Goldaracena: "No hay leyes inmutables, todas son hijas de su tiempo histórico"

-¿Cuáles son los motivos esenciales que han llevado a esta iniciativa de anular la Ley de Caducidad?

-Consideramos que nació nula, no fue convalidada por el referéndum y sigue siendo ilegítima. Es una ley nula porque adolece de vicios sustanciales que, desde el punto de vista jurídico, la invalidan por el propio mandato del derecho. En primer lugar, viola normas inderogables del derecho internacional, referidos a los derechos humanos, que dicen que frente a crímenes de lesa humanidad cometidos desde el gobierno de un Estado no pueden dictarse disposiciones internas que obstaculicen la persecución o el juzgamiento. En segundo lugar, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ya fue constatado por los organismos de contralor regional. Para casos similares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que este tipo de leyes carecen de valor jurídico y deben ser removidas. Este fundamento fue utilizado, por ejemplo, por el gobierno argentino para declarar nula la Ley de Obediencia Debida y Punto Final.

-¿Y desde el punto de vista del derecho interno?

-Es notoriamente inconstitucional y claramente nula. Hay un argumento ilevantable. La ley reconoce como fuente de la caducidad la presión militar. Lo dice su propio texto. Yo digo que está redactada con una especie de enigma: "Léanme bien y cuando lleguen los tiempos históricos declárenme nula". Dice: "Reconócese que, por la lógica de los hechos...". El propio Gonzalo Aguirre, siendo senador, admitió, en el debate parlamentario, que "estamos reconociendo, estamos declarando algo que ya existe, algo que preexiste". O sea, algo que es anterior a la ley: "No podemos traer a los militares a los juzgados". La lógica de los hechos no es fuente de derecho. La presión militar no crea válidamente derecho, ya esté situada en el pacto del Club Naval o en las primeras indagatorias a los militares en 1986. El mismo texto de la ley está reconociendo su ilegitimidad. Por otra parte, violenta la separación de poderes: claramente es el Poder Ejecutivo el que decide qué casos se juzgan y qué casos no. Algo más: se reconoce por los legisladores de la época, cuando se sanciona, que la ley es votada bajo amenaza de desacato institucional. O sea, es votada para evitar que los militares vayan a los juzgados, lo que echa por tierra alguna tesis que ha circulado últimamente y que señala que hubo una salida simétrica a la dictadura. Es mentira, históricamente no fue así. La ley de amnistía para presos políticos excluye expresamente los delitos cometidos amparados en el aparato del poder durante la dictadura. El mismo Parlamento, cuando los primeros militares son citados a declarar, bajo presión, entre un miércoles y un lunes, dicta la ley de caducidad. No podía dictar una amnistía porque ya los había excluido de la amnistía. Y crea este mamarracho jurídico, con ese enigma incorporado que yo digo. Desde el punto de vista jurídico los argumentos son sólidos y contundentes. Y este debate comienza a plantearse cuando el Poder Ejecutivo considera la posibilidad de interpretar jurídicamente esto; allí, cuando fuimos consultados con otros juristas, dijimos: "Si se va a debatir sobre la juridicidad de la ley de caducidad lo que corresponde, desde nuestro punto de vista, es aplicar el derecho plenamente y declararla nula con efecto general, hacer de cuenta que nunca existió". Por otra parte, hay un argumento de razón política y ética; yo creo que todo modelo de convivencia tiene que estar asentado en principios reconocidos por la comunidad sobre los cuales transitar. Cualquier sociedad estructura sus normas de convivencia obligatorias generando consensos sobre los valores que cimientan esa convivencia. En el Uruguay debemos sincerarnos y definir cuáles son los valores sobre los cuales queremos asentar nuestro estado de derecho. Y aquí tenemos dos opciones: o realmente generamos un estado de derecho democrático pleno, donde no existan encadenamientos con los poderes de la dictadura, o seguimos conviviendo en un estado de derecho democrático rengo. La justicia, para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, es un valor innegociable del modelo cultural de una democracia. Desde el punto de vista político, siempre existen tiempos para la reconstitución social. En Uruguay, durante veinte años, hubo un silencio absoluto, se apostó a la mentira, al ocultamiento, al "aquí no ha pasado nada". Pero pasan veinte años, cambia el signo político del gobierno, cambia la política en relación a verdad y memoria y el país empieza a conocer el pasado. En octubre del año pasado se conoce el informe de la Fuerza Aérea por el cual se acepta que existieron vuelos clandestinos, lo que califica como crimen de lesa humanidad. Hay una nueva realidad. El pleno de la sociedad tiene absoluta legitimidad para exigir una respuesta definitiva en relación a la violación de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura, como una forma de reconstrucción social.

Un parlamento forzado

-En un reportaje de hace unos meses, el doctor Gervasio Guillot sostuvo que era posible la anulación, aludiendo a un artículo del llamado "código madre", o sea el Código Civil...

-El vicio en el consentimiento...

-Exacto, el vicio en el consentimiento. ¿Esa es otra de las razones que usted maneja?

-Es una de las razones, sí. Está incorporado en nuestra argumentación. Es un hecho notorio que la ley de caducidad fue sancionada bajo explícita presión militar, lo que de por sí alcanzaría para considerarla ilegítima desde el punto de vista jurídico. Pero, vea, hay una declaración de Alberto Zumarán, durante aquel debate parlamentario, donde dice expresamente: "Todos sabemos que el lunes se va a consumar un hecho que ha sido previamente anunciado. Ocurre que los señores militares han resuelto corporativamente no ir a declarar ante la Justicia". Por tanto, es claro que existió un vicio en el consentimiento. El parlamento fue forzado mediante un procedimiento intimidatorio a dictar la ley.

-Ahora bien, si es tan claro, ¿por qué aparece en el escenario algún jurista de nota, de cuyo pensamiento progresista y compromiso con la Justicia no se puede dudar, como el senador Korzeniak, insistiendo en que constitucionalmente no es posible la anulación?

-Tuvimos un debate jurídico en Salto, en la Universidad del Norte, donde en realidad coincidimos con el senador Korzeniak en que la ley es ilegítima y nula. El tenía algún pensamiento diferente en relación a la cuestión instrumental. Creo recordar algunos aspectos de la posición de este ilustre jurista y amigo y voy a intentar contestarlos. En primer lugar, en Uruguay existen antecedentes históricos de declaración de nulidad de leyes por la vía legislativa, aunque no esté previsto en la Constitución...

-Que es precisamente lo que él dice...

-Pero cualquier órgano que dicta un acto, constatado que ese acto es ilegítimo, por un vicio de fondo o de forma, tiene la potestad jurídica de declararlo nulo, aunque no esté en la Constitución. Al punto tal que el Parlamento uruguayo, en el año 2000, declaró la nulidad e inexistencia nada más y nada menos que de la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor. Y dictó otra ley con el mismo contenido. El otro tema es que el hecho de que la ley no haya sido removida por un referéndum no la convierte en una superley. No hay ninguna norma en la Constitución que diga, precisamente, que luego de un referéndum la ley se convierte en una superley. Ninguna ley es inmutable. Todas dependen de sus tiempos históricos. Y hablando del referéndum, hay algo que me parece significativo: el referéndum fue la expresión de soberanía popular directa, pero luego se suscitaron otras expresiones de soberanía popular directa, eligiendo los representantes de la República y cambiando las autoridades varias veces. Hoy, frente a hechos nuevos, al conocimiento todavía escaso -pero fuera de dudas- que se tiene de las violaciones a los derechos humanos, queda en evidencia que la ley es nula. Y consecuentemente, la soberanía popular ejercida en las urnas tiene plena legitimidad para declarar nula por vía legislativa a la Ley de Caducidad. Además, en materia de derechos humanos, yo entiendo que debe primar el derecho. Es como la cuestión de la esclavitud: si en el Uruguay se restablece la esclavitud y se somete a un referéndum y resulta que la gente está de acuerdo, desde el punto de vista jurídico yo preguntaría si es válido. No se necesita ser abogado para llegar a la conclusión de que violenta principios esenciales que están por encima de las disponibilidades de los Estados. Entonces, eso es ontológicamente nulo. Y la caducidad es un asunto similar.

Reinserción y educación

-El senador Korzeniak también aludió a otro aspecto, ya no se índole jurídica. En su opinión, anulada la Ley de Caducidad, habría menos posibilidades de obtener información aún necesaria de los militares...

-En este tema político yo tengo una postura muy clara y muy convencida. Primero, no creo que con la ley vigente se haya avanzado mucho; hay más de doscientos desaparecidos que no se sabe qué pasó. En segundo lugar, es esencial, para consolidar políticamente la democracia y el estado de derecho, que se declare nula la ley porque, además, serviría para la definitiva reinserción de las Fuerzas Armadas. La cuestión militar no está ajena a esto, como lo señalaba el senador Korzeniak. Yo creo que es al revés. Declarada la nulidad de la Ley de Caducidad debe ser la Justicia la que se encargue de determinar si existieron o no, y en qué grado, violaciones a los derechos humanos que califiquen como crímenes de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo serviría para que, dentro de las Fuerzas Armadas, las generaciones actuales no carguen con el estigma de las generaciones anteriores. Cuando no se puede distinguir al victimario, al que causa la violación de los derechos humanos, la sociedad o la víctima lo asocian con el estamento al cual pertenece. Y yo creo que le hace mal al modelo institucional democrático que la declaración de nulidad no haya sido pedida por las propias Fuerzas Armadas. Deberían ser ellas mismas...

-Una autodepuración, si le entiendo bien...

-Claro, aquellos que sí, efectivamente, estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, no son dignos de ocupar una función pública.

-Está bien, pero advierta que ahí ha estado todavía muy presente la generación responsable, que recién comienza a desaparecer...

-Sobre esto hay una reflexión muy interesante. Cada sociedad tiene sus propios tiempos históricos. Mientras que en otras sociedades, como pasó en la Argentina, por ejemplo, los juicios a las Juntas, inmediatamente de asumir Alfonsín, determinaron que la gente se enterara de lo que había ocurrido. En el Uruguay no pasó así. Recién está pasando ahora. Y es entonces ahora que comienza un tiempo histórico diferente, en el cual se deben remover aquellos anclajes que todavía quedan en la dictadura para consolidar un estado de derecho y una institucionalidad plena.

-¿Y qué piensa de la oposición de algunos dirigentes históricos, caso Fernández Huidobro, a la nulidad de la ley?

-Yo he advertido un divorcio entre lo que piensan algunos dirigentes políticos y lo que piensan los militantes de base y la gente común. Eso lo puedo constatar en todos los actos que estamos llevando a cabo. Además, creo que todavía existen silencios que son reflexivos. Y yo apuesto a que sean silencios reflexivos que, tarde o temprano, asuman la necesidad de asentar la democracia sobre valores. Esto está por encima de partidos políticos, de coyunturas políticas. Los derechos humanos son aquellas condiciones esenciales para que una persona, en su corto tiempo vital, puede realizarse plenamente, encontrar su vocación, definir su rol en la sociedad, libre física y psíquicamente. E insisto, en un corto tiempo vital, porque dentro de ciento veinte años no vamos a estar ninguno de nosotros. Esas condiciones existen; tenemos que hacerlas realidad en nosotros y en nuestro pueblo. Y en función de ese modelo tenemos que construir las normas de convivencia. ¿Qué valor le vamos a dar a la justicia frente a crímenes de lesa humanidad?

-Hay allí un punto clave: educación en valores. Ahora que el debate educativo está encima de la mesa, y más allá de valores que pueden ser solidaridad, tolerancia, libertad, justicia, etcétera, ¿cuándo debe empezar esa educación? ¿En la más tierna infancia, en los primeros niveles escolares?

-Totalmente de acuerdo...

-¿Pero es posible trasladar a esos niveles temas como los conceptos de justicia, de libertad, de equidad?

-Es que esos valores son los que sustentan, a mi juicio, los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son sólo los civiles y políticos: también son los económicos, los sociales, los culturales. Un todo interdependiente e indivisible, donde no hay vigencia de un derecho sin la vigencia del otro. Sobre esos valores no deberíamos tener discusión, porque ya están incorporados jurídicamente. Es una obligación jurídica para los Estados aplicar políticas públicas para la consolidación de esos valores. Pero debemos ser conscientes de eso. Los Estados deben ser conscientes de que tienen que estructurar políticas públicas en esa dirección, y la ciudadanía debe ser consciente de que esos son los valores de referencia para la convivencia. La educación en valores debe transversalizar permanentemente toda la vida. Y eso requiere políticas públicas no sólo para la educación. Todas las políticas públicas deberían estar transversalizadas por los derechos humanos en esa concepción. Hablando de crímenes de lesa humanidad, y de la justicia, es como el caso del padre que castiga a sus hijos o que viola a sus hijos. Es el que tiene el poder, al que le dimos ese poder, se lo delegamos, y lo usa ilegítimamente contra los ciudadanos. En esos casos, la forma de prevenir que no vuelva a ocurrir es que no existan obstáculos para su persecución penal. La nulidad de la Ley de Caducidad sería un mensaje ético contundente. Sería algo coherente con lo que el Parlamento acaba de sancionar por unanimidad: la ley de crímenes de lesa humanidad. Ahí se están construyendo valores para el futuro.

-Volviendo al tema de la escuela. Si hay que crear una nueva sociedad y hay que empezar desde los primeros niveles, ahora que se está debatiendo la educación, ¿existe el riesgo de que no aprovechar las circunstancias históricas para incorporar ya estas cuestiones?

-Yo tengo esa preocupación. No existe todavía una real conciencia de la necesidad de transversalizar el tema de los derechos humanos en todas las políticas públicas. En educación, hay que destacar el gran esfuerzo que muchos educadores están haciendo para incluir estos temas. Educar en derechos humanos desde la más tierna infancia implica generar conciencia sobre los valores que hacen a la convivencia. Porque no se trata solamente de la educación a nivel formal; esto la trasciende. La educación en valores requeriría políticas públicas tendientes a la realización de todos los derechos humanos: que excluyan la pobreza, cultural y económica, que generen condiciones dignas para todos los uruguayos. Sólo de esa forma se eliminaría la inequidad, la injusticia social y permitiría generar, desde los propios lugares, conciencia en los valores sustanciales. Uno de los errores que cometemos es pensar que la escuela es la única que soluciona los problemas educativos. No es así: educamos todos a nivel de sociedad. A veces excluimos nosotros: llamamos barrios peligrosos a barrios que están en peligro, o llamamos grupos etarios peligrosos a grupos etarios en peligro. Por eso tenemos que imaginar un modelo de convivencia asentado sobre los derechos humanos y pensar que estos tienen la función real de ser una alternativa de referencia política, por encima de las diferencias partidas. Una política de Estado, una nueva mística, una espiritualidad diferente para encarar las cuestiones públicas y también para encarar la vida diaria.

-¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Sobre todo con los masivos, como la televisión abierta. También pueden educar y formar o maleducar y deformar.

-Los medios son un instrumento fundamental para generar la crítica social. Deben funcionar de una manera libre como forma de generar una masa crítica social. Son conformadores de opinión pública. Por tanto, todos deberíamos ser conscientes de que una cultura sobre valores no puede dejar afuera a los medios de comunicación. Si realmente tenemos interés en generar un debate sobre los valores, los medios, tarde o temprano, lo van a terminar asumiendo. Debe haber una pluralidad de medios; deben convivir los comerciales con aquellos otros comunitarios, sin fines de lucro, que sean realmente expresión de las bases de la sociedad y de sus intereses. Debe generarse una amplitud de medios y una amplitud de opciones para la sociedad, para que pueda aprovecharlos a todos. Ahora, lamentablemente, se está generando una brecha digital, entre comillas, porque a la nueva tecnología acceden aquellos que tienen más. Y las nuevas tecnologías de la comunicación son las que permiten una mayor cantidad de opciones a la hora de elegir. Pero esto está restringido a un círculo pudiente. Entonces hay que democratizar los medios de comunicación y la tecnología. En una política de Estado en relación a valores, los medios estatales deben cumplir un rol fundamental y comprometido. No pueden estar ajenos. Pero hay otras cosas además de los medios: está el acceso de la ciudadanía a la posibilidad de comprar libros, por ejemplo. Es parte del derecho a participar de los beneficios de la cultura. Hay que generar políticas alternativas para que eso también sea posible. *