Corrupción compromete al gobierno de Néstor Kirchner

La ministra de Economía, Felisa Miceli, deberá explicar esta semana ante la justicia el hallazgo de una bolsa con unos 64.000 dólares en el baño de su despacho cuya procedencia y monto exacto se trata de determinar. El presidente respaldó a Miceli y el gobierno se dijo satisfecho con las explicaciones públicas de la ministra que atribuyó el hecho a la "torpeza" de haber dejado en su despacho una bolsa con dinero que le había prestado su hermano para una operación inmobiliaria, según adujo.

Pero las explicaciones no alejaron las sospechas sobre la ministra y la oposición pidió llevarla al Congreso para su interpelación.

La justicia intenta determinar la procedencia del dinero, presentado en fajos cerrados con el sello del Banco Central, según trascendidos.

La cantidad también fue motivo de controversia luego de la supuesta desaparición de una primera acta policial que cifraba la suma en un número varias veces superior y que rondaría los 240.000 dólares, sostuvo la prensa local.

El eventual despido de la ministra a poco de terminar su mandato tendría además un costo político elevado, cuando aún no se acallan los ecos de la remoción de otros dos funcionarios involucrados en un caso por sobornos y defraudación impositiva que salpica a la empresa sueca Skanska.

La situación se complicó aún más ayer con la presentación de dos denuncias penales contra la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, por supuesta malversación de fondos, nepotismo y gastos injustificados.

La secretaria, nombrada hace un año por Kirchner y surgida de un movimiento ambientalista de la provincia de Entre Ríos (centro-este), depende del jefe de Gabinete de ministros, Alberto Fernández, quien la respaldó públicamente aunque le exigió un descargo por escrito.

"Ciertos intereses que ella ha tocado la han castigado", opinó Fernández.

Las acusaciones tomaron ayer forma de denuncia penal, tras haber sido vertidas por la prensa el sábado.

Las denuncias afirman que la funcionaria contrató a familiares y amigos en forma irregular por sumas abultadas, desvió fondos e incurrió en gastos injustificados, como el alquiler de aviones privados.

Abogada, de 36 años y sin experiencia en la función pública, Picolotti había recibido en marzo de 2006 el prestigioso premio Sofía, un galardón que otorga la corona noruega para recompensar las acciones en favor del medio ambiente.

Su figura alcanzó notoriedad como asesora de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en su lucha contra la instalación de una fábrica de celulosa finlandesa en la ribera uruguaya de un río de soberanía compartida.

Los asambleístas atribuyeron las denuncias al plan que impulsó Picolotti para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un curso de agua de 64 km que separa a la capital argentina de la periferia sur, convertido en un extenso basural a cielo abierto merced al vertido de residuos industriales y cloacales.

El plan, aunque cuestionado por especialistas, redundó en sanciones a las empresas contaminantes, algunas multadas por primera vez tras décadas de vertir desechos al río. *