Un demonio, terrorismo  de Estado

En el marco de la investigación histórica de la Presidencia de la República, en el período de gobierno anterior, hay un trabajo que consta de ocho tomos sobre detenidos desaparecidos; fue coordinado e investigado por Álvaro Rico.

La desaparición forzada de personas fue un fenómeno que se empezó a constatar en Uruguay antes del golpe de Estado y de la instauración de la dictadura el 27 de junio de 1973, es decir, bajo la vigencia aún del Estado de derecho. Durante años, se constataron casos de desaparición forzada de ciudadanos uruguayos en nuestro país y en la región. Oleadas represivas organizadas con personas desaparecidas.

Dice el estudio: «Llamamos ‘oleadas’ a la continuidad en el tiempo de un mismo operativo, el escalonamiento de los golpes represivos o ciclos internos de su despliegue».

Con respecto a las familias, expresa: «Las familias no solo fueron una víctima ‘indirecta’ de las prácticas de desaparición forzada; son varios los casos en los que el fenómeno comprendió directamente a más de un integrante (esposos o concubinos, hijos o familiares directos) e incluso familias enteras». Los ciudadanos, por pensar diferente, por los valores de democracia y libertad, fueron detenidos en sus domicilios, en horas de la noche y de la madrugada, mientras dormían.

Respecto a las estrategias estatales de negación y ocultamiento del crimen, el informe dice: «Esto se incluye a los efectos de sacar conclusiones sobre un rasgo inherente al crimen de la desaparición forzada de personas: la mentira institucional, tanto de organismos estatales, políticos, militares, funcionarios diplomáticos y prensa adicta al régimen dictatorial».

¡Eso hicieron contra nuestro pueblo!

¿Cómo el Estado no va a permitir que la Justicia actúe con independencia sobre estos hechos?

¿Construimos un país de primera, con buen ingreso per cápita, y empleo total, sobre la base de la impunidad?

Construir todo eso, sí, pero con la independencia de la Justicia para actuar sobre aquella generación de militares que son responsables del holocausto uruguayo.

Por todo esto, ninguna fórmula a aplicar sobre estos temas deberá dejar dudas sobre la independencia del Poder Judicial sobre los delitos y crímenes del terrorismo de Estado a nuestro pueblo.

El Partido Nacional, el Partido Colorado, y un disidente frenteamplista, lograron, en la Cámara de Diputados, que en esta última instancia del Parlamento no pudiera devolver al Poder Judicial, la independencia que nunca debió perder sobre estos hechos, y lograron mantener la impunidad. La lucha para que la Justicia uruguaya pueda actuar con independencia, para investigar y tratar de saber la verdad, para que se haga justicia, continúa.

Se demostró en el Senado y en Diputados que existe todavía un solo demonio: el terrorismo de Estado.