El curso del devenir político sigue siendo intenso. Los hechos importantes se suceden unos a otros con vertiginosa rapidez.
Por un lado, en los acuerdos ministeriales realizados en el día de ayer, como se suponía, cobraron forma explícita y concreción algunos de los ejes clave de lo que será la acción del gobierno.
Todo parece indicar que se reafirma la línea anunciada antes de las elecciones en el sentido que el nuevo gabinete empezará a desarrollar con la celeridad que la situación del pueblo exige los planes destinados a resolver el conjunto de situaciones de emergencia que atraviesa la sociedad uruguaya.
Los avances proyectados en distintos terrenos, de concretarse en un lapso más o menos breve, tendrán un efecto altamente estimulante para el ejercicio de la ciudadanía por parte de los uruguayos.
No estamos pensando aquí en términos de un crecimiento del apoyo al partido que gobierna sino de algo más trascendente y duradero que es el acercamiento de contingentes mayores del pueblo al quehacer político, a la vida de los partidos, a la elaboración de las leyes.
Esta ampliación del interés público por los partidos y por la política, por el Estado y por el Parlamento, es un factor positivo en una sociedad que durante decenios estuvo gobernada por una elite de tecnócratas y políticos logreros que actuaron de espaldas a la opinión ciudadana.
Las fuerzas progresistas deben apoyarse en este incremento del interés por la cuestión política apuntando a transformarlo en formas efectivas de participación, a través de los mecanismos de la descentralización, del diálogo con los protagonistas, el fortalecimiento de la vida parlamentaria y la transparencia en las decisiones públicas.
En vísperas de la inauguración de una nueva administración, que presumiblemente también será frenteamplista, en Montevideo, deben darse pasos de siete leguas en el fortalecimiento de la descentralización y la desconcentración administrativa dando un nuevo impulso al proceso iniciado hace quince años, en la primera administración presidida por el doctor Tabaré Vázquez.
El estado de efervescencia política sin duda se verá alentado por las medidas del nuevo gobierno y por las elecciones municipales del 8 de mayo que se realizarán en todo el país, compulsa electoral que marcará un primer indicio del estado de la opinión frente al estilo y las realizaciones del nuevo gobierno.
Todo parece indicar que el mapa político del país se seguirá tiñendo con los colores rojo, azul y blanco que son hoy el emblema del progresismo uruguayo.
Asimismo, todo parece indicar que ante un Partido Nacional que todavía mantiene grandes expectativas sobre su posible participación en el gobierno de los entes autónomos, en varios departamentos, empezando por Montevideo, los colorados se proponen liderar la oposición.
No resulta difícil pronosticar que la recuperación del viejo partido de la Defensa no será "soplar y hacer botellas". Los reveses electorales han sido muchos y muy graves, y el partido, con su estructura y su aparato dominados por el oficialismo conservador no parece dispuesto a abrirle paso a los sectores críticos de izquierda, o al menos del centro.
Por el contrario, la opción parece ser aglutinarse en torno a la candidatura de Bordaberry hijo, un político carente de brillo, perteneciente a un linaje que ha sido funesto para la democracia y las libertades en el Uruguay. Y del cual él, siendo ministro de Turismo del gobierno pasado, se mostró solidario acompañando a su padre, el dictador Juan María, cuando éste debió comparecer ante la Justicia para dar cuenta de sus delitos contra la patria y sus responsabilidades y las violaciones a los Derechos Humanos durante su presidencia.
El cuadro general, pues, se ofrece rico y variado para el debate y la memoria y para seguir avanzando en los procesos de reorganización popular que hagan posible una mayor descentralización y una más efectiva participación popular en la toma de decisiones. *
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