NIKO SCHVARZ
En las últimas horas presenciamos la llegada allí del Dr. Alvaro Leyva Durán, ex ministro y negociador de la paz con las FARC bajo el gobierno de Andrés Pastrana, para lo cual se ordenó el despeje de la zona del Caguán, lo que constituye un importante antecedente. El Dr. Leyva, referente obligado en estos casos y también destinatario de la carta, se mostró dispuesto colaborar en la búsqueda de una solución. También se hizo presente el defensor del Pueblo, Wolmar Pérez; es su foto la que aparece ayer en LA REPUBLICA. La Cruz Roja se ofreció a colaborar Y era aguardado el gobernador del departamento del Valle, Angelino Garzón.
Vimos también concentraciones y marchas (varias) de familiares de los rehenes, con pancartas en que se reproducía la misma consigna: "Sí al acuerdo humanitario. No al rescate a sangre y fuego". Otra original demostración es la larga marcha a pie hasta Cali de Gustavo Moncayo, padre de un militar secuestrado hace 10 años, seguido de amigos y manifestantes en reclamo del intercambio humanitario. En ese momento Fabiola Perdomo leía ante las cámaras el texto íntegro de la carta de las FARC y expresaba: "Condenamos al gobierno que tenía los medios para actuar y no hizo nada".
Se difundía entonces la declaración de la cancillería francesa, en enfática reiteración de que el uso de la fuerza para liberar a los rehenes "debe ser absolutamente proscrito", tal cual en oportunidad le fue manifestado por el presidente Sarkozy a su homólogo colombiano. El gobierno galo respondía de este modo al llamado de Yolanda Pulecio y Astrid Betancour, madre y hermana de Ingrid, de "actuar con firmeza ante el gobierno de Uribe para evitar a toda costa nuevas operaciones militares que pongan en peligro la vida de los rehenes". Al hacerse cargo de la cancillería francesa, a fin de mayo, Bernard Kouchner señaló como prioridad la liberación de Ingrid Betancourt por medios pacíficos. Posteriormente, el G-8 reunido en Alemania asumió similar determinación, al tiempo de condenar los secuestros de la guerrilla y su prolongación. Se supo también que el 18 de junio se reunieron el dirigente de la guerrilla Raúl Reyes y los delegados de Francia, Suiza y España para encarar una solución.
Por otra parte, también en ese momento el presidente Uribe reiteraba que en modo alguno aceptaría el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida (unos 800 km2 en el suroccidente) y que condicionaba la liberación de los guerrilleros presos a su renuncia a toda actividad.
El viernes los líderes demócratas en la Cámara de Representantes de EEUU expresaron su negativa a aprobar el TLC con Colombia por el papel que allí desempeñan los paramilitares. Precisamente, en la ola de especulaciones que envuelven los recientes sucesos, se menciona la actividad en la región de varias bandas de paramilitares (Los Rastrojos, del capo Wílber Varela, y Nueva Generación, vinculada al conocido como "Macaco"), así como de aviones y helicópteros que sobrevuelan la zona y de fuerzas especiales del ejército o la armada.
Fechada el 28 de junio desde las montañas de Colombia y suscrita por Raúl Reyes, la carta confirma la muerte de los once diputados, expresa sus condolencias y se compromete a hacer todos los esfuerzos para la pronta entrega de los cadáveres a los deudos, "cuya concreción dependerá de la disminución de la confrontación militar en la zona". Luego agrega:
"Los pueblos y gobiernos del mundo escuchan perplejos los permanentes gritos del Presidente Alvaro Uribe, instando con vehemencia a los generales al inmediato rescate militar de los prisioneros, sin ninguna consideración por la vida de las personas retenidas, sin atender las súplicas por el intercambio humanitario de los familiares, del mismo doctor Alvaro Leyva, de los tres países facilitadores, de la Iglesia, entre muchos interesados en concertar con las FARC los acuerdos. Uribe prefiere obstinarse en las aventuras de su eterna guerra antes que pensar en salvar vidas".
Concluye en que insistirán en el despeje de los dos municipios para concertar el encuentro entre ambas partes "con el propósito de evitar nuevas fatalidades originadas en la política de los rescates a sangre y fuego ordenados por el presidente".
A última hora recibimos una declaración firmada por Jaime Caicedo como secretario general del Partido Comunista Colombiano, integrante del Polo Democrático Alternativo, según la cual "la orden presidencial para el rescate por medios militares d las personas retenidas sigue siendo una amenaza para sus vidas", reclama un avance en el acuerdo humanitario y reafirma "su voluntad de continuar la búsqueda de la paz por una vía racional con base en el diálogo, la reciprocidad y los acuerdos, con el apoyo de los países amigos y los buenos oficios de las personalidades, las iglesias y fuerzas democráticas comprometidas en este empeño".
Comentarios (beta!)