Archivo de la dictadura podría disparar acciones reparatorias, advirtió Berrutti

El Ministerio de Defensa ha descifrado hasta ahora la mitad del total del material. El presidente Vázquez determinará, una vez terminada la labor, qué valor jurídico tendrán los documentos.

La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, confirmó ayer en el Parlamento que el material microfilmado desclasificado hasta ahora "no aportó mucha información". Sin embargo, aclaró inmediatamente que lo descifrado contiene informes de uruguayos detenidos por personal policial y militar, carátulas e historiales de procesados por la Justicia militar y de los no procesados, listado de ciudadanos bajo la égida de categorías "A", "B" y "C", versiones de interrogatorios a detenidos, expedientes varios y grabaciones que contienen las conversaciones que los familiares de los presos políticos mantenían con éstos, fundamentalmente en el Penal de Libertad donde las conversaciones se realizaban a través de un vidrio y mediante un teléfono.

Los 12.000 microfilmes que hoy están siendo desclasificados por dos personas cuya identidad la ministra no quiso develar dentro de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, fue hallada el pasado año en una oficina de una dependencia militar de la calle Dante.

El descubrimiento fue totalmente casual, según reconocieron los testigos. El material se encontraba guardado en cajas de cartón, en muebles ubicados en un despacho que estaba clausurado desde hacía tiempo.

Las características técnicas del material (son microfilmados, un sistema de registro que ya no se utiliza y desde hace años) hicieron demorar la forma en que iban a ser descifrados por lo que Defensa Nacional debió recurrir a un mecanismo complejo para desclasificarlos.

Berrutti señaló que todo el material está siendo transportado del sistema microfilme a compact-disc, y que "una vez terminada toda la desclasificación, su contenido será entregado al presidente Tabaré Vázquez para que sea él quien decida su valor legal".

La ministra de Defensa adelantó que eventualmente el contenido de los microfilmes podría servir en el futuro como "elementos de prueba jurídica" de aquellos uruguayos que se vieron afectados por el aparato represor de la pasada dictadura.

Hasta el momento, la Ley 18.033 aprobada este año es la única que ampara, reconoce y resarce los años de prisión o exilio de los uruguayos durante la dictadura con el fin jubilatorio.

La secretaria de Estado insistió en la "confidencialidad" del contenido del material incautado, por lo que el trabajo de desclasificación se viene desarrollando bajo las más estrictas reglas de silencio.

Antecedentes

Según un informe secreto de 1981 del director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Insp. Víctor Castiglioni y publicado por este diario, Inteligencia Policial fichó al menos a 300 mil uruguayos durante la dictadura y realizó "varios miles de procedimientos de vigilancia" de instituciones "profesionales, culturales, sociales y deportivas". El documento está incluido en las páginas 278 y 279 del Tomo 1 del informe denominado "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848", realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de la República y presentado oficialmente por la Presidencia de la República. Según el mismo, la dictadura dividió a los ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a los antecedentes políticos y al compromiso que tuvieran con "el proceso cívico militar". Los ciudadanos que entraban en las categorías B y C no podían desempeñar ninguna función pública, eran sometidos a vigilancia permanente por los organismos de represión de la dictadura y tampoco podían integrar la directiva de ninguna institución social. Incluso muchas empresas privadas exigieron la "Constancia de Fe Democrática" para ingresar a trabajar y fueron muchos los empresarios privados que se aprovecharon de esta clasificación realizada por la dictadura para limpiar sus empresas de sindicalistas o potenciales sindicalistas. Inteligencia Policial, en conjunto con la Justicia Penal Militar se encargó de controlar la "Constancia de Habilitación para la Función Pública". Esta constancia era un requisito obligatorio para permanecer como funcionario público o para ingresar a trabajar al Estado. Según el informe "en un período de cuatro años se informaron alrededor de 300 mil formularios tanto para la permanencia como para el ingreso a la Administración Pública". El informe también revela que desde 1974 y "a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país, se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones Profesionales, Culturales, Sociales y Deportivas, entre otras".

Paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja ultima los detalles del articulado del proyecto de creación de un "archivo nacional de la memoria", un espacio que albergará ­según la exposición de motivos de la ley­ los relatos, crónicas y hechos de lo vivido por los uruguayos en los 11 años de la dictadura cívico militar. *