15 funcionarios públicos y  5 empresarios a la Justicia

La Justicia continuaba ayer sus actuaciones sobre el operativo comenzado por la División Delitos Complejos del Ministerio del Interior para desmontar una estructura delictiva dedicada al contrabando.

Aún no se sabe si la magistrada salteña trasladará la causa hacia el Juzgado Especializado en Crimen Organizado.

En la misma se hayan involucrados funcionarios de Aduana, de Migración, de la Policía, de la Barrera Sanitaria (MGAP), «bagayeros» y empresarios salteños. Las escuchas telefónicas autorizadas por el Poder Judicial, iniciadas en junio del año pasado, jugaron un papel fundamental en las indagatorias.

De acuerdo a lo informado a LA REPUBLICA por fuentes confiables sobre los delitos de contrabando, lavado de dinero, coimas y evasión fiscal, tres empresarios salteños estarían comprometidos merced a las escuchas telefónicas y a giros realizados en compras de mercaderías que pasaban por el puente de Salto Grande con la complicidad de funcionarios aduaneros, de migraciones y de Barrera Sanitaria.

La jueza penal de 4º Turno de Salto, doctora Marcela Vargas continúa trabajando en la causa desde el pasado martes con los involucrados y por versiones de la sede se pudo saber que el plazo constitucional para resolver la situación de las personas privadas de libertad es 48 horas, el cual vencería en la mañana de hoy. Luego de resolver sobre la situación de los demorados, resolverá si conserva la competencia o la declina ante los Juzgados Especializados de Crimen Organizado que es lo que están manejando los medios de la capital desde la tardecita del martes.

La investigación fue iniciada por el Grupo de Respuesta Información de Aduana (GRIA), dependiendo de la Dirección Nacional de Aduanas. El día 22 de junio de 2010 en Montevideo se comenzó la investigación mediante escuchas telefónicas autorizadas por el Juzgado Penal de 14º Turno de la capital y se detectaron presuntas maniobras de contrabando en el puente de Salto Grande. La Justicia capitalina declinó competencia para el Juzgado Penal de 4º Turno de Salto en razón del lugar en que se estaban realizando las maniobras investigadas.

Se continuaron las escuchas telefónicas desde noviembre de 2010 a febrero 2011 presumiendo que se estaba ante un delito de contrabando, por lo que se solicitó información al Banco Central sobre giros de dinero.

Es entonces que se detectan giros de comerciantes de Montevideo por Abitab a tres empresarios salteños (por la suma acumulada de dos millones de pesos) desde 2008. Estos empresarios, con la colaboración de funcionarios aduaneros identificados en las escuchas telefónicas, previo pago de dinero, habrían permitido el pasaje de mercadería de contrabando de procedencia argentina. Uno de los tres empresarios sería quien recibía los giros (beneficiario Abitab) y dirigía a los otros en la operativa, pagándoles un sueldo.

La maniobra dataría de hace cinco años. Se detuvo a empresarios de Montevideo, empresarios de Salto, funcionarios aduaneros de Salto, funcionarios de la Dirección Nacional de Migración y funcionarios del MGAP.