NIKO SCHVARZ
VIMOS UNA VEZ MÁS por televisión a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, reclamando al presidente Álvaro Uribe en tono enérgico, sin medias tintas, que acceda al intercambio humanitario de prisioneros con las FARC, planteado de tiempo atrás y que cuenta con valiosos antecedentes, como veremos. Ello exige el despeje militar de dos municipios, Florida y Pradera, en el departamento sudoccidental del Valle. El corresponsal de CNN en Colombia, Fernando Ramos, dijo tras una reciente entrevista a Uribe que éste no se muestra dispuesto a conceder la desmilitarización de los dos municipios citados. El tema sigue trancado.
En este cuadro, la liberación de Rodrigo Granda (conocido como el "canciller" de las FARC, y a su vez secuestrado hace poco por un comando colombiano) es visto como una maniobra propagandística destinada a pasar a segundo plano las revelaciones de la conmixtión en máximo grado de gobernantes colombianos de primer nivel, sus congresistas y gobernadores, sus mandos militares y de inteligencia, con las bandas asesinas de los paramilitares y las mafias del narcotráfico, mezlados además con consorcios extranjeros como la Chiquita Brands y grandes latifundistas.
Veamos los últimos movimientos en el tablero, después de que el undécimo viaje de Uribe a Washington se selló con un rotundo fracaso, tanto en lo que respecta al TLC como a los nuevos recursos para el Plan Colombia y la campaña antidrogas, ya que los únicos resultados de esta última, a pesar de las inyecciones de recursos por parte de EEUU, han sido la extensión de los cultivos de coca y el aumento de los choques con Ecuador por la aspersión del glifosato en los departamentos fronterizos. La madre de la ex candidata presidencial (secuestrada el 23 de febrero 2002 junto a su compañera de fórmula Clara Rojas, que tuvo un hijo en cautiverio) dice que la guerrilla fija un plazo breve de 45 días para formalizar todos los aspectos del intercambio, y que la extensión de los dos municipios a despejar es pequeña. A ella se han sumado las voces de familiares de secuestrados por las FARC y centenares de jóvenes que efectuaron el martes una demostración en el centro de Bogotá solicitando tanto al gobierno como a la guerrilla que aceleren los plazos para negociar un canje humanitario. La leyenda de su gran cartel dice: "SÍ al acuerdo humanitario".
Raúl Reyes, uno de los máximos dirigentes de las FARC, señaló en una entrevista que la liberación de Granda y de algunas decenas de presos (muchos de los cuales son ajenos a las FARC) "más que un gesto unilateral es una campaña mediática con fines políticos y electorales" (aludiendo a las próximas elecciones regionales, que Uribe enfrenta con decenas de congresistas y gobernadores presos).
Añadió que las FARC son las que nombran a sus representantes en las negociaciones y que "sin la desmilitarización de Florida y Pradera las FARC no pueden aceptar encuentros con representantes del actual gobierno".
Eso resulta en un todo congruente con las declaraciones de Rodrigo Granda, que fue liberado por decisión unilateral de Uribe en acuerdo con el presidente francés Nicolas Sarkozy. Ahora, desde la sede de la Conferencia Episcopal, dijo que él es miembro de las FARC, se atiene a sus resoluciones y disciplina, no firma ningún compromiso sobre sus actividades futuras (como las que el gobierno pretende imponer a los liberados) y participaría en alguna negociación únicamente si es designado por la organización. Nunca aceptó ninguna de las exigencias del gobierno. Claro y concreto.
Surgen dos nuevos elementos. A los 56 presos en manos de la guerrilla (que incluyen también tres estadounidenses, que las FARC propusieron intercambiar por Simón Trinidad y la guerrillera Sonia, extraditados a EEUU), se acaban de agregar otros cuatro policías, retenidos en acciones de la semana pasada.
El gobierno de Cuba, por intermedio de su embajador en Bogotá, José Antonio Pérez, se ofreció a colaborar en la búsqueda de un acuerdo, siempre que ambas partes lo soliciten. Como es sabido, en territorio cubano se vienen desarrollando rondas de conversaciones de delegados oficiales del gobierno colombiano con los de la guerrilla del ELN.
Este fue recordado por Raúl Reyes, frecuente vocero de las FARC, en el reportaje citado. Tras subrayar que su organización no efectuó ningún pacto con el presidente francés ni con el gobierno, señaló: "En las FARC es bien vista la liberación de los guerrilleros desde que sea sin condiciones, sin presiones ni trampas. Así lo hicimos nosotros en la Macarena cuando en 2002 liberamos unilateralmente a 305 integrantes del ejército y la policía". Esta exigencia es sostenida hoy por los familiares directos de los presos, pero además por sectores muy vastos de la sociedad colombiana y en particular por sectores sindicales y sociales que, como los vinculados a la educación en sus diferentes ramas, han conmovido estos días al país entero con sus movilizaciones.
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