Se multiplican las denuncias de corrupción en Perú

El caso más reciente es el del legislador Walter Menchola, acusado de contratar a la joven universitaria Karen Ku, de 19 años, quien -según la prensa- sería su presunta pareja sentimental y que cobraba un sueldo mensual de unos 900 dólares sin asistir a trabajar.

Tras revelarse el caso, Menchola pidió disculpas y dijo que asumiría las consecuencias de sus actos sin hacer valer su derecho a la inmunidad parlamentaria.

La presidenta del Congreso ha adelantado que la joven Ku tendrá que devolver el dinero que cobró sin trabajar.

Semanas atrás, la congresista Elsa Canchaya fue denunciada por contratar como "asesora" en su despacho del Congreso a una joven que realizaba quehaceres domésticos en su casa. Aun así tenía un sueldo equivalente a unos 1.500 dólares, sospechándose de que la congresista se apropiaba de ese dinero.

Realizada la investigación, la legisladora fue sancionada con 120 días de suspensión sin goce de sueldo. Sin embargo, el Congreso no ha descartado un posible desafuero de Canchaya y de Menchola.

Pero los presuntos actos de corrupción han rebasado el Congreso y han envuelto también a la Marina de Guerra del Perú, al detectarse que oficiales en actividad de la inteligencia naval habrían vendido información considerada clasificada a empresas de seguridad privadas.

Esa información tendría que ver con los movimientos de los grupos remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y sobre el desplazamiento de posibles cargamentos de drogas, según una denuncia periodística.

En el caso, calificado de "muy grave" por el gobierno, están involucrados hasta ahora tres oficiales de la Armada y otros dos en retiro, habiendo dado lugar al relevo de dos jefes de la Dirección de Inteligencia de la Marina.

El objetivo de una investigación en marcha en ese instituto armado es determinar si existe una red de tráfico de venta de información secreta, desde cuándo operaría y a quién se habría entregado esa información.

"De encontrarse responsabilidad en los oficiales investigados, serán denunciados en el fuero militar por infidencia", dijo el ministro de Defensa, Allan Wagner.

La Comisión de Defensa del Congreso por su parte ha iniciado otra investigación ante la eventualidad de venta de documentos clasificados en el ejército, la fuerza aérea y en la policía.

De otro lado, la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, habría tenido presuntos lazos con el empresario Fernando Zevallos, condenado por narcotráfico, según denunció el diario Perú21.

La funcionaria habría dictado resoluciones que favorecieron a Zevallos y que, según el diario, constituían una obstrucción a las investigaciones sobre las actividades ilícitas del empresario.

En su defensa, Bolívar rechazó las acusaciones, señalando que no se ha perjudicado ningún tipo de investigación, no se ha protegido a nadie, ni hubo ningún tipo de favorecimiento. Atribuyó la denuncia a una campaña de demolición para debilitar su trabajo en la Fiscalía de la Nación.

Las denuncias también han alcanzado a ministros de Estado como al titular de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, quien en abril pasado fue acusado de efectuar pagos a diarios de Lima a cambio de que presenten una buena imagen de su sector.

Garrido Lecca fue acusado de echar mano de los mismos métodos que usaba Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex mandatario Fujimori, quien compraba la línea editorial de diarios y canales de televisión.

Partidos de oposición pidieron su censura en el Congreso pero la propuesta no prosperó, mientras, el gobierno dictó medidas para limitar el uso de dinero estatal en publicidad en medios de comunicación.