De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por LA REPUBLICA en ambos departamentos, los casos no tienen conexión y así quedó demostrado en el transcurso de las investigaciones. Mientras que en uno de los episodios la intervención se llevó a cabo en la zona de Parque Batlle, la otra se practicó en Punta de Rieles.
Pero sin embargo hay elementos que unen ambas historias, en cuanto al trasfondo social de las jóvenes: ambas de bajos recursos salieron de sus domicilios rumbo a la capital con el fin de interrumpir sus embarazos. Una debió pagar 5.500 pesos y la restante cuatro mil, a dos mujeres, que se encargaron de la tarea.
Sobre este episodio las últimas informaciones recabadas dan cuenta de que la muchacha, de 20 años, permanece internada en el Hospital Escuela del Litoral. Al respecto, el corresponsal sanducero de LA REPUBLICA, Luis Vega, informó que la mujer viajó a Montevideo recientemente para llevar a cabo la operación.
Con la clínica, ubicada en Parque Batlle, se había contactado previamente por teléfono y le pidieron 750 dólares para abortarle un embarazo de dos meses. Pero ella manifestó que solamente contaba con cuatro mil pesos: igual fue aceptada.
En ese lugar le fue colocada anestesia, sondas y suero, provocándole el aborto de referencia, retornando un día más tarde a esta ciudad.
En la noche del jueves comenzó con dolores, por lo que fue conducida por su madre al hospital, diagnosticándosele "aborto de 48 horas de existencia, infección genital, se retiran restos fetales de vagina, sangrado fétido abundante".
La Policía continúa con las averiguaciones del caso para dar con el o los responsables de la clínica. Mientras tanto, el juez penal de 4º Turno, Ricardo Míguez, dispuso que se le envíen las actuaciones y se le mantenga informado de la evolución de la muchacha.
En el segundo de los hechos de estas características, y como resultados de las pesquisas policiales, el juez penal de 4º Turno de Montevideo procesó con prisión a una mujer que días atrás le realizó un aborto a una joven.
La muchacha debió ser asistida en el hospital de Pando, donde los médicos le quitaron una sonda que había sido colocada durante ese acto.
De acuerdo a las informaciones recabadas por Danilo Albín, corresponsal canario de LA REPUBLICA, hace aproximadamente una semana una muchacha de 18 años, embarazada de nueve semanas, concurrió junto a su madre a una vivienda ubicada en la zona capitalina de Punta de Rieles.
Allí residía Joaquina Rosa Pereyra Silva, de 56 años, quien registra un antecedente penal por "aborto con la colaboración de un tercero en reiteración real". Tras recibir 5.500 pesos uruguayos en efectivo, Pereyra le practicó la intervención que produjo el aborto.
Pocos días después la joven sufrió hemorragias y registró fiebre, por lo cual debió concurrir al Hospital de Pando. Allí los especialistas intervinientes certificaron que tenía una sonda en sus genitales.
Al sospechar que se estaba ante una maniobra abortiva, las autoridades del nosocomio pandense comunicaron el caso a la Seccional 7ª de esa ciudad.
La paciente y su madre declararon ante los investigadores de la Dirección de Orden Moral de la Jefatura de Policía de Canelones, brindando datos acerca de la clínica clandestina.
De esa manera, los efectivos de la citada dirección detuvieron a Pereyra e incautaron en su domicilio --ubicado en las proximidades de camino Maldonado-- distintos elementos utilizados en medicina general.
Los informantes señalaron que si bien reconoció su participación en este hecho, negó que haya efectuado otros abortos recientes. Finalmente, el magistrado actuante decretó su envío a la cárcel, imputada de "un delito de colaboración en aborto con consentimiento de la mujer".
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