Desaparecidos en España

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó el jueves una demanda ante el juez Baltasar Garzón, informó a la prensa Fernando Magán, abogado de esa entidad que desde hace cinco años se ocupa de excavaciones en fosas comunes para recuperar víctimas republicanas.

El letrado aclaró que la demanda no pretende establecer "culpables" de tales actos y confió en que Garzón, a cargo del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, aplique "criterios de flexibilidad", como cuando aceptó llevar adelante los sumarios sobre violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares de Argentina (1976-83) y de Chile (1973-90).

El juez Garzón emitió en octubre de 1998 una orden de detención y extradición contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido el pasado domingo, por genocidio, terrorismo y tortura durante su régimen, que dejó unos 3.000 desaparecidos, 28.000 torturados y miles de exiliados.

En un fallo histórico en abril de 2005, la justicia española condenó por primera vez en presencia a un ex marino argentino, Adolfo Scilingo, a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura argentina, durante la cual unas 30.000 personas fueron desaparecidas, según entidades humanitarias.

La denuncia de la ARMH pide investigar las desapariciones que se produjeron en los meses posteriores al levantamiento militar del 18 de julio de 1936 que dio paso a la Guerra Civil y a la dictadura que Franco lideró hasta su muerte en 1975, pero que se extienda hasta 1948, mientras tuvo vigencia el efecto del bando de guerra.

La querella incluye una lista de 700 desaparecidos en Cataluña (noreste) "perfectamente documentados", dijo el abogado de la ARMH que puntualizó que de los cerca de 30.000 desaparecidos que se produjeron en medio del conflicto, la asociación ha recuperado 900 cadáveres.

La Audiencia Nacional debe ahora pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia. Fuentes judiciales no estaban en condiciones de anticipar una fecha posible.

La demanda de la ARMH fue presentada ante los tribunales justamente el día en que el Congreso de los Diputados admitió a trámite un proyecto de Ley de Memoria Histórica que busca "restituir los derechos" de las víctimas de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1936-39).

El proyecto impulsado por el gobierno socialista asegura que el Estado "articulará procedimientos" para "facilitar el derecho" de los familiares a "localizar, identificar y recuperar los restos de sus parientes".

En nombre de la reconciliación nacional, la España de la transición amnistió en 1977 los crímenes del franquismo, antes de la adopción de la Constitución de 1978, que marcó el retorno a la democracia. *

Debate

El debate sobre el proyecto de ley de Memoria Histórica impulsado por el gobierno socialista español que busca "restituir el derecho" de las víctimas del franquismo, llegó el jueves a un Parlamento dividido, en el que estuvo presente el fantasma de Augusto Pinochet. La vicepresidenta primera del gobierno español defendió la iniciativa presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asegurando que "es heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia consolidada: la concordia". "Lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia" hacia las víctimas de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), sostuvo la número dos del ejecutivo en el hemiciclo -bastante vacío- en presencia del jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un republicano fusilado por las tropas franquistas. Según De la Vega, este proyecto es un "reconocimiento moral a las víctimas (...) y a sus derechos individuales. (...) El gobierno quiere extender la igualdad, eliminar toda discriminación y restaurar el honor y la dignidad que se les debe a quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". El proyecto del gobierno fue admitido a trámite al ser rechazada la enmienda de devolución del texto presentada por el opositor Partido Popular (PP, derecha), pero también los textos alternativos de los aliados del gobierno en el Parlamento, Izquierda Unida - Verts y Esquerra Republicana.