Fallo volvió a sacudir sistema político

En la víspera se conoció el fallo de la jueza Graciela Gatti, quien determinó procesar a Bordaberry por diez delitos de homicidio que se suman a los de los ex legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y los dirigentes de izquierda William Whitelaw y Rosario Barredo. En tanto que se determinó la prescripción de la causa por violación a la Constitución de la República.

El hecho generó repercusiones dispares en el sistema político. Desde la izquierda, el senador Víctor Vaillant (Espacio 609) dijo que "la Justicia está actuando en forma libre e independiente", y acotó que "anteriormente no se le había permitido actuar".

Según el legislador, el procesamiento que se ha dado por distintas responsabilidades en hechos delictivos "procede en la medida que ellos existieron".

En cuanto a la determinación de la Justicia sobre la prescripción del delito de violación a la Constitución, lo que ha impedido que también sea procesado por ese ilícito, ello plantea a la sociedad uruguaya "la responsabilidad de haber dejado que esos delitos caducaran porque el tiempo pasó sin que se hubiera llevado adelante el juicio correspondiente".

"Hace más de 20 años que recuperamos la democracia y recién estamos comenzando a observar cómo la Justicia actúa y lo hacemos con satisfacción, pero a la vez estamos reconociendo que en esos años no se ha actuado", señaló Vaillant.

Para el parlamentario oficialista, "no es casual que la Justicia, que no actuó en el pasado, ahora sí lo haga y ello es porque hay un gobierno que permite su actuación", acotó que "puede haber quien considere que esto es coincidencia, pero está claro que no lo es".

El hecho de que el Poder Ejecutivo haga una interpretación "distinta" de la Ley de Caducidad ha permitido que la Justicia pueda actuar y, a la vez, se está demostrando la "monstruosidad jurídica de esa norma más allá de su aplicación, porque ella permite que sea el Poder Ejecutivo de turno el que en función de sus consideraciones políticas, no jurídicas, determine si la Justicia puede o no actuar".

Por su parte, la senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) dijo que la decisión de la Justicia determina la "confirmación de denuncias que hace mucho tiempo se vienen haciendo y de causas que pacientemente se fueron abriendo y que ahora llegan a su fin".

"Vamos llegando a algo tan reclamado y comprometido que es la búsqueda de la justicia y que ella se vaya plasmando", añadió Percovich.

"Elementos políticos en la Justicia"

Por su parte, el ex presidente de la República, Jorge Batlle, aclaró ayer a LA REPUBLICA que desconocía la sentencia y por ello no podía hacer declaraciones sobre su naturaleza. De todas maneras dijo que si los fundamentos son los mismos que se tuvieron en cuenta para el anterior procesamiento, los delitos para existir como tales tienen que concluir con la formas que el Código Penal en cada caso establece.

"Por cualquier delito de cualquier naturaleza, el Código Penal exige una precisión absoluta de la determinación de las circunstancias que se encuadran dentro de la descripción del delito. Por tal motivo, en nuestro gobierno teníamos un proyecto de ley que iba en contra del abuso de funciones, que viene del código fascista de 1934, y que no se aplicó nunca", señaló.

En ese sentido, el ex mandatario agregó que "alguien puede ser pasible de un juicio por el cual se condena a una persona por abuso de funciones y el mismo juez que lo condenó, en otro caso similar puede decidir que no ha habido abuso de funciones. Es decir, la exigencia mínima que tiene que tener el Código Penal es la descripción del delito y las pruebas tienen que ajustarse a eso, si no todos seríamos pasibles de incurrir en ese tipo de faltas". En algún momento "un funcionario jerárquico de cualquier administración puede cometer una defraudación, y un juez determinar que es impensable que el ministro del que ese funcionario depende, no supiera lo que su subordinado estaba realizando y lo manda preso por coautor", explicó el mandatario.

"Por tanto, los elementos políticos siempre juegan, pero parecería que no deberían jugar en la Justicia, en la cual deberían jugar elementos precisos establecidos por los códigos, porque si rompemos eso, mañana se aplicará a otro, a un tercero o a cualquiera, y ello es malo para una sociedad", sentenció Batlle.

Por lo cual, indicó que es importante "resguardar" las normas jurídicas esenciales que aseguran la convivencia democrática. Por otro lado, Batlle dijo que las apreciaciones políticas de acuerdo a las circunstancias que se vivieron en Uruguay por el golpe de Estado de 1973 "todos las vamos a compartir", y acotó que él creía que era el juicio por violación a la Constitución "el que no tenía forma de ser evitado, porque nadie duda que Bordaberry dio el golpe de Estado".

"Dudas sobre la figura delictiva"

En tanto, el senador nacionalista, Gustavo Penadés espera que el procesamiento de Bordaberry "sirva como un elemento más para tratar de dar vuelta la página y poder mirar definitivamente hacia el futuro". Además, señaló que en toda sociedad organizada "jamás debe confundirse justicia con venganza".

Si bien dijo que sobre el procesamiento, desde el punto de vista técnico, no le compete emitir juicios, de todas maneras "como una persona que defiende a ultranza el estado de derecho", señaló que le quedan "dudas" sobre la figura delictiva "porque la coautoría de homicidio es discutible ya que si no se conoce el autor de los hechos es muy difícil que se pueda demostrar quién fue el autor material".

Mientras que para el senador blanco, Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) corresponde "respetar" el pronunciamiento del Poder Judicial. Manifestó que si hay un responsable principal del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y de las consecuencias que ello tuvo, "fue Juan María Bordaberry".

Por otro lado, dijo que la definición jurídico-penal corresponde al Poder Judicial a la que su sector se ajustará siempre. Finalizó diciendo que jamás se le ocurrió a los redactores de la Ley de Caducidad "incluir como beneficiarios de sus disposiciones a los civiles, quienes estuvieron expresamente excluidos de la misma, por lo cual "tampoco se puede invocar esta ley para pretender una presunta falta de responsabilidad". *