El lunes a las 5.00 de la mañana de Montevideo comenzarán en La Haya las audiencias fijadas por la Corte Internacional de Justicia para resolver acerca del pedido de Uruguay de una medida cautelar que permita "prevenir o dar por terminados" los cortes de ruta.
Fuentes del gobierno informaron que el equipo jurídico de la Cancillería y los abogados internacionales que representan al país ya culminaron la estrategia que se desarrollará, para obtener esa ordenanza que obligue a Argentina a cambiar su actitud respecto a los bloqueos.
Según afirmaron, el núcleo central de la presentación es mostrar cómo la omisión de acciones, e incluso declaraciones de algunos integrantes de la administración de Néstor Kirchner se oponen al pedido realizado por la CIJ en junio pasado de que ambos países se abstuvieran de "agravar" el conflicto mientras se sustancia el juicio.
Los detalles de la estrategia se mantienen en reserva, pero se pudo saber que abarcará además del recitado de numerosas normas regionales e internacionales que garantizan la libre circulación, notas de prensa que testifican del incremento de la tensión en el diferendo, documentos que detallan las pérdidas económicas ocasionadas por los cortes, y sus proyecciones para la próxima temporada.
En sí se planea demostrar cómo Argentina tiene una "responsabilidad internacional" por haber desconocido el fallo dictado por el Tribunal ad hoc del Mercosur, que en setiembre calificó los cortes de ruta como ilegales y violatorios del Tratado de Asunción, al tiempo que recomendó la adopción de acciones para evitar la reiteración de los mismos.
En la solicitud de la medida cautelar presentada a la CIJ el pasado 30 de noviembre se explicó que "Argentina no tomó ninguna acción preventiva frente a estos bloqueos, a pesar de que fueron profusamente anunciados, violan la ley local y que Uruguay reclamó" por ellos en varias oportunidades, lo que será demostrado con copias de las notas remitidas al gobierno argentino y a organismos internacionales.
Asimismo se subrayó que el gobierno vecino tiene una actitud diferente cuando los piquetes perjudican el tránsito en otras zonas de su país, señalando que en esos casos "sí usó su poder coercitivo legal para prevenir o poner fin a otros bloqueos ilegales en puentes y rutas".
Por ello los juristas además de calificar esa actitud como "permisiva" consideran que contiene una dosis "de mala fe".
En esta línea remarcarán que el gobierno argentino, si bien aumentó sus declaraciones públicas contra los cortes, hubo sin embargo afirmaciones de funcionarios del gobierno, como el propio primer mandatario, el canciller Jorge Taiana o la ministra de Medio Ambiente, Romina Picolotti, que "inevitablemente animaron" a los asambleístas a instalar los cortes que el pasado fin de semana aislaron totalmente a Uruguay por 45 minutos. Cabe señalar que las ordenanzas de la CIJ son obligatorias pero no existen mecanismos para asegurar su aplicación, dependiendo esto del sentido de honorabilidad de los países involucrados.
En un caso extremo, la normativa de la CIJ prevé que la nación afectada solicite la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para que se cumpla con la disposición. Fuentes del gobierno descartaron que Uruguay llegue a recurrir a ese organismo para asegurar la libre circulación.
El jueves, mientras los agentes y abogados de Uruguay emprendan viaje hacia La Haya, el canciller Reinaldo Gargano y el ministro Danilo Astori reclamarán en Brasilia al Consejo del Mercado Común del Mercosur que adopte una postura definitiva respecto a los bloqueos y solicite a Argentina que actúe en consecuencia para evitar los perjuicios económicos que los cortes provocan, tanto a nuestro país como al resto de la región.
La obtención de esa declaración es poco probable, debido a que requiere ser aprobada por unanimidad, y difícilmente los representantes argentinos voten en su contra.
En lo que ya parece un envío de notas sin fin esta semana el gobierno remitirá una nueva protesta escrita por los cortes de ruta. Esta vez el destinatario será la Organización Mundial de Turismo, razón por la que la misiva se centrará en el perjuicio que los bloqueos a los puentes ocasionan a la actividad turística uruguaya.
Dado que la OMT cuenta con representantes en la CIJ, el planteo servirá para reforzar la solicitud de medidas cautelares efectuada al Tribunal.
Al anunciar el envío de la nota, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, recordó que "Uruguay cuenta con un bagaje documental de primera importancia para constituir el fundamento técnico, jurídico y político de la posición uruguaya". *
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