Vacío legal deja en el limbo a 21 condenados a muerte en Guatemala

Veintiún condenados llevan años en el pabellón de la muerte de varias prisiones guatemaltecas por un vacío legal que frena las ejecuciones, pero impide recurrir a la gracia o indulto presidencial y agotar los recursos legales de defensa.

"Nunca he sido una persona conflictiva ni amante de la violencia", dice a IPS Carlos García, un guatemalteco condenado a muerte que pasó 11 de sus 41 años recluido en penales de alta seguridad, acusado de ser el artífice de un secuestro sin deceso de la víctima. En el Centro de Detención Preventiva de la zona 18 de la capital, este ex policía de tez oscura y bigote espeso se declara inocente y denuncia la discriminación que sufren los condenados a muerte. "Sólo les ha faltado anclarnos con grilletes a la pared", se lamenta.

En este país centroamericano las ejecuciones están suspendidas de hecho desde 2000, pero no la vigencia de la pena capital, cuyo alcance incluye delitos como el secuestro sin muerte de la víctima, la violación de menores de 10 años y otros ligados al narcotráfico. Los condenados a morir, 16 con defensores públicos y cinco con abogados particulares, llevan entre cinco y 11 años en prisión, la mayoría en sectores aislados de presidios de alta seguridad y sin posibilidad de agotar los recursos legales en su defensa. Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), el Congreso legislativo derogó el decreto ley 159 de 1892, conocido como Ley de Indultos, por lo que Guatemala carece de procedimientos que garanticen el derecho de un reo a pedir el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena.

Esa ley regulaba el recurso de la gracia presidencial, mediante la cual el primer mandatario disponía, en última instancia, de la aplicación de la pena máxima. A partir de entonces se registra la moratoria de las ejecuciones, explica a IPS David Augusto Dávila, encargado del Programa.

Pena de Muerte y Ejecuciones Extrajudiciales en el no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Guatemala contraviene así tratados internacionales que ratificó, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Salvaguardias de la Organización de las Naciones Unidas para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas en 1984 por el Consejo Económico y Social del foro mundial.