REDACCION, AFP
En medio de intensas protestas de organizaciones sociales bolivianas el poderoso departamento de Santa Cruz, tradicional opositor al presidente Evo Morales, presentó un proyecto de autonomía que incluye justicia, policía y controles migratorios propios, en un abierto desafío al gobierno que calificó el hecho como un intento de crear un Estado dentro del país.
Diversas organizaciones sociales de Bolivia iniciaron ayer medidas de presión que incluyen el corte de vías y amenaza de huelgas que pueden poner en jaque al gobierno de Morales.
Frente a una manifestación de unas 50.000 personas, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas -quien se ha convertido en el más connotado opositor a Morales- dio a conocer el lunes una propuesta de estatuto autonómico de 47 artículos que incluye elementos que el gobierno central consideró sediciosos.
Entre ellos están el control de flujos migratorios, la creación de impuestos, la regulación de su economía, la elección de sus autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales y el control de la tierra, éste último un punto neurálgico que choca de frente con el propósito del gobierno de establecer una ley contra los latifundios improductivos. Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia y su principal motor económico, es acompañado en su aspiración por los departamentos de Beni, Pando y Tarija (también ricos en hidrocarburos, agricultura y recursos madereros), que hicieron eventos paralelos para reafirmar su determinación de obtener sus autonomías.
Los actos del lunes fueron rápidamente condenados por el gobierno de Evo Morales: el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, consideró el documento como "sedicioso" y "atentatorio contra la unidad nacional".
Según Arce los artículos contenidos en el estatuto "vulneran los valores de un Estado democrático, unido y soberano" y pretenden "un Estado dentro del Estado boliviano".
Los actos en las cuatro capitales conmemoraban un año de un referendo en que estos departamentos votaron en favor de regímenes autonómicos.
Gracias a ese referendo, esas autonomías deberán ser necesariamente aprobadas en una Asamblea Constituyente que inició labores el 6 de agosto de 2006 y que deberá entregar una nueva Carta Magna el próximo 14 de diciembre. *
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