Un hito en la lucha contra la impunidad

Justo llegó este aniversario con la decisión de esparcir por la Plaza de Mayo, y enterrar junto a su Pirámide emblemática, los restos de la fundadora de Madres, Azucena Villaflor. Había sido detenida en 1977, tirada desde un avión por los militares navales, encontrada en una playa bonaerense, enterrada como NN y finalmente esclarecido a quien pertenecían esos restos que como una parábola, la mujer retornó al sitio donde reclamaba por su hijo desaparecido dando nacimiento a uno de los movimientos más emblemáticos, y no solamente en este país.

El vigésimo aniversario del juicio a la Junta Militar, reivindica al ex presidente Raúl Alfonsín quien se animó a procesar a la cúpula castrense, debilitada por la derrota en Malvinas, por el hostigamiento popular y por el aislamiento internacional.

Alfonsín no pudo o no quiso enfrentar la rebelión "carapintada" de 1987, que frenó procesos en marcha, hay que decir que no era el propósito del entonces mandatario, contra oficiales subalternos. De esa historia contradictoria surgieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que paralizaron centenares de juicios y, más tarde, Carlos Menem, indultó a los jerarcas condenados desplegando un manto de impunidad, en nombre de la reconciliación. Jamás hubo tregua y las organizaciones de derechos humanos hallaron rendijas en la legislación y, con los cargos de robos de niños en cautiverio, lograron volver a poner en la cárcel a Jorge Videla o Eduardo Massera, por caso. Más tarde, fueron derogadas las leyes de impunidad por acción social y el apoyo político de Néstor Kirchner y queda pendiente que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucionales los efectos de esas normas y de los indultos y quedará desbrozado en 2006, el camino para el juicio oral de centenares de violadores a los derechos humanos. El juicio que se rememora fue desde el 22 de abril de 1985 hasta el 9 de diciembre de ese año. El tribunal de alzada había escuchado 833 testimonios espeluznantes y los tipos se defendían con esa frase o con excusas tan cobardes y rastreras que, en el contraste con el horror que salía a luz, acentuaban la certeza de que sólo personajes de esa calaña podrían haber cometido semejantes atrocidades. "Ni uno solo asumió la responsabilidad de nada y ante las evidencias incontrastables daban a entender que ellos no habían dado esas órdenes y derivaban la responsabilidad hacia los cuadros menores que también eran responsables", destaca Página/12.

El triunfo de la Justicia

La Nación recoge el recuerdo de uno de los magistrados: "Nunca me voy a olvidar del caso de un chico de 15 años. Lo torturaban delante de la mamá para que ella dijera dónde se escondía el padre, un afiliado al Partido Comunista. Ella se lo dijo, pero un mes después el nene apareció flotando en el Río de la Plata", dijo conmovido. Además, la criatura fue empalada. El 9 de diciembre se escuchó la sentencia que los condenaba a perpetua a la mayoría de los jerarcas y que llamaba a continuar los juicios contra todos los represores; el juicio a los ex comandantes sentaba un precedente institucional invalorable para la lucha que seguiría desarrollando el movimiento de derechos humanos hasta la actualidad.

Sería imposible en la actualidad legitimar un cuestionamiento a la impunidad ante la Justicia si no mediaran las tres décadas de lucha de los organismos de derechos humanos por juicio y castigo a todos los represores y contra las leyes de impunidad que surgieron poco después del juicio a los ex comandantes. Y la voluntad política de la izquierda y otros sectores, que es uno de los basamentos en esta materia, de la política oficial contra la impunidad. La Cámara Federal, presidida por el actual ministro de Seguridad bonaerense, León Carlos Arslanian, e integrada por los jueces Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga, escuchó la causa presentada por los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. Pero los fiscales, que para fundamentar la acusación presentaron 670 casos seleccionados entre las 1.086 causas judiciales iniciadas hasta ese momento, y entre las casi 9.000 denuncias registradas por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), que tuvo una gran importancia, debían superar la ausencia en el Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Datos oficiales actualizados elevan a 13 mil las desapariciones aunque para los organismos de DDHH fueron 30 mil. La desaparición de personas (el proceso de secuestro, tortura y muerte) había sido la principal herramienta de la represión pero no existía un castigo para ese delito.

Por esa razón, las condenas se produjeron en base a los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y los homicidios. El problema era que al estar desaparecidas las víctimas, no existía cuerpo del delito. "¿Está acreditado que tal persona fue secuestrada?, ¿fue vista esa persona en determinado campo de concentración?, ¿se considera probado que sufrió tormentos?", fueron algunas de las preguntas que resonaron en los tribunales durante esos meses. Las pruebas acumuladas eran apabullantes. Al Código Penal se incluyó más tarde la figura de la desaparición forzada de personas. Esa iniciativa tomó impulso mundial y así fue incorporada a las legislaciones de numerosos países, incluyendo a la Argentina, y la ONU la declaró delito de lesa humanidad. La propia reforma constitucional argentina de 1994, declaró imprescriptibles esos crímenes.

Nada es lineal. El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, integró el cuerpo de fiscales. Ha sido suspendido para sustanciársele el juicio político por presuntas responsabilidades en la tragedia de la disco Cromagnón con 194 muertos. Quién le comunicó lo decidido hace semanas por la Legislatura porteña fue su titular, Santiago de Estrada, una estrecho colaborador de la dictadura. *