La caducidad de la lógica de los hechos

Tres años después, la norma fue refrendada en un referéndum. Durante los primeros 12 años la ley amparó toda denuncia contra la dictadura y no se cumplió el artículo 4 que ordenaba esclarecer los hechos. Recién se creó una comisión para investigar en el gobierno de Batlle, quien terminó aplicando la ley en el Caso Gelman. Con Tabaré Vázquez, se aplicó una nueva interpretación jurídica que habilitó la reapertura de causas que derivaron en el encarcelamiento de violadores de los derechos humanos. Sin embargo, la Ley 15.848 mantiene una "caduca" vigencia que distintas organizaciónes exigen eliminar a través de su anulación.

El 22 de diciembre de 1986, hace exactamente 20 años, el Parlamento uruguayo sancionó la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Nº 15.848) con la que el sistema político uruguayo institucionalizó el desacato militar, cuando los mandos castrenses dieron respaldo a oficiales que se negaron a comparecer ante la Justicia civil.

La Ley de Caducidad, o ley de impunidad, fue el último capítulo de una serie de trabas jurídicas y políticas que el gobierno de Julio María Sanguinetti puso a la Justicia penal cuando las víctimas comenzaron a realizar denuncias sobre crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen cívico militar.

Las primeras causas presentadas ante el reinstitucionalizado Poder Judicial sufrieron, primero, contiendas de competencias por parte de la Justicia militar, lo que derivó en lentos trámites de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros también habían sido designados poco antes en acuerdo político entre los partidos tradicionales.

En esos días de diciembre de 1986, el senador frenteamplista José Germán Araújo (Democracia Avanzada) había realizado una serie de denuncias sobre casos de violaciones a los derechos humanos y en un par de causas resultaba inminente la convocatoria de oficiales en actividad y retiro para que fueran a declarar ante la justicia penal.

Las citaciones judiciales ­que implicaban, entre otros, al coronel José Nino Gavazzo­ fueron enviadas a la sede del Comando del Ejército, donde las recibió el teniente general Hugo Medina, quien las habría guardado en una caja fuerte, a la vez que desde el gobierno se hacía trascender que el desacato militar implicaba una crisis institucional.

La lógica de la caducidad

El Partido Colorado propuso, sin éxito, una ley de amnistía para los militares y en esa situación, el Partido Nacional, liderado por Wilson Ferreira Aldunate, decidió presentar un proyecto de ley, redactado por el diputado Martín Sturla, con el que se procuraba salir de la crisis y se cobraba al Frente Amplio el "precio político" de haber firmado el Pacto del Club Naval.

En 1984, los blancos no habían concurrido a las negociaciones en el Club Naval donde los militares y los partidos Colorado, Socialista (no se había desproscripto al Frente Amplio), Demócrata Cristiano y Unión Cívica aceptaron realizar elecciones con candidatos proscriptos, entre ellos Ferreira Aldunate del Partido Nacional y el general Líber Seregni del Frente Amplio.

La ley decía que por la "lógica de los hechos" del acuerdo en el Club Naval y "a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden institucional ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

Quedaban expresamente excluidas "las causas en las que, a la fecha de promulgación de la ley, exista auto de procesamiento" y "los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico". Además, se creaba un mecanismo por el cual el juez interviniente debía requerir al Poder Ejecutivo si el hecho investigado estaba comprendido en la caducidad y clausurar y archivar las actuaciones.

Un cuarto artículo afirmaba que el Poder Ejecutivo dispondría investigaciones destinadas al esclarecimiento de los hechos para dar cuenta a los denunciantes de la información obtenida. Otros doce artículos de la ley referían al sistema de ascensos dentro de la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas.

Votada, refrendada y ejecutada

La Ley de Caducidad se presentó el 20 de diciembre en la Cámara de Senadores, donde cuyo proyecto fue presentado por Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle, Dardo Ortiz, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos y Alberto Zumarán. Al día siguiente, el texto fue llevado a la Cámara de Representantes. En ambas fue aprobada.

La Ley de Caducidad fue promulgada el mismo 22 de diciembre por el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en acuerdo con los ministros de Defensa Nacional, Juan Vicente Chiarino, del Interior, Antonio Marchesano, y de Educación y Cultura, Julio Aguiar.

Ante la aprobación de la ley se convocó a un referéndum para derogar los cuatro primeros artículos de la norma. Durante un año una comisión recabó más de 600 mil firmas (un 25% del padrón electoral) para la plebiscitación que, finalmente, se realizó el 16 de abril de 1989. El 57% de los votantes apoyó el "voto amarillo", que refrendaba la ley, y un 43% respaldó el "voto verde", que procuraba derogarla.

Durante los primeros 18 años de vigencia, la norma fue aplicada de modo tal que ningún militar llegó a comparecer ante la justicia penal. Todos los casos de violaciones a los derechos humanos fueron incluidos en la caducidad, incluso causas anteriores al golpe de Estado de 1973 y casos como los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976, que expresamente habían sido excluidos en la inicial exposición de motivos presentada por el Partido Nacional.

Tampoco se ejecutó el artículo 4º de la ley, que ordenaba investigar los hechos e informar a los familiares de las víctimas. Para su cumplimiento, el entonces presidente Sanguinetti encomendó al fiscal militar coronel José Sambucetti la realización de informes en los que el oficial se limitó a preguntar a todas las dependencias y personas denunciadas si sabían del caso. Como únicas respuestas, todas las consultas recibieron un simple "No".

Los 20 años de impunidad

La ley siguió aplicándose como una amnistía por los gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y del reelecto Julio Sanguinetti (1995-2000). Recién al asumir el presidente Jorge Batlle, se formó la Comisión para la Paz (CPLP) con el propósito de dar cumplimiento a las investigaciones impuestas por el artículo 4º de la Ley de Caducidad.

El informe final de la CPLP confirmó la existencia de 26 desapariciones forzadas en el país, pero aafirmó que los cuerpos habían sido cremados y arrojados al mar.

El propio Jorge Batlle cerró su mandato con la inclusión de una causa paradigmática en la Caducidad: el caso de desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García, cuya hija Macarena había recuperado su identidad días después de la asunción del mandatario quinicista. Su secuestro en Argentina, traslado ilegal a Uruguay, parición en el Hospital Militar, entrega (o venta) de su hija, asesinato y desaparición, fue considerado un delito realizado por militares "en ocasión" de sus funciones.

Aunque el actual presidente, Tabaré Vázquez, dijo en su campaña electoral que respetaría la Ley de Caducidad, a través del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, diseñó un "potocolo" de interpretación de la Ley 15.848 por el cual, en dos años de gestión, fueron reabiertas una decena de causas, se decretó el procesamiento de ocho militares y policías, la detención administrativa de otros requeridos para su extradición, y el encarcelamiento del dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco.

Simultáneamente, Tabaré Vázquez, reclamó a los mandos de las Fuerzas Armadas la elaboración de respectivos informes en los que se explicara la suerte ocurrida con los desaparecidos. En los mismos las tres armas aceptaron haber cometido violaciones a los derechos humanos. También se procedió a realizar excavaciones en unidades militares y se recuperaron los restos de dos desaparecidos: Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda.

La caducidad de la lógica

El "Protocolo Fernández", sin embargo, no incluye aquellas causas que ya fueron archivadas en el marco de la caducidad, por lo cual casos como el homicidio del estudiante Hugo Leonardo de los Santos o la desaparición de la propia María Claudia García de Gelman (expresamente excluida por Tabaré Vázquez en su discurso de asunción) no fueron reabiertos por los fiscales a cargo, quienes, al negarse a acusar, impidieron que los jueces pudieran indagar.

Aunque el presidente Vázquez ha anunciado que se cierra la primera etapa de búsqueda de los desaparecidos en el marco del cumplimiento del Artículo 4º de la Ley de Caducidad, varios son los puntos que quedaron pendientes y en los cuales el gobierno de Frente Amplio no ha podido avanzar, pese a que se han hallado archivos y documentación que no ha sido desclasificada.

Entre los temas pendientes, queda la confirmación por parte del Ejército del destino de las víctimas del segundo vuelo de Orletti por el que 22 uruguayos detenidos en Argentina fueron ejecutados en Uruguay y la indagación de las recientes denuncias sobre otros traslados en 1978, que podrían derivar en otros "vuelos" que expliquen el destino de decenas de desaparecidos en Argentina.

Pese a los avances reconocidos al actual gobierno, organizaciones de derechos humanos y sociales, con respaldo de medios de prensa y sectores políticos del propio partido orficialista, iniciaron el año pasado una campaña política en favor de la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido de que su vigencia es violatoria de convenios internaciones firmados por Uruguay.

Entre los argumentos expuestos para la anulación de la ley y la extinción de su aplicación en todas las causas cerradas durante dos décadas, se incluye la realidad vivida hace precisamente 20 años, cuando el Parlamento cedió a la presión de las Fuerzas Armadas y admitió una lógica de los hechos que, en la actualidad, es lo que ha caducado. *