DIEGO FERNANDEZ - SALTO Y REDACCION
Un equipo de la referida Dirección del Ministerio del Interior investigó en la ciudad de Salto las actividades de una financiera que estafó a centenares de familias en varias ciudades del país. La Policía contó con la colaboración de inspectores de la Dirección General Impositiva que comprobaron las irregularidades. Los investigadores recibieron múltiples denuncias de damnificados que habían solicitado préstamos en efectivo de poco monto pero que a los pocos meses se habían vistos envueltos en un calvario debido a las tasas de interés que los llevó a la ruina. Un agente de Inteligencia dijo "lo que más indigna es que toda esta gente es muy humilde, pero al mismo tiempo nos reconforta que la Justicia haya comenzado a suspender lanzamientos de familias pobres y vilmente engañadas". De acuerdo con la información obtenida por LA REPUBLICA, incluso se investiga el probable fraude contra el Estado, en virtud de que la empresa en cuestión estaba inscripta como gestoría, cuando en realidad se dedicaba a otorgar préstamos a particulares. Se supo que, con el asesoramiento de abogados, varios damnificados habían realizado las denuncias correspondientes al verse sorprendidos en su buena fe. El caso se agravó cuando las puertas de los locales de la empresa se cerraron definitivamente en varias ciudades del país y sus directores desaparecieron. Los oficiales de la DNII dialogaron con las personas perjudicadas y luego de una inspección acabada de la documentación se comprobaron irregularidades en la concesión de préstamos, cobros e intentos de cobro de los préstamos que se estiman viciados de usura, entre otras irregularidades. La intención de los investigadores capitalinos era rastrear, a través de la publicidad que en su momento se realizó de la empresa en cuestión, quiénes están detrás de la financiera. Ni los damnificados ni sus abogados quisieron referirse al tema al ser consultados por LA REPUBLICA, aunque se sabe que las denuncias se hicieron en Montevideo.
El jefe de Policía de Salto, inspector mayor (r) Walder Ferreira, manifestó desconocer en detalle la situación. "A mí simplemente se me solicitó que brindara a los funcionarios de la DNII la infraestructura para alojarse y recibir a gente. Con ello cumplí y no tomé contacto alguno con los detalles de la situación ni los motivos que trajeron a los funcionarios a Salto", respondió el jerarca. Mientras tanto, algunos nombres de profesionales salteños son manejados como asesores de la institución investigada, también fueron indagados por los investigadores y el caso pasó a la Justicia.
"Todavía falta mucha gente por interrogar, pero no tenga dudas de que con la colaboración de la DGI les estamos partiendo la espina dorsal a estas empresas fantasmas que llevan a la ruina a cientos y cientos de familias uruguayas con métodos financieros viciados de nulidad e ilegalidad. Por otra parte, estamos seguros de que esta actuación tendrá un efecto dominó en todo el país y que a los usureros y estafadores también les llegó su hora", dijo un oficial superior de la Dirección de Información e Inteligencia.
El funcionario confirmó a LA REPUBLICA que sólo en el departamento de Montevideo existen 13 de estas seudofinancieras, camufladas bajo la cobertura de sociedades cooperativas que no cuentan con ningún tipo de control de parte del Banco Central del Uruguay y que en el interior del país esa cifra por lo menos se duplica.
Asimismo, se adelantó a LA REPUBLICA que entre las personas que aún no han sido interrogadas figuran varios profesionales que avalaron con sus firmas las maniobras que ahora están quedando al descubierto. *
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