Resultados fatales de una decisión demencial de Uribe

NIKO SCHVARZ

LA AGENCIA colombiana Anncol anunció ayer jueves 28 que 11 diputados colombianos tomados prisioneros por las FARC cinco años atrás fueron muertos por fuego cruzado en ocasión de una tentativa de liberarlos por parte de un destacamento de las fuerzas armadas. El episodio dataría del 18 de junio. El comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, negó que se hubiera ordenado tal operativo. Sin embargo, recordamos perfectamente haber visto al propio presidente Alvaro Uribe el 18 de mayo (cuando estallaron las revelaciones de las estrechas relaciones suyas, de sus legisladores y gobernadores, con las bandas asesinas de los paramilitares) ordenando a los mandos de las Fuerzas Armadas proceder al rescate de Ingrid Betancourt y demás rehenes por vía militar.

Once diputados de El Valle muertos en el operativo militar

Esta orden, proferida a voz en cuello y con ademán marcial en forma pública, suscitó una tremenda conmoción en la sociedad colombiana y en los países directamente afectados, como Francia. Razón por la cual Uribe dio una aparente marcha atrás, y montó operativos diversionistas (caso Rodrigo Granda y liberación de algunos presos), que se sellaron por un rotundo fracaso. Todo indica que bajo cuerda y a la sordina al mismo tiempo ordenó poner en marcha el operativo militar previamente diseñado, que arrojó los resultados fatales lamentados hoy en Colombia y en el mundo. Con la particularidad de que Uribe había sido alertado de que debía abstenerse de una acción armada, tanto por el presidente de Francia como por un suboficial de policía que escapó de su cautiverio.

Doce diputados de la Asamblea regional de El Valle habían sido capturados por la guerrilla en abril de 2002. Once de ellos murieron a consecuencia del fuego cruzado. El único sobreviviente es el diputado Sigifredo López, que logró escapar a la balacera. Los diputados aparecieron en un video el pasado 27 de abril, y uno de ellos, Edinson Pérez, mostró una inscripción en la palma de la mano que decía: "¿Hasta cuándo?".

Como se sabe, el presidente Uribe se ha negado al intercambio humanitario de prisioneros propuesto de tiempo atrás por las FARC, y en particular al despeje de dos municipios, Florida y Pradera, para proceder a este intercambio con garantía para ambos bandos. Los 56 presos de la guerrilla incluían a los diputados mencionados así como a la franco-colombiana Ingrid Betancourt, ex parlamentaria y candidata presidencial capturada el 23 de febrero de 2002 junto a su compañera de fórmula Clara Rojas, que tuvo un hijo en cautiverio. Precisamente la familia de Ingrid Betancourt formuló un llamado al mundo apenas trascendió la noticia, para evitar nuevos desenlaces fatales y salvar la vida de su hija.

La madre de Ingrid: "Uribe es terco e inhumano"

Con anterioridad, la señora Yolanda Pulecio, madre de Ingrid, había declarado que el presidente Uribe es "terco e inhumano", aludiendo a su negativa obcecada a poner en marcha el intercambio humanitario. Reiteró varias veces esta declaración ante los más diversos medios de comunicación. Ahora salió nuevamente en forma decidida a la palestra, lanzando un llamado a Francia, España y Suiza a "actuar con firmeza" ante el gobierno de Bogotá "para evitar a toda costa" otra operación militar como la registrada el 18 de junio. El comunicado hecho público señala que "ante la gravedad de los hechos, pedimos a los países amigos ­Suiza, Francia y España­ intervenir con firmeza ante el presidente Uribe para evitar a toda costa nuevas operaciones militares que pongan en peligro la vida de los rehenes". El comunicado está firmado también por Astrid Betancourt, hermana de Ingrid. En la campaña internacional ha intervenido también, particularmente ante las autoridades francesas, incluido el presidente Sarkozy, la hija de Ingrid, Melanie, radicada en París. Dichas autoridades reaccionaron sin tardanza ante el comunicado de la familia Betancourt.

La declaración del gobierno francés

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que está empeñado en la campaña por la liberación de la prisionera, afirma que el uso de la fuerza para liberar a los rehenes en Colombia "debe ser absolutamente proscrito". Considera asimismo que "la detención arbitraria y prolongada de rehenes es un atentado intolerable contra los derechos humanos más elementales".

Es previsible que el gobierno de Uribe intentará capear el temporal con una recrudecida campaña contra la guerrilla por todos los medios publicitarios nacionales e internacionales. Pero quienes están hoy en el centro de las acusaciones son el presidente y el comando de las fuerzas armadas, que por otra parte han sido señalados en forma documentada ­y no es ocioso reiterarlo ahora­ por sus relaciones carnales con las bandas paramilitares, configurando lo que ha dado en llamarse la narcoparapolítica. *