Goyo suelto, Cordero atado

El ex dictador Gregorio Alvarez y el ex prófugo Manuel Cordero aparecen como dos de los principales protagonistas de las investigaciones para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos ocurridas en los años de la dictadura, a partir de una serie de causas judiciales abiertas en Uruguay y frente a los trámites de extradición en Brasil.

El teniente general retirado Alvarez se encuentra comprometido en las denuncias judiciales contra los mandos de la dictadura, los cuales no están amparados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y en el caso de la muerte del tupamaro Roberto Luzardo el 16 de agosto de 1972, antes del golpe de Estado.

El coronel retirado Cordero, detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, aguarda una resolución del Supremo Tribunal Federal para su extradición a Argentina, desde donde fue requerido por el juez Guillermo Montenegro, o eventualmente su traslado a Uruguay a pedido del juez Luis Charles.

Los dos militares estuvieron implicados personalmente en el proceso político y represivo sufrido por Uruguay entre 1973 y 1985, y centran hoy la mirada de la ciudadanía luego del procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry, su canciller Juan Carlos Blanco y un grupo de ocho militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad.

Alvarez y Cordero tendrán un singular protagonismo mediático en los próximos meses a partir de la desclasificación de una serie de documentos secretos del Estado y por testimonios de causas en las que también están comprometidos otros militares como Eduardo Ferro, Carlos Calcagno y los marinos Luis Troccoli y Juan Carlos Larcebeau.

1 - Goyo Suelto

El laberinto del general

El general Gregorio Alvarez concurrió la semana pasada al Juzgado penal a cargo del juez Sergio Torres para nombrar al abogado Carlos Curbelo Tammaro su defensor en la causa referida a la muerte en el Penal de Libertad en 1981 del preso político Horacio Ramos, quien ya había cumplido nueve años de prisión cuando fue "suicidado".

Alvarez también fue denunciado en el caso del asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos, muerto por torturas a sólo tres meses de instaurada la dictadura y, también en su condición de ex comandante del Ejército, será convocado oportunamente en la causa sobre el segundo vuelo de Orletti y la ejecución de sus pasajeros en 1976.

El Goyo Alvarez firmó junto a otros ex comandantes del Ejército una carta en la que se hacían responsables de los eventuales "actos de servicio" de sus subalternos, y la Ley Nº 15.848 expresamente lo excluye de la caducidad otorgada durante el gobierno del ex presidente colorado Julio María Sanguinetti.

Sin embargo, Alvarez aparece mucho más comprometido en forma personal en la indagación judicial sobre la muerte por omisión de asistencia en el hospital militar, en 1972, del tupamaro Roberto Luzardo, a quien habían acusado de participar en el operativo que provocó la muerte del coronel Artigas Alvarez, hermano del Goyo.

En la causa que lleva adelante el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, existiría un testimonio en el que se habría afirmado que el propio Goyo Alvarez y otros altos oficiales fueron al hospital militar para ver agonizar a Luzardo días antes de su muerte por "caquexia", consecuencia de la orden de no prestarle más atención sanitaria.

Un dictador, alias Goyo

Gregorio Conrado Alvarez Armelino nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1925. Llegó al generalato en 1971 con 45 años de edad, luego de una veloz carrera militar: a los 19 años era alférez, a los 29 capitán, a los 33 mayor y a los 39 coronel. Alcanzó el comando del Ejército a los 53 años.

Durante toda su vida estuvo implicado en la represión. Primero durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, que en 1971 lo designó como jefe del flamante Estado Mayor Conjunto (Esmaco), desde donde controló al Servicio de Información y Defensa (SID), que dirigía el coronel Ramón Trabal, quien sería asesinado en París en 1974.

Impulsor del golpe de Estado de 1973, desde la División de Ejército I también fue mando del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), antes de transformarse en comandante en jefe del Ejército (1978) y terminar por asumir la presidencia de la República (1981-1985).

En 1977, ante las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el Goyo suscribió la orden 77/77, donde confesaba: "Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los Derechos Humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido, por su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto en la época de referencia".

Además de casos vinculados a violaciones a los derechos humanos, entre los que también se incluirían la muerte de Trabal y los fusilados de Soca en 1974, y el envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber en 1978, el Goyo Alvarez podría enfrentar una causa por delitos económicos relacionada al llamado Plan Conserva.

Otros cabos sueltos

A la sombra de los procesos que protagonizará el ex dictador, otros oficiales retirados de las FFFuerzas Armadas también serían citados por los magistrados penales al reiniciarse las actividades indagatorias sobre casos de violaciones a los derechos humanos o ante la inminencia de nuevas denuncias que serán presentadas.

El caso del llamado "segundo vuelo" de Orletti hará desfilar por la calle Misiones a oficiales y subalternos de las tres armas, mientras que la causa sobre el vino envenenado que mató a la señora de Heber puede abrir un nuevo perfil de indagación que derive en conexiones civiles y militares de los servicios de Inteligencia.

Cuando es inminente la presentación de denuncias sobre traslados y desapariciones de detenidos en los años 1977 y 1978, donde por el momento sólo aparecen comprometidos oficiales de la Armada, también llegarían a los juzgados pedidos de extradición y nuevas causas que implican a otros conocidos represores.

La causa sobre los cinco tupamaros secuestrados en Argentina, trasladados a Uruguay y ejecutados en la localidad de Soca, puede derivar en una reapertura del caso del homicidio del coronel Ramón Trabal y nuevos datos sobre lugares de eventual enterramiento de las víctimas podrían propiciar el inicio de nuevas excavaciones.

Otro elemento fundamental para las investigaciones judiciales será la difusión de los documentos ministeriales, militares y policiales que se han ido desclasificando desde la asunción del actual gobierno, que serían anexados al "libro blanco", preparado por un grupo de politólogos e historiadores, que se difundirá en abril.

2 - Cordero atado

Un grito en Avenida Ipiranga

En la avenida Ipiranga 1365, donde se eleva el moderno edificio de la Superintendencia de la Policía Federal de Río Grande do Sul, se encuentra detenido ­a la espera de una decisión sobre su extradición a Argentina­ el coronel retirado Juan Manuel Cordero Piacentini, prófugo de la Justicia uruguaya desde 2004.

La edificación de diez pisos y 10.562 metros cuadrados de construcción, tiene un área de custodia monitoreada con cámaras de televisión y resguardada con una cerca electrificada. Allí, Cordero comparte sus horas con criminales vinculados al tráfico de drogas y armas, al contrabando, la evasión de impuestos y otros delitos federales.

Su prisión fue decidida el 23 de febrero por el ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño, Marco Aurelio de Mello (primo del ex presidente Fernando Collor), quien aceptó el pedido de detención realizado por el juez federal Guillermo Montenegro, luego de que se demorara una solicitud similar del juez uruguayo Luis Charles.

Charles había resuelto pedir la captura internacional de Cordero un año atrás, cuando procesó a un grupo de ocho militares y policías responsables de crear una asociación para delinquir y participar de la desaparición en Buenos Aires del uruguayo Adalberto Soba. El reclamo de detención no se había concretado hasta la reaparición de Cordero.

La captura de Cordero parece extraída de una novela policial, en la que el activista de los derechos humanos Jair Krischke tuvo un rol protagónico que fue reconocido por la vicecanciller Belela Herrera. Krischke había encontrado a Cordero en Santana do Livramento en 2005 y su detención se frustró entonces.

El sabueso y el prófugo

Como ocurrió hace un par de años, el jueves 22 de febrero el militar prófugo se presentó, a las 12.40 horas, en el Consulado uruguayo en Livramento para pedir el certificado de vida que permite que su familia cobre su pensión como militar retirado. El hecho fue notificado a la Cancillería por el cónsul Ignacio Capandeguy.

A las 14.30 horas Krischke recibió un llamado telefónico de la vicecanciller uruguaya Belela Herrera, quien lo notificaba de la reaparición de Cordero. Media hora después, el abogado de Cordero, doctor Julio Martins Favero, volvía al Consulado para pedir el documento. Capandeguy le dice que regrese al día siguiente.

Krischke, quien había realizado un minucioso seguimiento del lento proceso judicial que Cordero protagonizó en Brasil desde que pidió refugio en 2004, comenzó entonces a movilizar contactos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Interpol y la Delegacía de la Policía Federal en Porto Alegre, hasta lograr la captura del ex militar.

El cerco sobre el militar prófugo se fue cerrando durante ese fin de semana, luego de que Capandeguy dijera que no tendría el certificado hasta el lunes. El domingo 25, la Policía Federal recibe un fax del abogado Favero a través del cual Cordero vuelve a pedir refugio en Brasil. Se le indica que debe ir personalmente a solicitarlo.

El lunes 26 de mañana el abogado de Cordero pasa por el Consulado y el cónsul Capandeguy vuelve a ganar días para el trámite. Esa tarde, cuando Cordero se presenta ante la Policía lo detienen y le muestran el mandato de prisión firmado por el ministro Marco Aurelio de Mello. Recién entonces recibieron su pedido de refugio.

El perfil de un represor

Juan Manuel Cordero Piacentini nació el 15 de setiembre de 1938 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1951, en el arma de Artillería. En 1972, declarado el estado de guerra interno, Cordero, junto a José "Nino" Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira, daba "talleres prácticos" sobre cómo interrogar a presos y presas en los cuarteles.

Se especializa en Inteligencia tras el golpe de Estado de 1973 y con el grado de mayor se integró al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y había sido cooptado por el Servicio de Información y Defensa (SID), por los cuales participó en las operaciones del Plan Cóndor en Automotores Orletti de Buenos Aires.

Era el tercer mando (303) en el centro de torturas "300 Carlos", ubicado en el Servicio de Material y Armamento, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13, donde desaparecieron militantes del Partido Comunista, del Partido por la Victoria del Pueblo y, eventualmente, de los Grupos de Acción Unificadora (GAU).

Cordero huyó a Brasil en julio de 2004 para evitar comparecer ante el juez Pedro Hackembruch en una causa de desacato con ofensa denunciada por el juez José Balcaldi, quien le instruía un juicio por apología del delito ante declaraciones públicas en las que el militar reivindicó la tortura.

El pedido de extradición solicitado por Argentina en el marco de la causa sobre el Plan Cóndor lo implica particularmente en el caso de homicidio de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. De concretarse su traslado, Cordero sería llevado a la cárcel de Marcos Paz, donde lo aguardan otros ex represores de Automotores Orletti. *