GUZMAN LAGUARDA
La Casa de la Mujer de la Unión es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1987 que brinda asistencia jurídica y psicológica a mujeres de bajos recursos y a víctimas de violencia doméstica. Es, junto con el Instituto Mujer y Sociedad pionera en nuestro país.
"La víctima que llega a nuestra institución tiene, una primera entrevista donde escuchamos atentamente su situación. Si el caso es muy complejo, lo tratamos en conjunto con nuestro equipo de trabajo interdisciplinario, integrado por abogadas, procuradoras, psicólogas y asistentes sociales. Allí vemos y analizamos cuáles son las mejores alternativas, y siempre es la denunciante la que tiene la última palabra", afirmó la directora de la Casa de la Mujer de la Unión.
La especialista señaló que también asesoran a mujeres en la Comuna Mujer del Cerro y en la de Colón, que su instituto no solo se dedica a la violencia doméstica, ya que cuentan con un área de capacitación laboral para mujeres y jóvenes de ambos sexos, y que realizan además cursos de capacitación para educadores y asistentes sociales.
En cuanto al número de denuncias que reciben, indicó que la cifra de casos se ha mantenido pareja en los últimos años al igual que en el resto de las demás organizaciones. "Es complicado precisar si en nuestro país han aumentado las denuncias, si hay otra sensibilidad de parte de todos los actores de nuestra sociedad. Lo que antes quizás se veía como algo natural, hoy en día por suerte se denuncia". Siguiendo con las estadísticas, Simois dijo que el promedio de edad de las denunciantes va de los 35 a 40 años, que existe un mayor porcentaje de las consultantes que tienen entre 6 a 10 años de convivencia con su pareja, y aseguró que atienden, pero en menor número, a víctimas adolescentes que no conviven con su pareja bajo un mismo techo.
Consultada acerca del accionar del actual gobierno, la defensora de las mujeres confesó que existe más sensibilidad pero se necesita de un mayor presupuesto para atender mejor el tema. "Lo que está faltando en Uruguay es una política de Estado articulada en lo que tiene que ver en materia de violencia doméstica, ya que cuando cambian los gobiernos todo comienza de cero", anotó. Resaltó también que en la actualidad existan varias mujeres a cargos de ministerios, pero criticó que en el Parlamento el número de mujeres no sea representativo.
Acerca de la atención recibida por las víctimas de violencia doméstica en las seccionales, manifestó que la misma es deficiente a pesar de que se capacitó a muchos policías. "Yo me pregunto dónde están todos esos policías que fueron capacitados en el programa de Seguridad Ciudadana con el objetivo de que hubiera un policía especializado por cada seccional. El Estado gastó muchísimo dinero, que es en definitiva el dinero de todos. Las seccionales son al último lugar que recomiendo a las mujeres para que vayan a denunciar, ya que no me gusta ni la atención ni el trato que allí reciben. Le decimos que vayan a la Comisaría de la Mujer o los Juzgados de Violencia Doméstica", admitió.
También fue muy crítica con la figura de los jueces y fiscales. "La Policía es la cara visible y muchas veces le echamos la culpa de todo, pero los que tienen mayor injerencia son los jueces y los fiscales. Los fiscales, que tienen mucho que ver con las determinaciones que se toman, nunca dan la cara", afirmó.
En cuanto a las medidas cautelares de protección que el juez de turno dispone en los casos de violencia doméstica, señaló que el mayor problema es que no existe un control y seguimiento de las mismas. "Nadie se encarga de que se respeten, y lo peor es que los agresores son conscientes de que nadie hace nada al respecto. Ante la gran cantidad de mujeres que fueron ultimadas y que estaban con medidas cautelares, me hace pensar que hoy en día no sirven para nada. El espíritu de la ley es bueno, pero no funcionan en el contexto en el que se están dando", apuntó. Aseguró además que a pesar de que las medidas cautelares prohíben al agresor el uso y la tenencia de armas, en muchos de los casos los agresores hirieron o ultimaron a sus parejas. "Comprar armas en nuestro país es muy fácil, vas a cualquier feria y las venden como si nada. Los uruguayos no nos damos cuenta de lo fuertemente armados que estamos, ya que hoy en día es muy raro que en una casa no haya un arma. Lo peor es que hay varios casos en que la Policía ha devuelto las arma a los agresores a pesar de existan medidas cautelares". La entrevistada dijo a su vez que ve con buenos ojos la propuesta que se le hizo a la ministra del Interior para que a cada víctima se le entregue un celular para mantener un contacto directo con la seccional de su zona.
En cuanto al trabajo con hombres violentos, la directora de la Casa de la Mujer de la Unión entiende que se trabaja poco en nuestro país y sería fundamental profundizar más en el tema, pero ve con suma desconfianza trabajar en conjunto. "Creo que no se deben mezclar las partes, ya que las mujeres que se atienden en las instituciones deben tener un ámbito exclusivo donde se puedan sentir seguras y cómodas". Siguiendo con el tema, la especialista confesó que a lo largo de los años ha recibido un sin fin de amenazas telefónicas, pero hoy en día las mismas no le afectan como al principio. "La más peligrosa de todas fue una en la que incluso llamaron a mi casa y hablaron con mis hijos diciéndoles que me iban a hacer boleta si seguía molestando. Hoy en día me tienen sin cuidado las amenazas y convivo con ellas. Creo que todas las mujeres que estamos en esta actividad recibimos algunas vez amenazas", remarcó. Según la defensora de mujeres, desde la apertura de la democracia se notaron grandes cambios y avances. "Antes era imposible hablar del tema, y estaba mal visto decir que la violencia doméstica se daba por igual en las clases altas. Hoy en día, por suerte, estamos mejor pero todavía se puede y se deben hacer muchas cosas. Necesitamos más ayuda del Estado, y sería muy bueno que existan refugios para mujeres. Cuántas muertes se hubieran evitado habiendo refugios para las víctimas", puntualizó.
A diferencia de la capital, la situación en el interior del país es dramática ya que casi no existen organizaciones de víctimas. "Las mujeres que viven en el Interior, a diferencia de las de la capital, están totalmente desprotegidas ya que tienen que trasladarse a Montevideo para pedir asesoramiento. En la gran mayoría de los departamentos no existen ONG, y solo en las ciudades departamentales hay oficinas especializadas en violencia doméstica que funcionan como pueden en las seccionales", finalizó diciendo la entrevistada. *
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