Alan García promulgó polémicas leyes en Perú

La legislación fue promulgada por el presidente Alan García cuando faltan pocos días para que cumpla ­el 28 de julio­ su primer año en el poder, y cuando su popularidad cayó a su peor nivel, fluctuando entre 32% y 24%, según sondeos.

La ministra de Justicia, María Zavala, negó que las sanciones contra las autoridades, que fueron elegidas democráticamente, sean en represalia por el apoyo de éstas a huelgas comenzadas en las últimas semanas contra el gobierno.

"No es una represalia; lo que pasa es que no se puede extorsionar al gobierno central promoviendo huelgas", dijo Zavala ayer en conferencia de prensa.

La norma precisa que "los funcionarios que tienen poder de decisión no pueden hacer huelga", según la ministra.

Las protestas recientes fueron impulsadas por presidentes de regiones del sur peruano (Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho y Tacna), lo que provocó críticas del gobierno en su momento contra éstos.

La decisión del gobierno no fue bien recibida por los presidentes regionales, varios de los cuales expresaron que no hace sino atizar la relación entre las regiones y el gobierno central.

"Es una medida dura, extrema e incluso represiva", dijo Vladimir Huaroc, el presidente regional de Junín, citado por el diario El Comercio.

"Es peligrosa porque se puede interpretar como una provocación y puede generar acciones colectivas, debido a que se están modificando derechos, como los de huelga, que garantiza la Constitución", añadió.

"La medida podría caldear más el ambiente político del país", sostuvo a su vez Yván Vásquez, presidente regional de Loreto, en tanto que Yehude Simon, presidente regional de Lambayeque, consideró peligroso que se recorte el derecho de reclamo.

"Es un atentado contra la libertad de pensamiento de las autoridades y que no corresponde a la realidad.

El gobierno sólo busca acallar los reclamos de la población expresados a través de sus presidentes regionales y alcaldes", dijo Simón Balbuena, alcalde de Arequipa, segunda ciudad de Perú.

La decisión de declarar "inimputables" a los miembros de las fuerzas de seguridad que provoquen lesiones o muertes durante acciones de servicio sorprendió a los analistas, que no esperaban una medida de esta naturaleza.

"Es muy preocupante que el gobierno declare exentos de responsabilidad penal a policías o miembros de las Fuerzas Armadas que causen lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber", dijo el jurista Mario Amoretti, citado por el diario La República.

"Ello podría interpretarse como una invitación a que usen sus armas", acotó el abogado, que resaltó que "ni (el presidente) Alberto Fujimori (1990-2000) dictó leyes tan duras y peligrosas".

El gobierno justificó la defensa de los policías y militares alegando que se trata de una precisión legal para blindarlos en los casos en que sean procesados por ocasionar muertes durante operaciones represivas.

"(Este decreto) hace que el policía trabaje con mayor seguridad", dijo la ministra de Justicia. Las nuevas normas son parte de un paquete legislativo promulgado con el fin de reforzar la seguridad ciudadana, en un contexto de protestas sociales y de auge del narcotráfico y la delincuencia común. *