El histórico conflicto de puertos activa el riesgo de daño mayor

Si bien las inferencias de lo que podría ser denominada una nueva situación en lo que refiere al conflicto de frontera con Argentina aún no son dominantes, la resolución de la Corte de La Haya comienza a ser discutida en escritorios vinculados con la gestión y administración de la inversión extranjera directa. La preocupación surge de un laudo que objetiviza los límites que tiene el derecho internacional para impedir daños que no están estrictamente vinculados a las corrientes del comercio de bienes y servicios, sino de lo que en el mundo es ahora, esencial: esa posibilidad de articular las economías pequeñas con las corrientes de radicación de capitales productivos que surcan el mundo.

El comercio de bienes y servicios está relativamente regulado y las afectaciones a las normas pueden ser enfrentadas por los estados asociados a la OMC con distintos instrumentos y elementos cautelares. También la legislación multilateral tiende a mejorar la protección de la inversión, pero en este caso los tratados sólo amparan los derechos de los inversores ante eventuales daños originados por los países de destino. En cambio, la protección de los países en los cuales se radica la IED frente a bloqueos o agresiones derivadas de acciones de otros países cuenta con una protección lábil. Es el caso, precisamente, de Uruguay y los países pequeños que sufren prácticas discriminatorias de diversa naturaleza.

Aceleración de la tendencia

Las nuevas preocupaciones que abre el fallo del lunes, podrían extenderse rápidamente en el caso uruguayo dada la fragilidad que tiene el país, encerrado en una región en la que, los gobiernos vecinos ya venían observando con atención esa capacidad diferencial que estaba logrando Uruguay para recepcionar IED internacional y regional. Incluyendo una traslación considerable de inversión en las cadenas agroindustriales provenientes de los países vecinos.

Dicha realidad tiene una lectura de las cuentas externas y el financiamiento de los respectivos países pero, además, opera como un monitor del clima y los estímulos comparados a la inversión en cada país. Esta diferenciación se ha acelerado en los últimos años y un reciente trabajo de Cepal precisa esa diferenciación con extrema claridad. La gráfica adjunta expresa las tendencias de crecimiento de los tres países de la IED neta. En 2006 se ha producido un salto notable que, en el caso brasileño determina que Cepal esté estimando una IED neta negativa en aproximadamente U$S 7.000 millones, mientras que en el caso argentino, la IED neta del año pasado habría caído a los U$S 870 millones. Según el mismo estudio, en los dos últimos años Uruguay ha logrado una captación neta de IED de U$S 715 y U$S 1.200 millones respectivamente. *