Isabel Perón fue puesta en libertad provisional

Aclaremos. El reclamo mendocino no se emparenta con la investigación del juez federal Norberto Oyarbide sobre la Triple A, la nefasta Alianza Anticomunista Argentina, que campeó con Juan Perón e Isabel bajo la batuta del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, con nexos fluidos con la Inteligencia y el "partido militar" que asoló más tarde al país.

Acosta investiga el caso de desapariciones en vísperas de la asonada militar, porque se aplicaron decretos leyes inconstitucionales que sirvieron para otorgarle "legitimidad" a la cacería de milicianos, sus aliados o simples disidentes, que antes del 24 de marzo era no sólo una faena de la Triple A sino de la Policía, como el caso mendocino de dos estudiantes que fueron detenidos y jamás aparecieron.

En rigor, el decreto de marras, de "aniquilación", fue firmado por Italo Luder, cuando por haber sido senador nacional remplazó transitoriamente a Isabel. La norma se carga judicialmente a varios ministros de entonces que aún tienen vigencia política, como el ex senador Antonio Cafiero (ya logró ser eximido de prisión mientras sigue el proceso) y Carlos Federico Ruckauf, hoy diputado nacional, razón por la cual no puede ser detenido. Fue segundo de Carlos Menem y gobernador bonaerense.

Va de suyo que si Acosta y Oyarbide pueden avanzar es porque tienen un paraguas político en la postura de Néstor Kirchner frente a los crímenes de lesa humanidad. Salvo Raúl Alfonsín, que procesó a los cabecillas de la dictadura, aunque más tarde defeccionó paralizando con leyes especiales los juicios a los violadores a los derechos humanos, Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde dejaron que la vida siguiera su curso. Sin embargo, desde mediados de la década de 1990 resquicios legales llevaron a prisión a Jorge Videla, sus cómplices y muchos otros represores, sobre todo por el robo de bebés.

Pero siempre quedaba lo ocurrido antes del 24 de marzo de 1976; es la picada que abre el juez Acosta y la que ya produjo Oyarbide. Este ha ordenado detenciones en España y aquí de capitostes de los policías bravos de la Triple A. Ahora, amén de pedir prisión para otro policía, Miguel Angel Rovira, Oyarbide hace buscar por la Policía a Felipe Romero, que en esos tiempos de horror paralelo al peronismo en el gobierno dirigía la revista El Caudillo, que baja línea para el asesinato con este "apotegma": "El mejor enemigo es el enemigo muerto". Nunca, ni en esos tiempos ni más tarde, se le pidió cuentas.

Néstor Kirchner ha dicho sobre la orden de captura dictada contra Isabel: "Nosotros queremos reconciliación, pero con verdad y sin impunidad. Por eso hay que conocer la verdad, sea cual sea. Y no puede haber impunidad para nadie", le dijo a Clarín. "Es una decisión de la Justicia y a mí no me corresponde hablar de eso", sostuvo, en un ejercicio acerca de la división de poderes. También descartó intencionalidad política en esa investigación judicial, tanto como en la que el juez Norberto Oyarbide lleva adelante respecto de la Triple A.

Y dijo además: "Si los jueces entienden que hubo terrorismo de Estado desde antes del golpe militar de 1976, sus responsables también deberán ser juzgados". Admitió que Isabel Perón podía no tener aptitud para controlar a la Triple A, aunque aseguró que las responsabilidades institucionales "nunca pueden ser eludidas". *