La necesaria evaluación de los costos

En la discusión sobre la mega minería a cielo abierto en Uruguay parece aceptada la necesidad de contar con evaluaciones ambientales más rigurosas y amplias. Pero se corre el riesgo de dejar por el camino otros balances igualmente importantes, y entre ellos se encuentran los económicos.

Hasta el día de hoy se ha insistido en la jugosa facturación de la empresa o en enormes exportaciones. Pero esta es una mirada incompleta, y es urgente una evaluación seria de los costos y beneficios de la minería. Este balance entre lo que se gasta y los beneficios deben cumplir algunas condiciones mínimas, tales como incluir todos los costos, y tener una mirada nacional antes que atada a la rentabilidad empresarial.

Entre los costos también debemos contabilizar las pérdidas de ingreso de actividades desplazadas, especialmente la agropecuaria, y las renuncias fiscales que pueda otorgar el gobierno (exoneraciones tributarias, por ejemplo). La experiencia de países vecinos enseña que también se deben sumar los llamados costos ocultos, incorporando por ejemplo el valor económico de la contaminación. Son pérdidas económicas que no aparecen en los proyectos de las empresas ya que son transferidas a la sociedad, y usualmente las deben asumir los gobiernos municipal o nacional.

También son costos los denominados «subsidios perversos», donde los casos más comunes en América Latina se expresan en otorgar energía a precios menores, agua casi sin costo, y en infraestructura de transporte. Estos tres componentes asoman en Uruguay, lo que hace urgente ponderarlos económicamente.

¿Se han hecho esas cuentas? Hasta ahora, por lo que se conoce, parecería que no existe una evaluación económica de los costos, sean explícitos u ocultos, ni de los efectos que tendrán los subsidios perversos.

Este análisis se debe completar con una evaluación de los beneficios económicos. Los más claros se encuentran la generación de empleo, los tributos que se pagan dentro del país o las exportaciones. Se ha dicho varias veces que en el caso de Aratirí quedarían para el país 500 millones de dólares. Podemos preguntarnos, ¿de dónde salió esa cifra?

Estimaciones como esas están atadas a varios elementos cruciales cuyos precios suben y bajan. Destaquemos tres. En primer lugar está el valor del hierro en los mercados internacionales, un precio que nuestro país no puede controlar. Un segundo lugar lo ocupa el costo de la energía, y como la minera será un enorme consumidor, esto afectará directamente su rentabilidad. Finalmente, un tercer componente son los costos del agua – ¿seguirá siendo casi gratis? Mirando a los vecinos, análisis recientes de las exportaciones de minerales y metales de Brasil, indican que en realidad antes que comercializar hierro o aluminio, están vendiendo energía y agua barata.

De esta manera, cualquier estimación seria de los posibles ingresos, debería contemplar varios escenarios, incluyendo aquellos donde los insumos y la energía se vuelven más caros en el futuro, o el precio del hierro cae a sus promedios históricos. En este caso se repite la misma pregunta: ¿se han hecho esas cuentas?

Este tipo de «cuentas» deben ser realizadas bajo una perspectiva país, y para ello no bastan los datos que brinda una empresa. El gobierno debe realizar un análisis costo­ beneficio a escala nacional, bajo amplias escalas de tiempo (de 50 a 100 años para la minería), y con una contabilidad en serio, incorporando los costos ocultos y todos los subsidios y transferencias sociales.

¿Quién debería hacer esto? En esto hay un rol clave para el Ministerio de Economía y Finanzas, pero muy especialmente para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En tanto esta es la agencia de planificación y coordinación económica, allí se deberían estar realizando distintos análisis costo­beneficios bajo diferentes escenarios tanto nacionales como internacionales. Y por supuesto que esos resultados deben ser públicos.