Cuestión de soberanía, o la nación intervenida

NIKO SCHVARZ

 

La primera Carta de Intención firmada por el Uruguay con el FMI se plasmó en la ley de reforma monetaria y cambiaria de 17 de diciembre de 1959, con el contador Juan E. Azzini como ministro de Hacienda del primer gobierno blanco. En el memorable debate parlamentario en su torno se acuñó la expresión de «la nación intervenida». A 43 años de distancia, algunas de sus instancias perviven en el recuerdo, como el desvanecimiento del diputado batllista Renán Rodríguez por el régimen de sesión a revientacaballos impuesto por la mayoría gobernante herrero-chicotacista.

El tema retorna con fuerza renovada a partir de la Carta de Intención firmada por el gobierno uruguayo con el Fondo Monetario el 4 de agosto de 2002, la tercera de este año. El documento fue elaborado en estricto secreto, sin conocimiento del Parlamento ni de la opinión pública, y en tal carácter se mantuvo desde el 4 hasta el 20 de agosto. Queremos destacar el contenido de algunas de sus disposiciones, en su tenor literal.

Bajo el título «Fortalecimiento del sistema bancario» se dice: «Los bancos domésticos insolventes no capitalizados por sus accionistas serán cerrados el 5 de agosto y comenzarán su proceso de liquidación, incluyendo Banco Montevideo-Caja Obrera, Banco Comercial y Banco de Crédito. Este proceso será conducido con consulta permanente con el FMI«.

En el capítulo de política fiscal se señala que para asegurarse el cumplimiento de sus objetivos «el gobierno intenta mantener constreñidos los incrementos salariales (incluyendo ningún incremento adicional en 2002) y limitar el ajuste de las pensiones al requerido por la ley». Luego se alude a una proyectada reforma impositiva, expresando: «Esta reforma consolidará el sistema impositivo en cuatro impuestos: IVA, impuesto sobre el consumo, sobre el ingreso y tarifas al comercio. Será preparado en las semanas entrantes con la asistencia del staff del FMI«. En ese camino se agrega que ya se ha planteado ante el Congreso (el Parlamento debiera decir) «mantener vigentes medidas impositivas que están programadas para finalizar a fines de 2003″. Hablando claro, mantener los impuestos a los sueldos y pasividades.

En el rubro de políticas cambiarias y monetarias se hace referencia a «un esquema voluntario que permitirá a los prestatarios de los bancos pagar sus deudas utilizando bonos del gobierno» y precisa: «Su alcance es limitado y será implementado con la consulta permanente con el FMI«.

El capítulo siguiente promueve el tema crucial de la privatización de sectores fundamentales de la economía actualmente en la órbita pública. El documento establece: «El gobierno continuará con los esfuerzos destinados a permitir la participación del sector privado en actividades anteriormente reservadas al sector público. Asimismo, mantiene su compromiso de adelantar la introducción de nuevos marcos regulatorios en diferentes áreas como electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento, vías férreas, etc. (como se describe en la Carta del 18 de junio de 2002), mientras que se avanza en el calendario de concesiones al sector privado». O sea que la privatización de las mencionadas áreas esenciales del patrimonio público (y otras que se podría agregar) queda sujeta al arbitrio y a la voluntad de decisión del FMI, de acuerdo a la segunda Carta de Intención de este año (la primera fue en enero).

Para que no quepa la menor duda, el Cuadro 2 anexo a esta tercera Carta de Intención agrega un cronograma para el cumplimiento de los objetivos que fija la fecha límite para cerrar los bancos insolventes (5 de agosto) y para enviar al Parlamento la reforma impositiva, las normas sobre telecomunicaciones y las normas sobre combustibles (las tres el 31 de diciembre de este año). Merece acotarse que el cierre de los cuatro bancos intervenidos no se cumplió en la fecha señalada (5 de agosto) por la resistencia de varios sectores de la sociedad, pero la política del gobierno se orienta indiscutiblemente en esa dirección.

Cuando el documento vio finalmente la luz pública, se levantaron múltiples voces críticas, desde la franca condena a las reservas fundadas. En contraposición, vimos en la pantalla el senador Luis Alberto Brause afirmando que las imposiciones del Fondo, cualesquiera fuesen, estaban justificadas y debían aceptarse porque ellos eran los dueños de la plata. En ese momento teníamos ante los ojos el verdadero rostro del entreguismo.

Por obra de la misma política del secreto, el contrato firmado el 25 de febrero por el gobierno uruguayo con el JP Morgan, el Crédit Suisse y el Desdner Bank en relación con el Banco Comercial, recién se conoció –y ello por presión de los parlamentarios y la opinión pública– seis meses después. Ya se han explicitado los contenidos escandalosos de este documento, sobre el cual se plantearán sin duda las responsabilidades políticas y penales. Aquí deseamos resaltar sólo un aspecto. Un apartado del artículo 11 inciso C se titula: «Renuncia a la inmunidad soberana» y expresa: «Uruguay y el Emisor (Banco Comercial) con respecto a sí mismos y a sus bienes, renuncian en forma expresa e irrevocable a todo derecho de inmunidad conforme a cualquier ley que se base en soberanía«. Es decir: se firmó una renuncia lisa y llana a la soberanía, la que se refrendó por una inaudita cláusula de confidencialidad inserta en el artículo 12 y que dice a la letra: «Ninguna parte publicará una nota de prensa o declaración pública respecto al presente». El Estado uruguayo se compromete asimismo a «no dar ningún uso, ni dará a conocer a ninguna persona información relativa al presente Contrato» (lo que explica el medio año de secreto).

En la realidad política uruguaya se ha abierto paso la perspectiva de conformación de un gobierno de mayorías nacionales. Uno de sus atributos debería ser la reconquista plena de los valores de la soberanía y la independencia nacional. *