Premio Nobel solicitó el cese de Sanguinetti de Universidad de la Paz

Según la página web de la UPAZ, la designación del ex presidente uruguayo tuvo lugar el 29 de junio pasado y contó con el visto bueno del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en consulta con el director general de la Unesco, Koichiro Matsuura. Fuentes de Serpaj dijeron a LA REPUBLICA que Sanguinetti es el segundo candidato propuesto para ese cargo. El primero fue el diplomático norteamericano John Maresca, quien fue cesado tras una fuerte campaña internacional en contra de su nombramiento.

La misiva de Serpaj fue dirigida el viernes a la sede de la UPAZ en Costa Rica y firmada por el premio Nobel de la Paz y actual presidente honorario de Serpaj­América Latina, Adolfo Pérez Esquivel, por la coordinadora latinoamericana Ana Juanche Molina y por el abogado Guillermo Payssé (coordinador Nacional de Serpaj en Uruguay). En la carta, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA, se señala que "los antecedentes del Sr. Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz". Agregó que el ex presidente, actual senador de la República, "no sólo fue una figura política decisiva en las negociaciones que llevaron a la salida de la dictadura cívico-militar en 1984; él fue, sobre todo, el artífice de la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y el garante de su implementación durante los primeros 20 años de democracia, a través de sus dos períodos como presidente de Uruguay. Es por eso que en la comunidad de DDHH uruguaya se ganó el apodo de 'campeón de la impunidad'".

En la nota se agrega una reseña histórica de la "conducta" del doctor Sanguinetti en esta materia, en particular durante las negociaciones con los militares en 1984, la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la Ley de Caducidad y el caso Gelman, entre otros episodios de notoriedad.

Por ejemplo, se señala que "durante las negociaciones entre políticos y militares desarrolladas a lo largo de 1984 Sanguinetti se encargó de asegurarles a los dictadores salientes que él como futuro presidente garantizaría que ninguno de ellos tendría que responder por sus crímenes ante ninguna instancia pública. Eso, a pesar de que en la sociedad uruguaya ­como en toda la región­ había un reclamo muy fuerte de Verdad y Justicia; y que en la Concertación Nacional Programática (acuerdo social amplio para el programa de la transición) se aprobó explícitamente el compromiso de investigar y sancionar dichos delitos".

Además, una vez asumida la presidencia, "ignoró todos los acuerdos alcanzados en la mencionada Concertación, y durante sus dos primeros años de gobierno buscó por todos los medios asegurarse las mayorías necesarias para aprobar en el Parlamento una ley de impunidad".

Por otro lado, recuerda que "en diciembre de 1986, y un día antes de que los militares acusados tuvieran que declarar ante un juzgado civil, el Parlamento sesionó con carácter urgente para aprobar la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", que consagraba la impunidad de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De esta manera el Presidente cumplía el compromiso con los militares que ya había anunciado su ministro de Defensa (el mismo general de la dictadura que había negociado la transición, y que había anunciado que ningún militar concurriría a declarar en un juzgado)".

Durante la convocatoria a un referéndum para anular la ley ­iniciativa que al final se frustró­ "el gobierno de Sanguinetti continuó operando por todos los medios para hacer fracasar la iniciativa popular (incluyendo la manipulación escandalosa de la propia Corte Electoral, la mentira y la censura de prensa para desinformar, amedrentar y confundir a la opinión pública)".

"La campaña de desinformación y terror impulsada por Sanguinetti tuvo su fruto en una ciudadanía todavía atemorizada que recién salía de una feroz dictadura, y la ley de impunidad fue ratificada por referéndum en 1989. No obstante, la propia ley de impunidad establecía en su artículo 4º el deber del Poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En una verdadera burla a esa obligación, Sanguinetti encargó la investigación al fiscal militar José Sambucetti (juez y parte en los delitos a investigar), que por supuesto no arribó a ningún resultado", agregó.

"Así, en 20 años jamás un solo militar tuvo que declarar ante un juzgado en Uruguay, ni siquiera como indagado o testigo, y no se promovió ningún tipo de investigación oficial sobre el período de la dictadura. El principal responsable de esa efectiva política de olvido oficial que buscó impedir la elaboración de la memoria histórica (con gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad, hasta hoy) fue Julio M. Sanguinetti", recordó Serpaj. Más adelante, la argumentación se centra en el conocido "caso Gelman", en el que LA REPUBLICA tuvo un rol casi protagónico al obtener información sobre una serie de pistas que conducirían a localizar el paradero de la nieta del conocido poeta argentino.

La carta recuerda que "Juan Gelman obtuvo informaciones extraoficiales de que su nuera había dado a luz en Montevideo, y por eso entre 1998 y 1999 intentó entrevistarse con Sanguinetti para pedirle su colaboración en la búsqueda del bebé. Sanguinetti jamás accedió a esa solicitud, negó conocer cualquier información sobre el hecho y hasta descalificó a Gelman en una respuesta pública donde afirmaba que los hechos mencionados por el poeta eran falsos y que en Uruguay no se habían producido desapariciones forzadas".

"Sanguinetti jamás hizo nada, hasta que al año siguiente, y a pocas semanas de haber dejado la presidencia, la nieta de Gelman fue localizada después de 24 años, y se inició el proceso de restitución de su verdadera identidad. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el apropiador de la joven era un amigo personal y hombre de confianza de Sanguinetti, a quien el presidente había puesto como candidato a senador y nombrado jefe de Policía del departamento de San José", dice la nota.

"Quedó así en evidencia que, mientras le negaba a Gelman los hechos que éste denunciaba, y afirmaba no saber nada sobre el paradero de su nieta, Sanguinetti estaba deliberadamente encubriendo a su amigo el apropiador de la joven, y una vez más operando activamente para garantizar el ocultamiento y la impunidad de los responsables de desapariciones, ejecuciones y torturas, a los que defendió y protegió a cualquier precio durante 20 años". Por lo anterior, "consideramos que el Sr. Julio Sanguinetti no reúne los requisitos éticos para presidir el Consejo de una universidad cuya finalidad es formar a las generaciones jóvenes para que impregnen las políticas públicas, los Estados nacionales y las relaciones internacionales con los valores de la paz y los derechos humanos" y por tanto, "esperamos entonces que la UPAZ revisará esta designación y buscará una persona acorde con estos principios para presidir el Consejo". *