Acusaron a Jefatura de Canelones de "reprimir" a los funcionarios que se afiliaron al sindicato

Al menos tres dirigentes de la Conasip en Canelones fueron trasladados y sancionados entre setiembre de 2006 y marzo de 2007. Todavía permanecen en su destino de castigo, lejos de sus hogares o ejerciendo roles en dependencias menos relevantes desde el punto de vista del control social y de la estrategia policial para abatir los crímenes y los delitos.

Tres dirigentes fueron destinados al Centro Penitenciario Departamental. Otros dos de los líderes que participan de la campaña en favor de la sindicalización policial fueron trasladados de la zona Sur del Cuerpo de Radio Patrulla a distintas seccionales barriales en una localidad pequeña o en la periferia de un centro con mayor cantidad de población.

Los presuntos damnificados preparan acciones legales contra el Ministerio del Interior que, de prosperar la iniciativa, implicaría al Estado la erogación de una suma millonaria.

La semana próxima, la ministra del Interior, Daisy Tourné, convocará una reunión bipartita con la Conasip para tratar la problemática del funcionariado policial. Los delegados de Canelones reclamarán a la maestra Tourné que "deje en suspenso" los traslados y sanciones de Guarteche hasta que decrete la nueva Ley Orgánica Policial.

Los policías sindicalizados exigen que la nueva ley que promulgará el Poder Ejecutivo para definir nuevos roles y funciones para el instituto policial carezca de toda sanción que implique "privación de libertad" para el funcionario sancionado, como ocurrió en febrero con el agente Julio Pereira, el principal dirigente de la Conasip en Maldonado.

En su reivindicación, los policías sindicalizados sólo aceptan sanciones que impliquen suspensiones con descuento de haberes. Entienden que las privaciones de libertad (que ahora se imponen con los arrestos a rigor) sólo deben aplicarse en casos de policías que cometan delitos, como está prevista la prisión preventiva para los delincuentes comunes.

"Los castigados"

Fuentes sindicales comentaron a LA REPUBLICA una infinidad de casos de policías que habrían sido objeto de los "traslados arbitrarios" y las "sanciones injustificadas" que la Conasip atribuyó al inspector mayor (r) Guarteche. No obstante, sólo algunos casos pudieron ser corroborados por el diario plural en fuentes oficiales de Jefatura.

Los jerarcas policiales consultados dijeron que los policías fueron "castigados por actos de indisciplina" (que no explicitaron), o por "razones de servicio" (que se excusaron de fundamentar). "El Comando de Jefatura tiene potestades legales y constitucionales para disponer todo traslado de personal necesario para cumplir el servicio", dijo una fuente.

Otra fuente negó que se haya "castigado" a nadie, y aseguró que sólo hubo "traslados por razones de servicio". Uno de los destinos más polémicos es el Centro Penitenciario Departamental, una dependencia de la Jefatura de Policía de Canelones, establecimiento donde la mayoría de los policías no quiere ir jamás a prestar servicio por su peligrosidad.

LA REPUBLICA pudo confirmar entre fuentes oficiales que al menos tres dirigentes de la Conasip fueron trasladados a la cárcel de Canelones. Uno de ellos reside en Montevideo. Los otros dos policías sindicalizados permanecen en dos alejadas seccionales de barrio.

Los agentes policiales y dirigentes sindicales Jorge Molina, Julio Gilardi y Eduardo Segredo fueron trasladados al Centro Penitenciario Departamental. Molina es vicepresidente de la Conasip, Gilardi es el secretario en Canelones y Segredo es el coordinador departamental.

Molina estaba en la Seccional 19 de Progreso y pasó para la Seccional 20 de Toledo. Gilardi era de la 7ª de Pando. Segredo estaba en la 20ª de Toledo, lo pasaron a la 6ª de Sauce, y de allí a la cárcel como a los otros dos. Los agentes Oscar Barrios y Ariel Fernández perdieron su puesto en Radio Patrulla. Barrios pasó por la 7ª de Pando y luego por la 13ª de Santa Rosa para volver a Pando. Fernández pasó por la 13ª de Santa Rosa y terminó destinado a la seccional 20ª de Toledo.

El secretario nacional de la Conasip, Julio Pereira, estuvo arrestado en la Seccional 10ª de Punta del Este. Hubo manifestación de apoyo. El presidente Schubert Barrera denunció persecución sindical en la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, departamento donde continúa. *