En Argentina los traficantes de personas en la mira del Estado

Tras dos años de denuncias aisladas y de una labor constante de la sociedad civil para hacer visible la trata de personas, el Estado argentino anuncia una política para prevenirla, asistir a las víctimas y sancionar a los responsables de este delito.

En el marco del Seminario Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas, celebrado el pasado martes en Buenos Aires con funcionarios, legisladores, organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas, se puso a debate un proyecto integral que busca frenar este delito convertido en una nueva forma de esclavitud.

El proyecto prevé crear una secretaría de Estado dependiente de la Presidencia que coordine las acciones contra la trata en todo el país, elaborar un programa de prevención y asistencia a las víctimas e incorporar al Código Penal condenas mayores y más específicas para los delitos. Cada año, hombres, mujeres, niños y niñas, la mayoría de ellos pobres y procedentes de países en desarrollo, son reclutados bajo promesas de empleo o atrapados por otros medios para ser utilizados en redes de explotación laboral, sexual, de servidumbre doméstica, prácticas similares a la esclavitud, adopciones ilegales o extracción de órganos.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe había en 2005 alrededor de 1,32 millones de víctimas de trabajo forzoso, de las cuales 118.000 estaban en redes de explotación sexual. La mitad eran menores de 18 años.

Susana Trimarco, madre de una joven secuestrada en 2002, dijo a IPS que la propuesta de una política específica es un aliento para su búsqueda.

Trimarco, presente en el seminario, logró probar que su hija Marita Verón, de 24 años, cayó en una red de explotación sexual. Desde el secuestro, su madre consiguió testimonios de otras adolescentes y jóvenes víctimas de la trata que la vieron en distintos sitios de cautiverio en varias provincias del país. Aunque no pudo hallarla, su labor y la de otros agentes privados permitieron rescatar a 94 personas.

"Tras distintas investigaciones encontramos argentinas, brasileñas, paraguayas, dominicanas. En cada provincia hay dos o tres chicas desaparecidas. Entonces hacemos inteligencia con los familiares, intercambiamos datos, teléfonos, lugares de prostitución, y una vez que tenemos pistas ciertas vamos al fiscal", explicó. Esta forma no institucional de búsqueda, motivada por el interés de los familiares y no siempre con resultados positivos, podría contar ahora con un fuerte respaldo gubernamental. (IPS) *