Alvaro Uribe dijo que habrá impunidad en plan de paz con paramilitares

"La reparación total es imposible", sentenció Uribe al referirse el jueves a un cuestionado proyecto de ley del gobierno que definirá el castigo a los delitos de los paramilitares, y que propone penas de entre cinco y diez años de cárcel para masacres, secuestros, torturas y desapariciones, entre otros.

Hablando en un foro sobre víctimas del terrorismo, el mandatario agregó que "en un país que ha sufrido la violencia durante tantos años la mejor reparación es superar ese flagelo, y para lograrlo no podemos ablandarnos ni en los conceptos ni en la acción".

La postura de Uribe es compartida por analistas como Alfredo Rangel, quien este viernes señaló que "la impunidad es un tabú que tenemos que ir neutralizando, porque si queremos darle una plena satisfacción a la comunidad internacional, estoy convencido de que no va a haber paz en Colombia".

"Este proceso es para los colombianos, y la comunidad internacional tendrá que ser muy comprensiva con lo que finalmente decidamos aquí. Hay que hacer un acto de soberanía y un llamado a la comprensión por parte de la comunidad internacional para que pueda haber paz", indicó el experto en seguridad.

Previendo el resultado de las discusiones en el Congreso ­que deberá aprobar la ley que el gobierno denomina de Justicia y Paz­ el politólogo Fernando Giraldo no duda en afirmar que "de esto no va a salir nada más que pura impunidad. No hay nada más que esperar", dijo a la AFP.

Pero Uribe aseguró que la iniciativa ­que se suma a otros ocho proyectos de origen parlamentario­ prevé una reparación moral y otra pecuniaria, y prometió "hacer todos los esfuerzos para que el texto sea lo mejor posible y para que su aplicación produzca el mejor resultado".

Pese a ser calificada como blanda y una puerta a la impunidad por organismos de derechos humanos, la propuesta oficial enfrenta al gobierno y los paramilitares de extrema derecha, que amenazaron el miércoles con romper el diálogo sin son llevados a un "humillante sometimiento a la Justicia".

El gobierno rechazó la advertencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dijo que no acepta presiones, aunque observadores como Giraldo creen que se trata de una jugada de los paramilitares para afianzar el proyecto de Uribe.

Lejos de la posición oficial Michael Frühling, delegado en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió el jueves adoptar medidas que reivindiquen a las víctimas de los paramilitares y que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad.

"Colombia debe adoptar todas las medidas necesarias para que las víctimas de delitos graves vean efectivamente reconocidos y garantizados sus derechos conforme al derecho internacional", dijo en un foro que evaluó el proceso con las AUC.

Frühling advirtió incluso que "cuando el Estado no puede o no quiere procesar a las personas responsables de crímenes internacionales, corresponde asumir esa tarea a la Corte Penal Internacional (CPI)".

El delegado sostuvo, asimismo, que "el Estado de Derecho no puede estar bajo el riesgo de sometimiento por los grupos armados ilegales, cualquiera que estos sean".

Las conversaciones con las AUC buscan desmovilizar, antes de que finalice el año, a 20.000 paramilitares, de los cuales ya lo han hecho unos 4.500. *