Presentan mañana denuncia penal por la desaparición de León Duarte

Una denuncia penal sobre el secuestro y desaparición del dirigente sindical León Duarte en 1976 será presentada el viernes 30, a las 13.30 horas, en el Juzgado penal de 19º Turno, a cargo del juez Luis Charles, para que se integre al paquete de casos vinculados al "segundo vuelo" de Orletti.

El caso es presentado por el hijo de León Duarte, Néstor Duarte Pereyra, por el sobreviviente de Orletti, Sergio López Burgos, y por Luis Romero y Néstor Rodríguez, dirigentes del sindicato de Funsa, que paralizará ese día sus actividades para acompañar a los denunciantes al juzgado de la calle Misiones.

En el escrito firmado por el abogado Pablo Chargoñia se denuncia la privación de libertad de León Duarte, quien fue secuestrado en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 junto a López Burgos, para ser torturados y chantajeados en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.

León Duarte, fundador de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y entonces secretario general del Sindicato de Funsa y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), desapareció en Orletti al igual que el dirigente sindical gráfico Gerardo Gatti, secuestrados aquel 9 de julio.

En la causa se acusa a dos dictadores, siete diplomáticos (cinco de ellos en actividad), veintiocho militares y cinco policías; se pide el testimonio de dieciséis víctimas y tres investigadores, y una serie de pruebas documentales a los ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y del Interior.

La desaparición

Sergio López Burgos y un grupo de militantes del PVP que también fueron entonces secuestrados y torturados en Orletti, terminó siendo trasladado en forma ilegal a Uruguay en un vuelo que piloteó el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Bonelli.

Los sobrevivientes de Orletti permanecieron secuestrados en un centro de torturas ubicado en una casona de Punta Gorda y luego fueron trasladados a la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), entonces ubicado en la actual sede del Calen, en Bulevar Artigas y Palmar.

López Burgos y sus compañeros fueron extorsionados para participar de un falso operativo de detención de un supuesto comando subversivo que había invadido el país y terminaron siendo arrestados en un chalet del balneario Shangrilá. Fueron luego procesados y encarcelados por la Justicia militar.

León Duarte y Gerardo Gatti fueron víctimas de un chantaje para que entregaran a sus captores uruguayos y argentinos el dinero del secuestro de un empresario que el OPR 33 (grupo integrado al PVP) había realizado en 1974. Ambos permanecen desaparecidos. En el testimonio de López Burgos se identifica como líder del operativo de captura de Duarte al entonces mayor del Ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini, actualmente detenido en Porto Alegre a la espera de su extradición, solicitada por la Justicia de Argentina y también la de Uruguay.

López Burgos también narra las terribles sesiones de tortura sufridas a manos del propio Cordero, quien también habría procedido a violar a una de las detenidas para chantajear a Duarte. El sobreviviente también denuncia la detención en el lugar del sindicalista Hugo Méndez, también desaparecido.

Los implicados

Se implica directamente a José Gavazzo, Hugo Campos, Jorge Silveira, Víctor Castiglioni, Angel Barrios y Oscar Bermúdez; y a los mandos del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información y Defensa (SID).

Entre las pruebas solicitadas se solicita confirmar si el ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Díaz, dijo al secretario de la presidencia Gonzalo Fernández que el arma había recibido también un "segundo vuelo" desde Orletti cuyas víctimas fueron ejecutadas.

También se piden responsabilidades al dictador Juan María Bordaberry, su canciller Juan Carlos Blanco y los diplomáticos Gustavo Magariños, Diego Zorrilla de San Martín (en Bolivia), Alberto Voss Rubio (en El Líbano), Arisbel Arocha (en Egipto), Bernardo Nicola y José Luis Bruno (en Arabia Saudita).

Entre los funcionarios denunciados están los militares Gregorio Alvarez, Iván Paulós, José Gavazzo, Manuel Cordero, Pedro Matto, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Arab, Luis Maurente, Félix Font, José Baudean, Ernesto Ramas, Eduardo Ferro, Antranig Ohanessina, Ernesto Soca, Lacasa Antelo, Octavio González, Nelson Sánchez, Angel Barrios, Oscar Bermúdez, Luis Abram, Alberto Da Costa, Pedro Benvenuto, José Pedro Malaquín, Carlos Calcagno, Julio Casco, Efraín Silva y José De los Santos; y los policías Ricardo Medina, José Sande, Benito Velázquez, Ruben Bronzini y Ricardo Zabala. *