Viernes, 05 de enero, 2007 - AÑO 9 - Nro.2421
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Un fiscal porteño advirtió que Prefectura detendrá a quienes bloqueen Buquebus

El intendente argentino de Concordia pide a Kirchner que garantice el uso del puente

Mientras pasa sus vacaciones en la ciudad de Piriápolis, el intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, elogió la medida del gobierno argentino de garantizar el servicio de Buquebus, y acusó al gobierno provincial de "arengar" y "apoyar económicamente" a los ambientalistas.

El gobierno argentino aumentó la custodia en la terminal bonaerense de Buquebus. (Foto tomada de lanacion.com.ar)
El gobierno argentino aumentó la custodia en la terminal bonaerense de Buquebus. (Foto tomada de lanacion.com.ar)

Cresto dijo que ante las amenazas de bloqueos por parte de los asambleístas de Gualeguaychú en su lucha contra las pasteras, el gobierno argentino, "de la misma manera, puede perfectamente garantizar el cruce en Concordia".

También criticó la "contradicción" del gobierno provincial, ya que mientras desde la Nación se apunta al diálogo, "no podemos arengar al pueblo diciéndole que estas empresas van a contaminar el río", y aclaró que "el pueblo de Gualeguaychú no tiene la culpa, (ya que) fue instigado y apoyado económicamente por el gobierno de la provincia para llevar todo a la situación en que estamos".

También destacó el hecho de que "en Colón fue un vecino y levantó el corte, con lo que quedó demostrado que era una payasada".

Cresto se manifestó "confiado" en que "de la misma manera que el gobierno nacional no permitió que se interrumpa la salida del servicio de Buquebus, puede perfectamente garantizar el cruce en Concordia", y subrayó que, "por supuesto, se deben tomar decisiones de la misma manera que se tomaron en Buenos Aires".

Además, consideró que "estos cortes van en contra de la gente, del pueblo que usa los puentes para pasar de un país a otro y mientras tanto la empresa multinacional Botnia sigue adelante con la fábrica".

En relación a la iniciativa de Gualeguaychú de trasladarse a Concordia para bloquear el paso por el puente de Salto Grande, dijo que "si el Estado quiere imponer autoridad evitará el corte", pero agregó que el inconveniente es que "por un lado el gobierno nacional pide que no se corte y, por otro lado, el gobierno de la provincia arenga en contra de las empresas multinacionales que son expulsadas de Europa y vienen a contaminar nuestros ríos".

"Es una contradicción, porque si estamos buscando el diálogo como manera de solucionar el problema, no podemos arengar al pueblo diciéndole que estas empresas van a contaminar el río", resaltó el jefe comunal en declaraciones realizadas a Radio Continental. Por último, insistió en que "se debe garantizar a la gente que va a poder seguir usando los puentes de Concordia y de Colón, hasta que esto se resuelva de otra manera".

 

Cortes intermitentes

En Concordia, los asambleístas de dicha ciudad resolvieron cortar el puente internacional que une a la ciudad uruguaya de Salto, aunque aclararon que el piquete será intermitente. Los detalles de las medidas serán resueltos en una asamblea a realizarse el próximo fin de semana.

El intendente de Salto, Ramón Fonticiella, dijo a LA REPUBLICA que el intento de obstruir el paso es "acto contra natura, destinado a generar una situación traumática en la sociedad".

Dijo que se trataría de un grupo de personas de poca representatividad, sin apoyo popular.

 

Interviene fiscal

Por otro lado, el fiscal argentino Martín Lapadú remitió al jefe de la Prefectura del Río de la Plata una orden específica de detención a los "piqueteros" que intenten afectar el funcionamiento de la terminal de Buquebus.

"Si hay manifestaciones en las puertas de Buquebus que obstaculicen el ingreso o salida de las personas o afecten el servicio público de pasajeros, la Prefectura debe intimar al cese de la contravención, labrar actuaciones y, si no obedecen, debe procederse a la detención" de los manifestantes ambientalistas, dijo Lapadú a radio argentina Continental.

Ayer se incrementó la presencia policial en la terminal en Puerto Madero, donde fueron efectuados exhaustivos controles de seguridad a todas las personas que llegaban.

Por su parte, en declaraciones formuladas a la radio argentina América, el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, afirmó que las acciones de los ambientalistas no perjudican a Botnia, ya que sigue trabajando a excelente ritmo".

Aclaró que quienes sí son afectados son los trabajadores, que se quedan sin empleo, "pequeños comerciantes y pequeños artesanos".

 

Finlandia pide levantar los cortes

Entre tanto, el gobierno de Finlandia, a través de su representante en Argentina, el Ministerio de Comercio e Industria de Finlandia consideró que Botnia "ha actuado de acuerdo con las directivas OCDE, aplicables a empresas multinacionales en su proyecto de planta de celulosa en Uruguay, y que la instancia no requiere más acción por parte de dicho organismo finlandés", informó Botnia.

El comunicado destaca que el proyecto "proveerá de beneficios a Uruguay" y que éstos podrían fluir a la Argentina si los individuos y empresas de nuestro país pueden participar del proyecto, para lo cual se requeriría que se levanten los "bloqueos de puentes y rutas", según informa la agencia APF de Entre Ríos.

Según la misma misiva, la circulación de la información de Botnia en Argentina fue "impedida principalmente por las medidas tomadas en el lado argentino".


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