"Hubo excesos en la solicitud que tuvieron los médicos que estaban en el Pereira Rossell. Esto genera preocupación porque no queremos que se repitan este tipo de situaciones", indicó Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
"Vamos a tener que reunirnos con las autoridades del Ministerio del Interior para dejar en claro todos los puntos y que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones", aseguró Toledo.
La situación en cuestión se refiere a lo sucedido en el centro hospitalario Pereira Rossell.
En el marco de una actuación de la Justicia en torno a varias clínicas abortivas, la Policía solicitó a los médicos de guardia información sobre pacientes sospechosas de realizarse abortos. Los profesionales se negaron a entregar información y se ampararon en el secreto médico.
"La primera solicitud fue verbal y las otras por escrito. Discrepamos porque en este caso los médicos de puerta deben actuar como peritos, informando si hubo o no un delito, y esa no es nuestra función", indicó el doctor Francisco Cóppola, uno de los involucrados,
"Para que un médico de guardia informe sobre un hecho delictivo tiene que violar la confidencialidad. La Justicia no le puede pedir a un médico que cometa un delito", afirmó Cóppola.
Por su parte, el abogado penalista Gabriel Adriazola informó que, según el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, "el testimonio bajo violación de secreto profesional es nulo".
Cóppola afirma que ellos deben atender la salud de los pacientes y no ser auxiliares de la Justicia.
Según los médicos, la violación del secreto profesional llevaría a que los pacientes no concurran al médico por temor a ser denunciados, poniendo en peligro su salud.
Cóppola también recalcó que la confidencialidad es compartida por todo el equipo de salud, incluida la dirección del hospital. Esta incurriría en un delito si envía a la Justicia las historias clínicas de los pacientes sin la autorización de éstos.
Los médicos también realizaron una autocrítica.
En el pasado era común que los profesionales denunciaran a la Justicia cuando sus pacientes se realizaban un aborto, sin cuestionarse si estaban incurriendo en una violación de la ética médica.
"Nos debemos primero que nada a las pacientes que consultan y la confidencialidad con ellas es innegociable", aseguró el doctor Leonel Briozzo.
"Nos preocupa que con lo sucedido se incremente el riesgo de que las mujeres más vulnerables no acudan al hospital por miedo a ser denunciadas", agregó.
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