Justicia define en noviembre el procesamiento de militares

El ex dictador Gregorio Alvarez, dos oficiales de la marina, otros dos de la fuerza aérea y un soldado, al menos, podrían ser procesados con prisión durante el próximo mes de noviembre cuando el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal Mirtha Guianze cierren la primera etapa de su instrucción sobre el traslado clandestino y desaparición de uruguayos desde Argentina durante la dictadura.

Gregorio Alvarez comparecerá el próximo martes 5 de noviembre, en calidad de indagado por los traslados y desapariciones en 1978, ante el mismo Juzgado Penal que el 11 de setiembre de 2006 ya procesó a seis oficiales del Ejército y dos de la Policía implicados en el caso de secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba en 1976 en Buenos Aires.

También por el secuestro en 1977 y su traslado a Uruguay en 1978 de un grupo de militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN ­ "Peludos") se ven comprometidos los oficiales navales Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli, jefes de la unidad de fusileros navales (Fusna) de la Armada.

Los dos oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), el coronel (av) Uruguay Araújo Umpiérrez y el mayor Walter Pintos, resultarían involucrados en la planificación y conducción del vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) que el 5 de octubre de 1976 protagonizó el llamado "segundo vuelo" de Orletti en el que se trajo a 22 uruguayos que permanecen desaparecidos.

Finalmente, la Justicia uruguaya podría procesar por su participación en el centro de torturas porteño "Automotores Orletti" al soldado Ernesto Soca, quien al igual que Araújo Umpiérrez ya se encuentra con prisión administrativa por un pedido de extradición desde Argentina y comparte el celdario de la calle Domingo Arena con los ocho represores ya encarcelados por la desaparición de Soba. La megacausa que instruyen Charles y Guianze finalizaría con estos eventuales procesamientos la etapa presumarial secreta, en la que han acumulado abundante prueba testimonial y documental, pero continuaría el sumario para indagar el paradero de más de sesenta uruguayos secuestrados en Argentina, que fueron traídos a Uruguay y asesinados. Nuevas acusaciones surgirían entonces.

Soba y el segundo vuelo

Desde setiembre de 2006 se encuentran procesados con prisión los oficiales del Ejército José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas y Luis Maurente, como los policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande, por su participación en el secuestro en Argentina, traslado ilegal y desaparición del uruguayo Adalberto Soba hace ya 31 años.

Soba era uno de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que la dictadura uruguaya marcó como objetivo durante la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor con la que, junto a los militares de Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, instrumentaron operativos de exterminio de dirigentes políticos.

El secuestro de Soba se produjo el 26 de setiembre de 1976, en medio de un segundo operativo represivo contra el PVP que ya en el mes de junio y julio de aquel año, apenas semanas después del golpe de Estado en Argentina, fueron víctimas de secuestros y torturas en un centro clandestino de represión porteño conocido como Automotores Orletti y traídos a Uruguay fueron luego encarcelados.

Las víctimas de aquel primer operativo, del que permanecen desaparecidos los dirigentes sindicales Gerardo Gatti y León Duarte, habían sido víctimas de la "repatriación forzada" a Uruguay en un vuelo de TAMU que piloteaba el hoy comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli. También allí fue secuestrado Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez, recuperado 26 años después.

Adalberto Soba también fue llevado a Orletti, como otra veintena de militantes del PVP detenidos en Buenos Aires entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre. Todos fueron "repatriados" en el "segundo vuelo", piloteado por el mayor Walter Pintos, bajo coordinación de Araújo Umpiérrez, y en Uruguay estuvieron en la base "300 Carlos" durante un mes antes de ser masivamente asesinados.

La posible acusación de Guianze y el eventual pronunciamiento de Charles ampliaría la causa contra Gavazzo, Vázquez, Arab, Ramas, Maurente, Medina y Sande, por la desaparición forzada de las víctimas de segundo vuelo, en cuyo marco también fue trasladada a Montevideo la argentina María Claudia García de Gelman, cuya hija Macarena, nacida en cautiverio, fue recuperada en 2002.

Los traslados del 78

La causa judicial iniciada por el caso Soba y ampliada por el "segundo vuelo", cuya existencia denunció LA REPUBLICA en 2002, incorporó luego otra serie de traslados de militantes del PCR, el GAU y el MLN, quienes fueron secuestrados en diciembre de 1977 en Argentina y habrían sido traídos a Uruguay en varios viajes durante el primer semestre de 1978.

Estos operativos, en los que estuvo particularmente implicada la Armada Uruguaya, se habían iniciado cuando la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval (Dipre) capturó en Colonia al dirigente montonero Oscar De Gregorio, quien por decisión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) fue devuelto a los militares argentinos y terminó desaparecido.

El episodio determinó una coordinación entre el Fusna uruguayo y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina, a través de la cual se realizaron una serie de operativos contra los GAU y el PCR en ambos países con un saldo de unos cuarenta uruguayos secuestrados en los "pozos" de Banfield, Quilmes y COT 1- Martínez de la ciudad de Buenos Aires.

Un militante del PCR, Angel Gallero, detenido junto al desaparecido dirigente "pecerrista" Ricardo Blanco en Montevideo, fue llevado en febrero de 1978 al centro de represión de La Tablada, donde logró ver a varios de sus compañeros que habían sido secuestrados a fines del año anterior en Buenos Aires, para confirmar que se habían producido nuevos traslados.

El episodio, investigado por LA REPUBLICA y el abogado Oscar López Goldaracena llevó a denunciar ante el juez Charles la existencia de ese y otros traslados durante 1978 a través de lanchas de la Armada y vuelos organizados por el Servicio de Información y Defensa (SID), en el que Gavazzo era jefe de operaciones y la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Los oficiales navales Larcebeau y Tróccoli participaron de la coordinación represiva con el ESMA argentino, mientras que el ex dictador Gregorio Alvarez había asumido como comandante en jefe del Ejército el 1º de febrero de aquel 1978 y tuvo conocimiento de las operaciones contra los uruguayos exiliados en Argentina, quienes también fueron asesinados masivamente y desaparecidos. *