OSCAR MAÑAN*
El anhelo de descentralización es muy caro para la izquierda y ha estado unido a una definición de la democracia en un sentido social más que político, por lo tanto, de una participación real y no meramente formal (o aparente) en las decisiones mediante las cuales una sociedad se produce y re-produce a sí misma. Participación que se efectiviza sobre los recursos naturales, económicos y humanos con que cuenta una determinada comunidad de personas.
La participación implica información, debate y conocimiento en cuanto proceso social para la toma de decisiones políticas sobre las cuestiones que atañen al conjunto de la población. Por su parte, la toma de decisiones se lleva adelante en varios ámbitos del entramado social, la que hacen a las decisiones económicas propiamente (producción, circulación, apropiación, distribución y consumo de los bienes y servicios), las que son políticas y refieren al rumbo de la sociedad (incluye la visión sobre el futuro de la comunidad y se toman en el sistema político y sus órganos de gestión) y, por qué no, también a las formas de la conciencia social (cómo tal sociedad se piensa a sí misma y reflexiona y articula las creencias necesarias tanto para la estabilidad como para el cambio social).
El pacto modernizador uruguayo concentró las decisiones en el Estado, las unidades económicas vinculadas a la producción exportadora y los partidos políticos tradicionales que se dividieron la gestión de gobierno en Capital e Interior. Los grupos agrarios exportadores que vivieron de la renta internacional del suelo basados en la apropiación inicial de las tierras fértiles, no pretendieron el gobierno pero sí el control estratégico de los recursos. El Estado garantizó el crecimiento de estos sectores y amplió su poder con la cuota parte de excedente que extraía vía impuestos. Los sectores populares fueron aliados naturales del desarrollo industrial urbano y del Estado, los sistemas de salud pública, educación gratuita, sistema de pensiones de solidaridad intergeneracional y previsión social, etc., fueron la contraparte que amortiguaba conflictos sociales y excluía a las mayorías de las decisiones asegurando la estabilidad política.
Con la contracción del excedente agro-exportador se suscitaron cambios institucionales en la relación Estado-Sociedad (desde los 50'), en particular entre: capitalistas y trabajadores y con el resto del mundo. Es imposible glosar todos los cambios e implicancias, pero a modo de caricatura: la reforma monetaria y cambiaria (relación con el mundo), cambios constitucionales (para reforzar las decisiones del sistema político), quiebre institucional (rompió las redes del viejo Estado de Bienestar) y sucesivos cambios en la inserción internacional, papel del Estado y pautas de intervención en la economía. No obstante, dichos cambios no implicaron descentralización de recursos económicos (sino lo contrario), tampoco de decisiones políticas (aumentó el peso del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo), creció el poder de mercado sobre el del Estado y des-estructuró la capacidad de respuesta organizada de la sociedad (cercenando o acotando sus marcos de acción legítima).
El presidente Vázquez (en reunión del Consejo de Ministros en Libertad) refería a la descentralización y lo vinculaba con la Reforma del Estado que impulsa el gobierno progresista. La aspiración gubernamental sería que "los ciudadanos participen durante toda su vida en el ejercicio de gobierno" y que éstos "puedan proponer, ser escuchados, tener el poder de iniciativa y además controlar la gestión que el gobierno nacional o los gobiernos locales cumplen". En tal sentido señalaba que el proyecto de gobierno electrónico en curso permitiría a "los ciudadanos de cualquier punto del país que cuenten con una computadora puedan hacer los trámites desde su propia casa si así lo desean" (La República, 17-4-2007).
Contar con bienes que nos permite la interconectividad en tiempo real, hecho derivado del mero desarrollo de las fuerzas productivas materiales, no tiene mucho que ver con la descentralización o con la participación en el gobierno de los ciudadanos. Tampoco, el que un ciudadano pueda interactuar con una página electrónica para informarse sobre una ley, su implementación o que eventualmente apunte algún juicio crítico. Sin escatimar la importancia del uso de los avances científico-técnicos para la gestión gubernamental, ello no traslada la decisión política del quehacer a los ciudadanos. Puede ser sí un insumo que corrige o informa a las decisiones que sigue tomando el sistema político alejado de los controles reales, más allá que eventualmente un ciudadano apriete la mano del presidente o salude a los ministros.
Vázquez sostiene que la descentralización no pasa por desconcentrar las empresas públicas o la administración en el territorio. Sin embargo, desconcentrar ambas cosas, como ha ocurrido en otros países, cobra importancia no para que los ciudadanos se eviten "molestias" en el ejercicio de sus obligaciones impositivas, sino porque desconcentra la población y, con ello, el poder político de los espacios regionales. La mejor utilización del territorio, la desconcentración poblacional, la democratización de las oportunidades regionales son elementos centrales que empoderan a los ciudadanos para las decisiones de su vida.
La descentralización toma su sentido profundo y real (democrático nada menos) si además de informarse, hacer trámites, opinar, etc., la gente decide. El Estado debe reformarse efectivamente, debe ser un ámbito para fortalecer a los grupos sociales más endebles en esa toma de decisiones, por lo tanto, debe tomar decisiones públicas estratégicas con la piel de los desposeídos. De otra manera, como tememos será la descentralización impulsada en el MGAP, pudiera fortalecer a los grupos locales de presión organizados.
El debate está abierto sobre cuáles decisiones deberían permanecer centralizadas y cuáles podrían descentralizarse, no obstante, la participación real de los ciudadanos en las decisiones de gobierno pasan por la redistribución de los recursos sobre los que se toman decisiones, ya sean los recursos naturales (su mejor utilización y la apropiación de la riqueza que producen) y los recursos humanos en la ocupación del territorio. *
*Doctor en Estudios del Desarrollo, profesor universitario y asesor de la COFE.
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