"En Uruguay todos los casos de lavado probados tienen que ver con el narcotráfico"

­¿Cuál es su evaluación luego de dos años y medio al frente del Cecpla?

­Nosotros hacemos una evaluación positiva pero sin exitismo, porque por un lado hubo un muy buen esfuerzo y se avanzó mucho en materia de coordinación y además tuvimos algunos resultados, porque el esfuerzo sin resultados no sirve.

Estamos moderadamente contentos y preparando cambios en la parte organizativa, pero está claro que el resultado esperado no es que no haya más lavado, sino que tengamos barreras más altas y que exista la menor cantidad de lavado y de droga posible.

­¿Cuántos casos han sido analizados en lo que va del año por presunto lavado de activos?

­Hasta este momento hemos trabajado en cuatro o cinco casos, todos con distinto grado de certeza y de avance. Destaco el caso de la organización del año pasado que lavaba para narcotraficantes colombianos, por la que fueron a la cárcel más de diez personas; continuamos analizando información y estimamos que la Justicia podría disponer más procesamientos.

­Más allá del resonante caso del año pasado, ¿en qué otros aspectos se está trabajando?

­También han surgido otras situaciones que son muy importantes, porque se trata de narcotraficantes locales respecto a los cuales los jueces han entendido que podría haber lavado y nos han llamado en busca de apoyo y asesoramiento para ver si se registró un enriquecimiento importante en un breve lapso. Entonces, el tema es investigar si hay fuentes legítimas que expliquen ese enriquecimiento o se trata de lavado, siempre tomando en cuenta que ya se ha demostrado una actividad vinculada al narcotráfico.

­¿Cuántos procesamientos por lavado se han registrado en el último tiempo?

­Es muy sencillo: hasta el año 2005, ninguno; en 2005 uno; en 2006 ,14; y alguno más que se podría resolverse este año. Pero hay que tener presente que no hay que salir a cazar brujas ni meter presa a gente porque sí, sino que hay que fundamentar y probar ante la Justicia.

­¿El narcotráfico continúa siendo la principal fuente del lavado de activos?

­A nivel mundial hay discusiones sobre si otras actividades ­como el tráfico de armas o la falsificación de patentes­ llegan a mover la misma cantidad de dinero que genera el narcotráfico, pero como no hay cifras concretas, se trata de estimaciones.

Pero en Uruguay todos los casos de lavado probados tienen que ver con el narcotráfico, aunque en nuestra percepción también se lava plata de otros orígenes, como los casos del proxenetismo y la corrupción, local y regional.

­El jueves, en un seminario sobre lavado realizado en el Edificio Libertad y organizado por Transparencia Uruguay, usted reafirmó la convicción del gobierno de que en Uruguay se lavan activos.

­No tenemos ninguna duda; lo sabíamos de antes, en principio porque se lava en todo el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenemos a favor? En realidad no tenemos mucho a favor sino más bien varios aspectos en contra, porque en algunos períodos se llamaron capitales sin saber de dónde venían.

­¿Existe alguna estimación de cuánto dinero se lava anualmente en Uruguay?

­No hay ningún indicio en Uruguay ni en el resto del mundo. Las estimaciones son todas cuestionadas y van del 2% al 7% del PBI mundial, pero es un margen muy amplio que en realidad no es certero.

­¿Cuál es la principal característica de la Ley de Prevención y Control del Lavado de Activos y de Financiación de Terrorismo que se aprobó en 2004?

­Lo más importante de la Ley Nº 17.835 es que se intenta detectar operaciones que de por sí no son ilegales, como por ejemplo comprar una casa, un negocio o abrir una cuenta corriente. Por lo tanto, es muy complejo detectar el delito porque lo ilegal es el origen de los fondos, y eso le brinda al aspecto preventivo una dificultad muy especial que hace que el Estado le traslade parte de la responsabilidad a actores privados; por eso los bancos, las inmobiliarias, los casinos, tienen la obligación de informar algunas cosas que pasan para que se pueda comenzar a investigar.

­¿Qué aspectos pueden ser mejorables en la Ley?

­Tenemos varias cosas, pero en realidad solamente hemos detectado algunos baches, por ejemplo, que los delitos precedentes al lavado no están todos, pero sí tenemos los más importantes, entre ellos el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas y el proxenetismo.

En relación a los sujetos obligados ­que son los actores privados que también juegan en este proceso­, posiblemente exista alguna duda en el caso del sector inmobiliario, que es un sector de riesgo.

También queremos mejorar la Ley sobre la prevención del terrorismo. De la misma manera, la normativa tiene algunos problemas con los controles en las fronteras de entrada de dinero en efectivo, porque no se prevé de forma clara la retención del dinero no declarado, cosa que permita cobrar las multas e investigar la procedencia de ese monto.

­Usted ha comentado en alguna oportunidad que previo a la asunción del gobierno del Frente Amplio, si las administraciones anteriores no combatieron el lavado de activos no fue por la carencia de medios. ¿Qué se modificó desde el 1º de marzo de 2005?

­Lo primero es que el cambio del marco legal se produjo en setiembre de 2004 y se reglamentó en febrero de 2005. En este tema no queremos aparecer diciendo que nadie hizo nada hasta que llegamos nosotros, sino que cuando llegó el momento de aplicar ese mejor marco regulatorio vino el cambio de gobierno y nosotros tenemos la función de aplicarlo, porque este gobierno tiene la idea firme de combatir este tipo de delitos y lo está haciendo con la importancia relativa que le puede dar en el contexto de todos los problemas generales que tiene el país.

­En comparación con otros países de la región, ¿en qué situación se encuentra Uruguay en el marco de las políticas antilavado?

­Yo creo que se está dando un avance conjunto porque la existencia de organismos como Gafisud (Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica) o el propio Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) están haciendo converger las políticas locales y hay un avance bastante paralelo.

Chile, por ejemplo, que posiblemente haya empezado como nosotros, ha avanzado mucho y actualmente tiene una ley global a estudio del Parlamento.

En el caso de Brasil, hay un trabajo muy serio, pero una situación muy compleja por las dimensiones del país y de la problemática, lo que evidentemente complica la coordinación que se requiere. Argentina recientemente aprobó una ley, pero tiene serios problemas institucionales.

­El trabajo que realiza el Cecpla requiere una importante tarea de coordinación con el Poder Ejecutivo, con la Policía y con la Justicia. ¿Cómo se organiza esa red de comunicación entre los distintos actores?

­Tenemos muchas vertientes. Por un lado, la coordinación en el Poder Ejecutivo a través del Cecpla, donde participan la Presidencia, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Banco Central y el Instituto Técnico Forense. Además, hay una muy buena comunicación con el Poder Judicial y los fiscales, siempre respetando su punto de autonomía.

­¿Cómo se organiza la tarea, tomando en cuenta que no existe formación específica de jueces, fiscales ni policías en este tipo de delitos?

­El asunto radica en que cuando no se tiene una historia de investigaciones de estas características, hay que reconocer que existe falta de capacidad, no sólo de los funcionarios policiales sino que no hay investigadores financieros de campo. Entonces, por un lado, como la Policía siempre participa en estos eventos, hay que formar allí un equipo de gente, pero no se puede pedirle a los policías que sean contadores especialistas y por eso lo importante es crear un equipo en el cual cada uno aporte lo suyo y así capacitar compartiendo conocimientos. *