Ricardo Almada | Maldonado
La Brigada de Narcóticos de la Policía de Maldonado no pudo establecer aún el origen de la droga que el relacionista público argentino Gabriel Alvarez, recluido en la cárcel de Las Rosas, dijo haber consumido antes de protagonizar, junto a su asistente, un gravísimo accidente de tránsito en la Ruta 10, que le costara la vida a dos argentinos.
"Gaby" Alvarez, quien permanece recluido en Las Rosas (está en el pabellón 1B junto a otros 40 reclusos), confesó ante el juez de la causa haber consumido cocaína y "tres caipiroskas" la noche anterior al accidente.
Alvarez discutía con su chofer y asistente, Alfredo Ariel Coelho, cuando en determinado momento accionó el freno de mano, lo que descontroló el automóvil, que se desplazaba a más de 140 kilómetros por hora.
Tras el acto de procesamiento con prisión dictado por el juez Letrado de la ciudad de San Carlos, doctor Juan Benítez Caorsi, efectivos de Narcóticos de la Policía de Maldonado entrevistaron dos veces a "Gaby" Alvarez en la cárcel, procurando saber el origen de la droga que dijo haber consumido.
El interés policial se centraba en saber si el propio Alvarez había viajado a nuestro país con la droga o si alguna organización de narcotraficantes se la vendía a él y eventualmente a más consumidores en la glamorosa franja costera entre Punta del Este y José Ignacio. Las investigaciones policiales, si bien no se cerraron, no lograron de Alvarez datos claros o concluyentes que condujeran a la punta de la madeja, ya que incluso entró en algunas contradicciones y hasta llegó a decir que declaró tal cosa en momentos en que estaba muy agobiado por los intensos interrogatorios a que había sido sometido. Desde el 1º de febrero, tras la feria judicial mayor, el caso pasó a manos del juez titular Fernando Raúl Tovagliare y el fiscal Juan Bautista Gómez, quien ya ha actuado con mucha dureza en anteriores casos que involucraron a figuras de relieve con las drogas. Alvarez y Coelho están procesados como autores de un delito de homicidio culposo con resultado de muertes múltiples. La ley de nuestro país pena este delito con un máximo de ocho años de cárcel.
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