ALDO ROQUE DIFILIPPO - MERCEDES
El Juzgado de Dolores tomó declaración a los primeros funcionarios que dieron su versión en torno a la sustracción de combustibles perpetrada en perjuicio de la Intendencia Municipal de Soriano (IMS), maniobra ilícita de compra y venta por la que habían sido detenidas once personas. La Fiscalía solicitó el procesamiento de los municipales y los particulares.
Dos funcionarios comunales resultaron procesados con prisión imputados de la comisión de un delito de fraude, al tiempo que otros dos municipales fueron procesados sin prisión por no haber denunciado un delito de peculado del cual fueron testigos.
Por su parte, dos particulares fueron sometidos a proceso, también sin prisión, imputados por la coautoría de un delito de fraude; la jueza les impuso una fianza de 10 mil dólares. Un tercer particular también fue procesado sin prisión por cometer reiterados delitos de receptación.
Los procesamientos fueron solicitados por el fiscal Fernando Romano.
El hecho acerca del cual ha venido informando LA REPUBLICA generó un verdadero revuelo en el departamento, en medio de una serie de comentarios y cruce de acusaciones donde muchos municipales han concurrido voluntariamente a prestar su testimonio en la investigación administrativa, buscando librarse de responsabilidades.
El tema venía siendo investigado por la Oficina Jurídica de la Intendencia de Soriano, que luego de reunir la información necesaria presentó la denuncia en el Juzgado de la ciudad de Dolores, el cual inmediatamente libró las primeras órdenes de detención. Entre ellas, una denuncia contra el pistero de una estación de servicio en cercanías de la localidad de Agraciada y de su señora, junto a diez trabajadores municipales que estarían seriamente implicados en los hechos, más dos posibles compradores del gasoil.
Como se recordará, la maniobra era sencilla. Una cuadrilla municipal que trabajaba en las cercanías de Agraciada trasegaba el combustible desde las máquinas de la IMS a tachos o directamente a vehículos particulares. El combustible era vendido a por lo menos un par de productores rurales. Pero esa operación, aparentemente también se realizaría directamente en una estación de servicio, por lo que podrían sumarse muchas personas más a los primeros implicados, entre particulares y funcionarios municipales de esa cuadrilla, o que eventualmente trabajaron en la cuadrilla. La ganancia por esa operación era por demás suculenta, representando para cada uno un ingreso semanal extra de entre $ 1.000 y $ 2.000.
Las actuaciones estuvieron a cargo del doctor Eduardo Guevara (juez subrogante del Juzgado de Dolores) y del fiscal doctor Fernando Romano, quienes tomaron las primeras declaraciones pasado el mediodía de este lunes 30, en una larga sesión que siguió hasta bien entrada la noche y continuó en la jornada de ayer. El trabajo seguramente se extenderá por varias jornadas más en virtud del número de posibles implicados, que según se dice rondaría los 20 funcionarios.
Al principio de esta administración municipal se tenían algunas presunciones sobre posibles ilícitos que podían estarse cometiendo con materiales de la IMS, por lo que se dispuso la conformación de un cuerpo de inspectores con diferentes facultades para moverse en el departamento. Algunos casos anteriormente detectados fueron incluso pasados a la Justicia, que no encontró pruebas como para tomar una determinación. Pero ahora, las pruebas y los testimonios tuvieron una contundencia que derivaron en un pronunciamiento judicial.
Fuentes de la Intendencia Municipal de Soriano consultadas por LA REPUBLICA destacaron la celeridad de las actuaciones emprendidas por el Juzgado doloreño, mostrando su optimismo en que se estaría próximo a desbaratar esta suerte de cuasi banda que actuaba en forma muy aceitada desde hace al menos cinco años.
Mientras estos hechos se sucedían en el Juzgado de Dolores, en la noche del pasado lunes la Mesa Política del Partido Nacional analizaba la sucesión de hechos y sus derivaciones, buscando respaldar las actuaciones encaradas por la administración Besozzi.
Esa misma noche, el director de Obras, Ruben Valentín, descubrió por casualidad a otra cuadrilla in fraganti, trasegando combustible hacia un camión cisterna.
Esto vino a corroborar las presunciones que tenían las autoridades municipales: que no era solamente una cuadrilla municipal la que estaba implicada en los robos de combustible.
En la noche del lunes once personas quedaron detenidas. Habían declarado en el Juzgado de Dolores 18 personas, entre empleados municipales y particulares que habían comprado o vendido combustible. Las actuaciones prosiguieron en la tarde de ayer. Cuatro funcionarios permanecían detenidos desde el domingo. *
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