referido a los ingresos registran una caída del ingreso medio de la familia uruguaya del orden de un 5% con relación al año pasado.

Vale la pena reiterar que en la muestra realizada se incluyen los datos de la actividad económica hasta el 31 de marzo, vale decir hasta antes de la reaparición en el país de la epidemia de fiebre aftosa y su dramático impacto sobre el empleo, para empezar –pero no sólo– en la industria frigorífica.

Más allá de la siniestra danza de números aportados por las oficinas del Estado, nuestra preocupación se sitúa en los efectos sociales de estos hechos económicos. A diferencia de lo que ocurre con los países desarrollados, en Uruguay el seguro de desempleo no tiene ni la extensión en el tiempo ni la significación económica que permita al trabajador seguir manteniendo a su familia y no se vea arrastrado al «círculo vicioso de la pobreza» que afecta a los sectores socialmente desamparados.

En ese terreno hasta el momento no se han registrado en el panorama político nacional otras iniciativas que las del Economista Daniel Olesker asesor del PIT-CNT y de reconocida trayectoria universitaria.

La propuesta, que ahora examinarán las instancias correspondientes de la central sindical, tiene la virtud de colocar en primer lugar –con la gravedad que tiene– la situación de los trabajadores en el dramático momento de la pérdida del empleo. Jerarquizada adecuadamente la instancia social de la recesión, Olesker plantea una serie de medidas destinadas a mitigar los efectos de la crisis y generar instancias por las cuales el peso principal de ella no recaiga sobre la economía familiar de los trabajadores. Y a partir de eso diseña un conjunto de soluciones para los desempleados poniendo el énfasis en los que tienen la responsabilidad de ser jefes de hogar.

Los costos de este mecanismo característico de un sistema de seguridad social moderno se financiarían, según la propuesta, gravando los ingresos de los sectores con mayores recursos.

El planteamiento es discutible y sin duda mejorable. Tiene, no obstante, el gran mérito de intentar una respuesta racional, fundada, que abarca el conjunto complejo de los sectores afectados por el crecimiento de la desocupación.

El proyecto se vincula con propuestas anteriormente lanzadas por el Frente Amplio-Encuentro Progresista, y tiene en común con aquél la preocupación por las consecuencias sociales de este modelo.