Operativo sangriento de Uribe, militares, paramilitares y mercenarios

LA GRAN MANIOBRA publicitaria lanzada por el presidente Alvaro Uribe por todos los medios para ocultar su personal responsabilidad en la muerte de los once diputados de El Valle y difundir una versión deformada de los hechos, está cosechando el más rotundo fracaso. Se afianza la convicción de que la tragedia fue el resultado de una acción militar ordenada por Uribe (por partida doble, como veremos), en la que participaron además elementos paramilitares (que según se ha revelado intervenían en operativos conjuntos con el ejército) y por mercenarios, reclutados por agencias que operan desde Estados Unidos.

Familiares de las víctimas

Vimos por CNN en la medianoche del jueves una serie de reportajes a familiares de las víctimas en la región de El Valle, de donde eran originarios y donde concurrió el presidente a llorar lágrimas de cocodrilo. En esas circunstancias, y en entrevistas efectuadas por Fernando Ramos (quien refleja invariablemente el punto de vista del gobierno) los familiares de las víctimas, en medio de su consternación, señalaban la responsabilidad del presidente en no haber accedido al intercambio de los prisioneros, a la vez que culpaban a las FARC por haberlos secuestrado y mantenido en cautiverio desde el 11 de abril de 2002. La prensa recogió además las expresiones de Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez, de que "responsabilizamos a las FARC y al gobierno de estos hechos porque su intransigencia, su radicalización y el odio acabaron nuestros sueños".

En la misma emisión se reprodujo el video difundido por las FARC el 27 de abril pasado, que tal como señalamos ayer muestra a los diputados secuestrados, uno de los cuales, Edinson Pérez, exhibe la palma de su mano izquierda con la inscripción "¿Hasta cuándo?". Este hecho se vinculó a la campaña de los familiares de los 56 capturados (que incluyen, además de Ingrid Betancourt y Clara Rojas, a tres estadounidenses y otros militares y policías) en el sentido de abrir cauce al intercambio de presos, reclamo también sostenido por organizaciones sociales y sindicales y apreciada positivamente por el Polo Democrático y otras fuerzas políticas.

A esa misma hora Uribe reproducía ante las cadenas de TV la versión militar de que no se registró un fuego cruzado. Pero previamente el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, había admitido la posibilidad de que las muertes hubieran sido producto de choques entre guerrilleros y paramilitares. Se recordó asimismo la declaración de John Frank Pinchao (suboficial de policía que fugó, lo mismo que el actual canciller Fernando Araújo) en el sentido de que en modo alguno debía procederse a un intento de rescate militar porque aparejaría consecuencias fatales.

La doble orden de Uribe

No obstante, Uribe dio esa orden a los mandos militares, y no una, sino dos veces. La primera fue el 18 de mayo, cuando recién comenzaban a destaparse, mediante las declaraciones del máximo jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Fiscalía, las estrechas relaciones de senadores y de gobernadores uribistas (que hoy están tras las rejas) con las bandas paramilitares, las que intervenían directamente en las elecciones y a la vez integraban la red de los narcotraficantes en gran escala, en contubernio con poderosas empresas, sobre todo extranjeras, y grandes terratenientes. Todo ello configuró el escándalo de la narcoparapolítica que conmocionó a Colombia. En esa ocasión, Uribe dio personalmente la orden de iniciar el operativo militar, en forma pública, ante las cámaras de TV. Por AFP nos enteramos ahora además que "el 22 de junio Uribe renovó la orden de rescatar por la fuerza a los secuestrados que había dado en el mes de mayo".

Ayer consignamos el rechazo total a esa actitud, y el reclamo angustiado de que no se reiterara, de parte de la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, y su hermana Astrid, así como del gobierno francés, señalando a través de su cancillería que el uso de la fuerza para liberar a los rehenes "debe ser absolutamente proscrito".

Conmixtión de militares y paramilitares

La versión difundida por la guerrilla expresa que en el área de los hechos "se desarrollaron desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares, lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales". Agregan que esas tropas "reciben apoyo de mercenarios extranjeros".

Cabe recordar que el 15 de mayo Salvatore Mancuso, máximo jefe paramilitar, declaró que "el paramilitarismo es una política del Estado colombiano, de los militares y del poder económico". Mencionó cinco reuniones del vicepresidente Francisco Santos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otras dos del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Dijo que el general Iván Ramírez, entonces comandante de la 1ª División (Antioquia, Urabá y Córdoba) le ayudó a expandir el bloque norte de las AUC. Que el general Rito Alejo del Río se reunió dos veces con él, camuflado, para brindarle apoyo; y que al general Martín Orlando Carreño (jefe de la XVII Brigada y después comandante en jefe del Ejército), él le enviaba mapas y el oficial le mandaba soldados para efectuar patrullajes conjuntos. Señaló asimismo que el poderoso narcotraficante Diego Murillo, conocido como "Don Berna", dio la orden al entonces director nacional de Policía, general Rosso José Serrano, de liberarlo a él (Mancuso) y a "Jorge 40" (Rodrigo Tovar Pupo) cuando estuvieron presos en La Guajira. Todo esto puede leerse en la edición del 16 de mayo del diario El Tiempo, perteneciente a la familia Santos, que integran el vicepresidente y el ministro de Defensa.

Posteriormente se supo, por denuncias de otro jefe narcotraficante prófugo (Fabio Ochoa Vasco), que el propio presidente Uribe recibió dinero de los paramilitares para financiar su campaña electoral. Todos estos hechos adquieren hoy una quemante actualidad.