(AFP)
En las grandes urbes latinoamericanas, la violencia tiende a aumentar en forma proporcional al incremento de las carencias sociales y la exclusión económica y cultural.
Un aumento de 1% en el coeficiente GINI (desigualdad entre ricos y pobres) produce automáticamente un incremento de las tasas de homicidios (+1,5%) y de robos (+2,6%), según un estudio del Banco Mundial, citado por Alberto Concha-Eastman, experto en violencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).En sentido inverso, si el Producto Interno Bruto (PIB) aumenta 1%, a breve plazo caen las tasas de homicidio (-2,4%) y de robos (-13,7%).
Las crisis económicas registradas en América Latina -sobre todo en Argentina, Uruguay y Venezuela- provocaron un fuerte aumento de las tasas de desempleo y pobreza, que se tradujo en una estampida de la violencia.
"La desigualdad promueve la violencia probablemente por su asociación con altas tasas de desempleo y subempleo en grupos específicos, y suscita sentimientos de privación y frustración económica en estos grupos. La violencia impide el desarrollo económico", reconocen Morrison y Buvinic en su investigación titulada "Notas técnicas: Prevención de la violencia".
A escala macroeconómica, la violencia social reduce la inversión extranjera y nacional, y disminuye el ahorro interno, obstaculizando así las posibilidades de crecimiento a largo plazo.
A nivel microeconómico, entre otros efectos, desalienta el interés individual en invertir tiempo y dinero en educación, e induce a sectores de la población a desarrollar habilidades delictivas en vez de estudiar. La suma de esos efectos supone una carga enorme para el conjunto de las economías de los países de América Latina (14,2% del PIB), aunque la estimación de los costos económicos difiere notablemente de un país a otro: en El Salvador los costos de la violencia representan 24,9% del PIB, mientras que Perú se sitúan en 5,1%. *
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