IVAN MOURELLE, RIVERA
Pero además hay algo que se debe tener en cuenta y es el hecho de que en la actualidad hay delincuentes uruguayos de "medio pelo", que caen en las cárceles brasileñas, donde establecen contacto con la delincuencia de aquel país y que al recuperar la libertad, y como normalmente están requeridos en nuestro país, pasan a trabajar para las bandas organizadas, siendo encargados del "trabajo sucio". Por este hecho, algunos son considerados elementos de "descarte" y normalmente terminan siendo eliminados, pero hay otros que alcanzan fama entre sus pares y pasan a ser respetados por tratarse de verdaderos "pesos pesados", operando en territorio uruguayo y ocultándose en suelo brasileño.
El hecho de que ciudadanos, en este caso uruguayos, cometan faltas o delitos en otro país, activa un mecanismo que implica la comunicación al Consulado, para que el asesor técnico jurídico se ocupe de asistir a los compatriotas que se encuentran en la difícil situación. El Dr. Leonardo Araújo, un uruguayo recibido de abogado en Brasil y que hasta hace pocos meses ocupara dicho cargo en el Consulado uruguayo en Santana do Livramento, con jurisdicción en 26 municipios de la región, fue entrevistado por LA REPUBLICA. Explica que "en la medida que se reciba la comunicación, nos dirigimos hasta la penitenciaría, o comisarías (delegacías) para el caso de las prisiones preventivas, verificando que el ciudadano tenga un abogado de oficio y para el caso que no lo tenga, asumir nosotros la defensa del mismo. Las ciudades, cuanto más próximas de la línea de frontera, son propensas a tener más ciudadanos extranjeros delinquiendo y Livramento es un caso puntual, donde normalmente hay 20 detenidos de promedio, seguida por Uruguayana, una ciudad grande, con penitenciaría, como otras seis, entre las que se cuentan Cuaraí, Don Pedrito o Cacequí. La responsabilidad del asesor es la de mantener informado al cónsul, sobre la situación procesal del ciudadano, el tiempo de prisión y a medida que va cumpliendo hasta que logra su libertad. Pero además, debemos cerciorarnos de que sean tratados en forma igual a los demás, tratando de que no se le discrimine, como a veces ocurre". El caso de Ernesto Andrés Vargas aparece como el más conocido de los últimos tiempos, aclarando el Dr. Araújo que "se nos informó permanentemente sobre la situación del mismo y se realizaron los trámites de extradición correspondientes, al punto de que, luego de cumplir su condena, que era por "lesiones graves", se le mantuvo detenido con prisión preventiva para efectos de la extradición por 30 días más, hasta que, vencidos los plazos, sin que se completara el trámite que actualmente está en el Supremo Tribunal Federal, lo dejaron en libertad". La cantidad de compatriotas detenidos puede variar debido a la requisitoria pendiente de muchos de ellos, que por ahora aparecen "borrados" pero siempre dispuestos a aparecer, o al hecho de que en el Brasil un ciudadano puede quedar preso hasta 91 días en prisión preventiva o prisión procesal que es cuando hay indicios de culpabilidad, pero no hay pruebas para condenar. El Dr. Araújo manifestó que, "en este caso, se incluyen los ciudadanos extranjeros que ante una acusación y la posibilidad cierta de irse del país, aguardan en prisión, con régimen especial, el resultado de la investigación. Como hecho anecdótico sucedió con dos ciudadanas uruguayas que fueron detenidas, ambas embarazadas y tuvieron familia estando en prisión preventiva, siendo atendidas durante su reclusión, recuperando luego la libertad".
Por el simple hecho de que los tiempos judiciales son para ser respetados es que tanto los jueces regionales como la policía de ambos países tratan de generar soluciones "caseras" como para colocar a los delincuentes tras las rejas. Como ejemplo que alguna vez se ha puesto en práctica, por parte de la Justicia brasileña, en el caso de un hombre acusado de homicidio en nuestro país, que se fugó a Brasil con su esposa y un hijo de tres años, siendo detenido y como no tenían en su poder el documento del niño, fue obligado a cruzar la frontera nuevamente. Por tanto se estima que para el futuro y cumpliendo con los trámites consulares pertinentes, nada impide que la Justicia brasileña expulse al ciudadano uruguayo que no sea "doble chapa", que haya cometido algún delito y se encuentre requerido en nuestro país. Pero esto claro, previa comunicación a la Policía de nuestro país, la que sabrá el día, la hora y el lugar donde el delincuente será "invitado a retirarse", justo frente a una patrulla de la Policía local. Allí, ya es otra historia. *
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