El presidente Uribe habría recibido dinero de los paramilitares

EL NARCOTRAFICANTE colombiano Fabio Ochoa Vasco, que se encuentra prófugo, declaró que Salvatore Mancuso, jefe máximo de las bandas paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), financió la campaña electoral de Alvaro Uribe en 2001. Al mismo tiempo se exhibió un video que muestra al presidente en su campaña electoral de ese año en compañía de un connotado jefe paramilitar. Estas revelaciones, sumadas a todas las anteriores que demostraron la conmixtión de la cúpula uribista, sus legisladores, gobernadores y servicios de Inteligencia, con los paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas extranjeras, han producido enorme impacto en el país y en el exterior, particularmente Francia y EEUU. Uribe no ha tenido éxito en su esfuerzo por contrarrestarlas.

 

La denuncia de Ochoa Vasco

Fabio Ochoa Vasco es un integrante conspicuo desde los orígenes del cartel de Medellín, uno de los más poderosos grupos de narcotraficantes, muy cercano a Diego Murillo, (a) «Don Berna», un famoso «capo di mafia» con vínculos estrechos con los principales jefes militares, a tal punto que por orden suya el general Rosso José Serrano, entonces director nacional de Policía, dio orden de liberar a Mancuso y a «Jorge 40″ (Rodrigo Tovar Pupo) cuando estuvieron detenidos en La Guajira. Ochoa Vasco, que es intensamente buscado a fin de extraditarlo a EEUU, declaró que estaba dispuesto a revelar toda la verdad sobre las actividades mafiosas de Mancuso antes y después de su «desmovilización». O sea, desde que está recluido haciendo una vida de pachá, con celulares, TV y recibiendo a sus agentes, en la cárcel de Itagüí. Esto incluye la financiación de la campaña electoral de Uribe.

Véase cómo se teje la trama de las relaciones entre los compinches. Mancuso (que pasó a ser el jefe máximo de las AUC desde que desapareció Carlos Castaño, al que aún puede verse en imágenes difundidas por la CNN), asegura que Ochoa Vasco le robó una importante suma de dinero. Por su parte Uribe se defendió diciendo en Cartagena de Indias que él no buscó la presidencia con dineros ilícitos y que incluso ­préstese atención­ «devolvió millonarios aportes que generaban alguna duda». Esta es la versión de El Tiempo de Bogotá, propiedad desde hace un siglo de la familia Santos, de la cual forman parte el vicepresidente de la República, Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El primero, según las denuncias de Mancuso, formuladas hace un mes ante la Fiscalía, sostuvo cuatro o cinco reuniones con la cúpula de las AUC, incluso cuando Castaño estaba al frente, y el ministro de Defensa otras dos.

Uribe formuló las antedichas declaraciones porque ­según su círculo íntimo, contactado por el periódico­ teme que las impactantes revelaciones echen a pique tanto la provisión de recursos por parte de EEUU a ese barril sin fondo que es el Plan Colombia, como el cascoteado TLC con ese país, del cual no pudo convencer al Congreso en 11 viajes a Washington. Teme asimismo que deteriore sus relaciones con el gobierno francés, empeñado en la búsqueda de un acuerdo con las FARC por un intercambio humanitario que incluya a Ingrid Bentancourt.

El director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, solicitó ayuda a México para capturar a Ochoa Vasco. El jefe policial llegó a ese cargo porque se hizo saltar a 12 generales de la derecha, involucrados todos en el escándalo de las 8 mil horas de espionaje telefónico (principalmente contra el opositor Polo Democrático Alternativo, pero también contra estructuras del propio gobierno) llevadas a cabo por la Inteligencia policial en contubernio con el DAS (servicio de seguridad estatal, cuyo ex jefe Jorge Noguera fue encarcelado), el Ejército y las bandas de «paracos». Todas estas estructuras están corroídas hasta la médula.

 

La conmixtión del gobierno y los paramilitares

A mediados de mayo estalló como una bomba el escándalo de la conmixtión del gobierno con los paramilitares (véanse mis notas «El escándalo de la ‘parapolítica’ al rojo vivo» y «La última maniobra de Uribe», de 18 y 27 de mayo). Allí se demostró que el paramilitarismo es una política del Estado colombiano, de los militares y del poder económico. A esa altura algunas decenas de parlamentarios y gobernadores habían sido encarcelados por sus conexiones directas con los «paracos», evidenciadas entre otras cosas en la firma del Pacto del Ralito, que fue exhibido públicamente. Se demostró la conexión de los jefes militares con las AUC, la realización de patrullajes conjuntos y operativos militares comunes, en particular con la XVII Brigada. Todos los detalles están en las notas citadas, lo mismo que la nómina de las grandes empresas, principalmente norteamericanas, que financiaban a las AUC. Empezando por la bananera Chiquita Brands (otro nombre de la ex United Fruit, de triste memoria en América Central y más allá), las grandes firmas pesqueras, del carbón, de los transportes, del café, de bebidas, palmicultores y otras, incluidas todas en el sistema de extorsión impuesto por las AUC, con cuotas de pago bien establecidas, al estilo de los gangsters de Chicago. Y que en parte, por lo visto, eran transferidas al gobierno.

Las AUC se encargaron del negocio de la droga desde 1996, montando sus laboratorios propios y vendiendo el producto, primero en el mercado interno y luego exportando, principalmente a EEUU.

 

El círculo se cierra

El círculo se cierra con la participación del propio presidente Uribe en el entramado. En las últimas semanas éste ensayó una serie de maniobras diversionistas, todas fracasadas. Primero ordenó el rescate militar de los 56 rehenes en manos de las FARC, y debió retroceder ante el empuje de la protesta general. Luego liberó a algunas decenas de presos, incluso al «canciller» de las FARC, Rodrigo Granda (que en un operativo de comando había sido secuestrado en Caracas). Sobre esa base pretendió forzar un intercambio de presos de las FARC, pero Granda reafirmó su militancia en la organización y no se prestó al chantaje. Sigue estando al orden del día inmediato la propuesta de las FARC de intercambio humanitario.

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, dijo días pasados que Uribe es «terco e inhumano». Ahora está directamente en el ojo de la tormenta. *