el Parlamento demora, las mujeres pagan

dgardo Oyenart y Alma Fernández, en representación del Departamento de Género del PIT-CNT y Estela García y Lilián Abracinskas en nombre de la CNS, fueron recibidos por la Comisión Asesora de Salud y Políticas Sociales de la Cámara de Diputados. Acompañó a la delegación el doctor Oscar López Goldaracena, asesor jurídico de MYSU.

La entrevista fue solicitada por las citadas organizaciones, quienes sabiendo que la Comisión está abierta a recibir a quienes crean que tienen algo que decir respecto del proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, entendieron importante que conociera también el posicionamiento cada vez más mayoritario de la sociedad civil.

SOCIEDAD CIVIL PRESIONA RESPUESTAS

Según informaron a La República de las Mujeres interlocutores sociales al cabo de la reunión, la CNS Mujeres planteó que las demoras en el tiempo político no se corresponden con los avances en la construcción de nuevos contratos sociales. Efectivamente, la sociedad uruguaya avanzó en su posicionamiento a favor del cambio legal en materia de aborto, pero necesita tener una normativa que garantice, promueva y respete los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos.

"La demora en esta respuesta no la paga el sistema político sino las mujeres, tanto en su salud como en la persecusión del delito que habilita la ley vigente. Además, deberíamos ser conscientes de que llegamos al siglo XXI sin que los derechos de las ciudadanas sean derechos plenos, y las demoras parlamentarias lejos de dar una solución, la dilatan", manifestó Lilián Abracinskas.

Por otra parte, los representantes sociales dejaron claro a la Comisión que si el tema no se dirime antes de entrar de lleno en tiempos electorales, el mismo va a ser prioritario en la correspondiente campaña.

El PIT-CNT enfatizó que la postura favorable al proyecto a estudio, que sus voceros ratificaron ante la Comisión, no sólo es la de su Secretariado y su Mesa Representativa, sino que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la central sindical, incluyendo tres puntos: pleno apoyo al cambio legal, defensa de la integralidad de la ley con despenalización del aborto en las condiciones en que está planteada ­porque una ley mutilada en este aspecto no es la respuesta que la ciudadanía está esperando­ y recordatorio de que la democracia está en deuda con las mujeres.

OTRA VEZ EL PACTO DE SAN JOSE

Teniendo en cuenta que la Comisión invitó recientemente al doctor Héctor Gross Espiel, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para preguntarle si la iniciativa que estudia violenta o no el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el doctor López Goldaracena llevó su propia postura discrepante.

La norma referida expresa que "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

La polémica se centra en la expresión "en general", que Gross Espiel interpreta sólo deja lugar a las excepcionalidades del aborto por causales y López Goldaracena de una forma mucho más amplia. No puede tomarse en su textualidad sino a la luz del espíritu de la Convención, que es defender el derecho individual a la libertad de conciencia y de decisión, y también proteger la vida y la salud como derechos de las mujeres, señala el asesor de MYSU. Esto coincide con lo previsto en otros instrumentos internacionales, incluyendo la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres (Cedaw, por su sigla en inglés). Para López Goldaracena, el proyecto de ley uruguayo no atenta contra el Pacto de Costa Rica y así está reconocido dentro del sistema internacional de derechos humanos. Muchos países ya tenían despenalizado el aborto cuando lo firmaron, y no por eso se convirtieron en países que no respetan los derechos humanos. La posición de Gross Espiel, que no es la única ni la mayoritaria, limita la excepcionalidad del artículo cuarto del Pacto a los casos en que un juez autorice el aborto; la de López Goldaracena la extiende al derecho de la mujer que decide su propio aborto.

SIN CONSENSO EN COMISION

Al final de la reunión, Alvaro Vega adelantó que muy probablemente el texto del proyecto de ley no se modificará en la Comisión que preside, aunque tampoco se llegaría a un consenso a su respecto. En su opinión, saldría de la misma con informes individuales de cada uno de sus integrantes. En materia de tiempos, estimó en un mes más el pase al plenario de la Cámara de Representantes, donde a su vez tendrá que esperar lugar en la agenda.

Por su parte, las organizaciones sociales se siguen moviendo. La CNS y MYSU están trabajando para obtener un posicionamiento del Congreso del Pueblo, que se realizará en agosto próximo. A tal efecto, sostienen reuniones con mujeres de sindicados, comunas y organizaciones sociales, en busca de que el tema figure en la declaración final del citado evento. Una manera también de crear masa crítica, para el caso de que no se dirima antes de la campaña electoral.