La irregular historia de este funcionario se remonta a la época en que Antonio Marchesano estaba el frente de la cartera del Interior. En ese momento, el por entonces oficial principal fue detenido al estar vinculado al robo de ganado y su posterior faena clandestina. Fue procesado y enviado a prisión.
Paralelamente se abrió un sumario administrativo en la secretaría de Estado, que culminó con una suspensión de seis meses en su cargo. Al momento de ocurrir estos hechos el efectivo revistaba bajo la órbita de la Jefatura de Policía de Rivera. El proceso judicial siguió su curso y siendo Didier Opertti ministro del Interior, se conoció la condena, que confirmó su responsabilidad.
Opertti decidió darlo de baja de las filas policiales. Pero el Departamento de Jurídica no advirtió que el funcionario ya había sido sumariado por esos hechos y que la sentencia del magistrado no incluía la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Entonces, el ladrón de ganado con uniforme policial, recurrió su baja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Para llevar adelante su demanda, el individuo obtuvo los servicios como abogado del ex vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, durante la gestión de Luis Alberto Lacalle. Varios años llevó la disputa hasta que el abogado consiguió un fallo favorable, que obligó al Ministerio del Interior (bajo la conducción de Guillermo Stirling) a reintegrarlo al Instituto Policial y a recomponer su carrera.
Esto incluye el pago de todos los salarios dejados de percibir durante largos años, como así también las compensaciones y beneficios sociales. "Es mucha plata", expresaron las fuentes reservadas a las que accedió LA REPUBLICA, que a su vez indicaron que hace unos tres meses finalmente se produjo el regreso del oficial principal.
Rápidamente llegó a subcomisario en virtud de que, al ser dado de baja, ya tenía hecho los pasajes de grado. El hombre recaló en la Jefatura de Policía de Montevideo, siendo designado a la Dirección de Seguridad.
Pero las fuentes revelaron que al momento de que el TCA dispusiera su reingreso, el doctor Aguirre "presionó" para que su defendido fuera asignado a la Jefatura de Policía de Rivera, de la que se había ido procesado por los delitos reseñados. Pero la pretensión no tuvo acogida.
Cuando se produjo su retorno, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) ya tenía en su poder la agenda incautada a uno de los principales de la Zona Franca de Rivera --hoy procesado por asosiación para delinquir y contrabando, entre otros delitos-- la cual contenía teléfonos de policías y aduaneros de la zona fronteriza de Uruguay.
Esta agenda permitió atar varios cabos en las investigaciones iniciadas en Artigas a fines de 2000, y que a la fecha llevan unas 40 personas procesadas por el delito "madre" de asosiación para delinquir. Entre ellas 11 aduaneros, 10 policías, dos ex militares (uno de ellos ex jefe de Policía de Rivera), varios despachantes de aduanas y empresarios.
La organización se dedicaba al contrabando y falsificación de cigarrillos, utilizando varias zonas francas como centros de almacenamiento.
Si bien el nombre del hoy subcomisario caído nuevamente en desgracia estaba en poder de los investigadores, faltaban elementos que recién fueron obtenidos con las incursiones del mes pasado en Rivera, que culminaron con la remisión de nueve funcionarios policiales. Para entonces esta persona era de nuevo funcionario policial.
Ayer, personal de la DNII le comunicó que estaba arrestado y tras elevar la situación al magistrado que sustancia el caso de la "mafia oriental", éste dispuso que sea trasladado de inmediato. El arribo a la ciudad fronteriza estaba previsto para las últimas horas de anoche. Hoy deberá prestar testimonio.
Por otro lado, las fuentes señalaron que sobre el detenido pesa una orden de captura internacional surgida en Brasil, donde se lo imputa de rapiña y robo de vehículos. Este extremo viene siendo analizado cuidadosamente por las autoridades, en virtud de lo que pueda pasar con el subcomisario. Si lograra deslindar responsabilidades de su participación en la "mafia oriental", tendría que ser definida su situación con el vecino país y disponer una eventual entrega a la Justicia. *
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