Contra el crimen organizado

El ministro interino del Interior, Daniel Borrelli, indicó que está todo pronto para ser firmada la convención, que tendrá el mismo cometido que la suscripta en 1988, también mediante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el tráfico de drogas. El acuerdo transnacional obliga a los países al intercambio de información, a la cooperación y a la adopción de normas y leyes para combatir estos crímenes.

Borrelli explicó a LA REPUBLICA que hay dos de estos temas que inquietan en mayor medida a Uruguay: la trata de blancas y el tráfico de armas.

"Preocupan desde el punto de vista en que podemos ser víctimas de estas organizaciones como país de paso, ya que armas Uruguay no fabrica y, por la escasa población, la trata de blancas tampoco sería un problema a gran escala", precisó el jerarca.

Como ejemplo del lugar que tendría Uruguay en este contexto podría recordarse lo ocurrido años atrás, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem estalló en Argentina el escándalo de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Entonces se mencionó a Uruguay como "parte" del negocio a través de las sociedades anónimas denominadas fantasmas. Las facilidades para crear sociedades anónimas y el riguroso secreto bancario que rige el sistema financiero local, fueron sindicados como elementos clave para la triangulación.

El pasado 29 de noviembre estando a cargo de la presidencia Luis Hierro López, el Poder Ejecutivo designó al ministro Stirling como embajador plenipotenciario para (en nombre del gobierno) suscribir los instrumentos jurídicos. Según la resolución a la que accedió LA REPUBLICA la intención del gobierno es firmar la convención, cuya fase de discusión fue llevada adelante por el embajador Jorge Tálice.

La cumbre se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de Palermo entre el 12 y 15 de diciembre y como se menciona anteriormente unos 130 países firmarán la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada a mediados de noviembre por la Asamblea General del organismo internacional, y cuyos aspectos principales son los enumerados por Borrelli.

De ahora en más

"Se trata de un tratado que reune los más avanzados instrumentos para la lucha contra el crimen organizado y que incluye desde la confiscación de los bienes y dinero mal habido hasta la protección de testigos y la supresión del secreto bancario", había dicho días atrás en rueda de prensa Pino Arlacchi, director de la Oficina de la ONU para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen.

"Los colombianos en su lucha contra el narcotráfico, los italianos contra la mafia, los estadounidenses contra otros tipos de crimen, todos se ven de alguna manera reflejados en el documento que ha tomado algo de todas las experiencias", dijo Arlacchi.

Según el experto --citado por la agencia DPA-- el crimen organizado a nivel mundial controla el tráfico de drogas y de armas y el lavado de dinero así como el tráfico y contrabando de seres humanos y la prostitución.

La reunión de Palermo servirá sobre todo para discutir sobre la implementación del tratado, aspecto "tan importante como la elaboración" del documento, aclaró. En este sentido adelantó que se realizarán otras cuatro reuniones regionales más sobre la implementación, en los próximos dos años, mientras se espera la ratificación de la convención por parte de los parlamentos de los países que la firmen, indicó Arlacchi.

La cuna de la mafia

En el encuentro también se decidirá sobre la creación de un fondo que se vería alimentado con el dinero ilegal incautado, para usarlo en esa implementación.

Como se mencionaba en un principio, el encuentro se llevará a cabo en Palermo, en la región italiana de Sicilia, lugar que no fue elegido al azar, según lo explicado por Borrelli: "Las reuniones previas venían realizándose en Viena, pero al culminar las discusiones y acordar la firma del acuerdo se eligió esa zona, como símbolo, que fue la cuna de la mafia y el crimen organizado".

Stirling está también facultado --según la resolución que lo nominó como embajador-- a suscribir el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y el Protocolo Contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, ambos complementarios de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.